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Revista Nº 19
CONTRAPUNTO
 
Difusión de Juicios Orales

Mauricio Duce Julio
Abogado

1.- La publicidad en el nuevo procedimiento penal, ¿debería implicar la posibilidad de transmitir dichos juicios por los medios de comunicación social?

Sí. La publicidad del juicio oral constituye un principio y, a la vez, una garantía central del enjuiciamiento criminal en un Estado republicano y democrático. En grandes rasgos, la publicidad del juicio cumple una doble función. Por una parte, constituye un mecanismo central para permitir el control público sobre la actividad de los tribunales, del ministerio público y de la defensa (particularmente cuando se trata de defensores públicos). Por otra parte, representa la posibilidad de dotar a las decisiones judiciales de mayor transparencia y legitimidad social y, consiguientemente, de enviar señales claras a la sociedad acerca del cumplimiento o reafirmación de ciertos valores centrales que orientan a la organización de la misma. Por la importancia de las funciones que cumple la publicidad del juicio oral, ésta debe ser resguardada fuertemente.

Recogiendo estas consideraciones, el proyecto de Código Procesal Penal aprobado recientemente por el Senado establece como regla general que el juicio oral es público y que, además, los medios de comunicación social pueden fotografiar alguna parte de la audiencia, filmarla o derechamente transmitirla.

La posibilidad de transmitir, por radio o televisión, juicios orales constituye una política central para permitir que la publicidad pueda cumplir con las funciones descritas. Entender la publicidad de los juicios sólo como "tener las puertas abiertas" de los tribunales no permite que en una sociedad masificada como la nuestra, la población efectivamente pueda tener un acceso real a la forma como el Estado resuelve los juicios orales. En este sentido, la transmisión de juicios orales por medios de comunicación no sólo debe ser entendida como una posibilidad legal, sino que como una necesidad del nuevo sistema. Mientras más se transmitan los juicios, mejor será para la consolidación de los valores que el nuevo sistema pretende establecer. Incluso más, pareciera que es una consecuencia necesaria de nuestro modelo de organización política.

Estas consideraciones no impiden que, en casos restringidos y excepcionales, el tribunal pueda, a petición de una o ambas partes, limitar la publicidad del juicio o la posibilidad de su transmisión, tal como lo regula el proyecto de Código Procesal Penal. Con todo, estas limitaciones deben obedecer a razones muy poderosas y excepcionales que requieren de justificación expresa. Razones puramente administrativas o que no ponen en juego seriamente otros bienes valiosos de las partes o de la sociedad no pueden ser esgrimidas para limitar la publicidad y la posibilidad de transmitir los juicios orales.2.- ¿Sería procedente que los alegatos ante las Cortes, respecto de cualquier materia, sean transmitidos por los medios de comunicación social?

En términos generales, sí. La publicidad de enjuiciamientos en cualquier materia emana como un requerimiento básico con carácter republicano y democrático de nuestro Estado y no necesariamente de la forma en la que se regulan nuestros procedimientos o del modelo procedimental adoptado por nuestra legislación procesal. En este entendido, me parece también que la publicidad debiera ser un componente central de la actuación de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, debiéndose permitir regularmente la transmisión de los alegatos de las causas más relevantes en las que exista un interés de los medios de comunicación social por su transmisión.

La transmisión de los alegatos en las Cortes, junto con producir los efectos descritos en la pregunta 1, generaría varias externalidades muy positivas para nuestro sistema judicial, que refuerzan su necesidad. Entre éstas, un acercamiento mayor de la ciudadanía al sistema judicial, una comprensión de cómo funciona y por qué las cosas se resuelven de una manera y no de otra, una mayor socialización de las decisiones en la sociedad y en la comunidad jurídica, etc. Obviamente, este principio general podría ser objeto de algunas limitaciones; sin embargo, como ya se señaló, ellas debieran ser excepcionales y muy calificadas

Waldo Ortúzar Latapiat
Abogado

1.-La publicidad en el nuevo procedimiento penal, ¿debería implicar la posibilidad de transmitir dichos juicios por los medios de comunicación social?
No me parece justo, ni constitucional ni conveniente, que la publicidad de las actuaciones judiciales y actos procesales que se cumplan en el nuevo proceso penal acusatorio oral se transmitan o difundan masivamente por la radio o la televisión.
Uno de los principios que movieron las reformas procesales penales en el mundo y que nuestro país quiere acoger, con mucho retardo, es el de la humanización del proceso. Como dijo Carnelutti, el proceso penal, en sí, ya es una pena; provoca sufrimientos y daños, a veces, irreparables: la prisión, el descrédito, la vergüenza, en muchos casos la desintegración de la familia. Es un mal necesario; hay que infligir dolor y sufrimiento para llegar a la verdad y cumplir la justicia. Pero no vayamos más allá de lo necesario para los fines del proceso.
La publicidad es indispensable e inexcusable. Lo peor que puede haber es la justicia secreta. El mejor control es la publicidad: que la acusación, la defensa, las pruebas y la sentencia sean públicas, esto es, que sean conocidas y presenciadas por el público, inmediata y directamente, en el tiempo mismo en que se están formulando o desarrollando. Ese control lo ejerce el público que presencia el juicio con algún interés legítimo, como personas con algún vínculo con las partes del juicio, estudiantes, abogados, periodistas y otras personas interesadas en la función misma de la justicia; en suma, personas que, con seriedad y poniendo algo de su parte, son también actores del juicio acusatorio, porque éste tiene que ser público. Así, quienes asisten al juicio cumplen un rol; coadyuvan a la función judicial porque proporcionan ese control indispensable e insustituible; y el tribunal tiene la obligación de permitir el acceso al público, dentro de un límite razonable, entre cien y doscientas personas, por lo menos. El Tribunal Constitucional español anuló juicios en los que el tribunal dificultó el acceso del público.
Pero otra cosa muy distinta es el juicio penal como show, entretención o simple motivo de un patrocinio comercial o publicitario. Eso es circo, es hacer escarnio de la desgracia de la víctima y del inculpado. Desde antiguo, el derecho ha considerado un mal el estrepitus fori. La difusión en vivo del proceso en forma gratuita, esto es, sin causa, masiva e indiscriminada, atenta contra la presunción de inocencia y contra la honra del inculpado y también pudiera producir perjuicios a la honra de la víctima o de los testigos.
Jamás debe renunciarse a la publicidad del juicio, pero creo que es ilícita e injusta su difusión en vivo gratuita, masiva e indiscriminadamente. 2.- ¿Sería procedente que los alegatos ante las Cortes, respecto de cualquier materia, sean transmitidos por los medios de comunicación social?
Por las mismas razones, estimo que sería ilícito e inconveniente transmitir, en igual forma, los alegatos ante las Cortes
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