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Revista Nº 18
TEMAS
 
Justicia ¿Qué te han hecho ?
Delito de Falsedad Ideológica
Por Antonino Poccoroba C.
Abogado

La justicia es una de las aspiraciones más sentidas que los miembros de una colectividad social persiguen para dirimir las diferencias entre personas o entre éstas y el Estado, sea en el ámbito de las relaciones civiles, penales, administrativas, laborales, etc. La decisión judicial por centurias ha contribuido, por cierto, a brindar equilibrio a la sociedad. Las personas desde siempre temen y respetan a la justicia, y concurren a ella a pedir lo que estiman que de ellos es o les corresponde. Tan importante resulta la misión de impartir justicia que grandes filósofos han dicho "Una nación incluso puede vivir sin gobierno, pero jamás sin justicia".

El concepto público acerca del Poder Judicial otrora fue entendido como una garantía de seguridad ciudadana. Hoy, lastimosamente es uno de los servicios públicos peor calificados por los ciudadanos, quienes frecuentemente denuncian tratos vejatorios e injustos, sin que se dé solución a sus problemas. Buscar las causas de por qué se ha llegado a este estado de cosas, es el fundamento de este artículo.

Digamos por cierto que no se ha dotado al Poder Judicial del número necesario de jueces para atender la multiplicidad de casos que llegan a su conocimiento, como producto del desarrollo económico y poblacional. La cantidad de trabajo sobrepasa las posibilidades materiales de cada juez para cumplir diariamente con su labor. Este es el verdadero problema que genera todos los males de la administración de justicia, pues para poder cumplir medianamente con las funciones judiciales se empieza a articular un sistema basado en la falsedad. En efecto, por regla general los jueces materialmente derivan su función a empleados que no tienen la instrucción ni la preparación suficientes para administrar justicia y a los que les está prohibida tal actuación, generándose todo un submundo de relaciones espurias que de tiempo en tiempo se denuncian públicamente. Sin embargo, todas aquellas actuaciones efectuadas y verificadas por estos empleados subalternos las firma el juez como si hubiera estado presente en el interrogatorio, comparendo o diligencia de que se trata, cuando en realidad no lo ha estado, perpetrándose diariamente el delito de falsificación de instrumento público y una delegación indebida de funciones.

Las razones jurídicas que me llevan a tal conclusión son las siguientes:

Por experiencia personal puedo aseverar que en materia civil la mayoría de los comparendos que la ley ordena debe tomarlos personalmente el juez, son materialmente efectuados por actuarios. Asimismo en materia penal, la generalidad de las actuaciones son producidas por actuarios que no cuentan con la presencia del juez, como ordena la ley. En síntesis, el juez "nunca" ha estado presente en el acto, que luego firma como verificado en su presencia.

Este anómalo hecho se encuadra en la figura del artículo 193 Nº 2 del Código Penal: "Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que abusando de su oficio, cometiere falsedad: Nº 2 suponiendo en un acto la intervención de personas que no lo han tenido".

El carácter de un juez como empleado público está fuera de discusión y no cabe argumentar tal calidad. Sí puede generar alguna confusión la voz "abusando de su oficio", pero tal duda se despeja tan sólo con la definición del vocablo, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa "usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de alguna cosa".
No puede existir duda que un uso impropio de la calidad de juez se produce precisamente cuando se permite que terceros no habilitados legalmente, cumplan con la función judicial y que esa particularidad se avale con la firma del juez, que nunca presenció el acto de que se trata, debiendo hacerlo. Asimismo el juez, frente a la multiplicidad de causas que pueda tener y respecto a las cuales físicamente no se pueda abocar por razones de tiempo, complejidad, etc., dispone para su latitud de herramientas legales que lo dispensan para resolver en tiempo normal sus actuaciones, para lo cual deberá consignar las razones del atraso en el procedimiento. Que de otro lado, ninguna de las eximentes de responsabilidad penal que contempla la ley, puede aplicarse a un juez que con abuso de su oficio comete este delito, ya que estas eximentes son de derecho estricto y si pudiera esgrimirse alguna, como erradamente se quisiera invocar, ni la eximente del estado de necesidad contenida en el art. 10 Nº 7 del Código Penal, ni las contempladas en el Nº 8 y 10 de la misma disposición citada podrán esgrimirse, pues la primera siempre requiere la producción de un daño en la propiedad ajena, caso que no ocurre en el hecho denunciado por cuanto el bien jurídico protegido es la fe pública, que no requiere incluso la producción del "perjuicio"; y las otras eximentes indicadas, "El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, o, el que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente", tampoco resultan aplicables al caso. Es de toda evidencia que estas eximentes operan sobre actos lícitos que causan perjuicio y no sobre actos ilícitos como es el estudio del delito que nos ocupa. En cuanto a las atenuantes posibles de aplicar sólo se avizora la que dice relación con la irreprochable conducta anterior del imputado. En cambio, las agravantes que conlleva este tipo penal se consagran en el art.12 Nº 8 del Código Penal: "Prevalerse del carácter público que tenga el culpable" y Nº 13: "Ejecutar el hecho en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se halle ejerciendo sus funciones".

La gravedad de las transgresiones denunciadas , no se condice con la mala práctica imperante, seguida sólo para permitir el funcionamiento del sistema judicial que obviamente se encuentra colapsado; y este hecho no justifica la conducta seguida. Así también, entonces, podría aceptarse que los funcionarios administrativos del Congreso elaboren y discutan las leyes, o que los funcionarios administrativos del Presidente de la República en el hecho asumieran sus funciones. Un poder del Estado, como lo es el judicial, debe administrar no sólo formalmente justicia, y para ello no puede jamás apartarse de su esencia. Estimo además, que la conducta en el rango constitucional constituye un notable abandono de deberes funcionarios.

Un sistema que ha colapsado, no es susceptible de mantenerse por la vía de la comisión de un delito que afecte la fe pública. Son los propios magistrados de la República quienes debieran respetar las funciones que la ley manda, para que el poder político frente al colapso real que el hecho produce asuma su función y aborde el problema con la realidad e importancia que se merece.

Yo acuso que un sistema judicial cuyas formas e instrumentos para perseguir la justicia se basan permanentemente en delitos de falsedad, jamás puede brindar buenos resultados, purs genera lo que precisamente se castiga: focos de corrupción, tratos vejatorios e injustos, en síntesis, injusticia.

Hoy se debaten proyectos de ley que proponen cambios de sistema, reformas de leyes, etc. En tanto no se nombre la cantidad de jueces necesarios y suficientes para que idóneamente se administre justicia, cualquier modificación legal sucumbirá, será letra muerta y quizás con peores consecuencias y el corrupto sistema continuará con la complacencia de abogados, jueces y secretarios, cuales más cuales menos arrastrando sus culpas y dando retóricas justificaciones. No exijamos consecuencia moral, si no se entrega el recurso humano necesario para administrar justicia.

El alma de la toga, probablemente es el último impulso que alienta a este letrado a denunciar públicamente la verdad.
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