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Revista Nº 18
TEMAS
 
Los Colegios de Abogados
Por Nielson Sánchez Stewart,
Abogado

Corresponsal de la Revista en España.
Cuando a principios de los años 70 salí de Chile llevaba en la solapa la insignia que en fondo azul ostenta la espada, una balanza y la expresión "LEX", y al dorso el número 3933 del R2. Me había costado muchos años obtener el derecho a lucir ese emblema y no estaba dispuesto a arrancármelo por una cuestión de fronteras.

Al llegar a España me encontré con una situación totalmente distinta. Mientras en Chile existía en aquella época un Colegio de Abogados en toda la República, institución de ámbito nacional, me encontré con que existía en España y aún existe una situación similar a la de Reinos de Taifas.

Los Colegios se habían formado históricamente como auténticos gremios, con maestros y aprendices y se habían ido agrupando en torno a los Juzgados. Teóricamente podían existir tantos Colegios de Abogados como sedes judiciales. La situación era compleja y nadie sabía realmente cuántos abogados había en España.

Mientras en Chile existe como tal el título de abogado, título que -al menos en mis tiempos lo otorgaba la Corte Suprema- y que se entregaba físicamente y acto seguido de prestar el juramento o promesa, en España no hay tal cosa. En ese país es abogado el Licenciado en Derecho que se incorpora a un Colegio de Abogados. Si existiesen muchísimos Colegios de Abogados el acceso a la profesión quedaría en manos de muchas personas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 permitía el establecimiento de Colegios en las poblaciones donde hubiere veinte abogados en ejercicio, y se consideraba residentes a los que no morando en el pueblo viviesen o residiesen en el radio de dos leguas.

Para evitar ese posible desorden, en 1946 se aprueba el Estatuto General de la Abogacía. En dicho Estatuto se preveía que para ser abogado era necesario incorporarse a un Colegio de Abogados y en aquellos lugares que no perteneciesen a la circunscripción de ninguno, el ingreso se haría mediante la inscripción del aspirante como tal abogado en la Secretaría del Juzgado que allí funcione. Al amparo de este Estatuto, pudieron seguirse constituyendo Colegios de Abogados en las sedes judiciales, siempre que hubiese veinte abogados. La situación no cambia hasta 1982, cuando se dicta el actual Estatuto General de la Abogacía, vigente, aunque bastante obsoleto. De acuerdo con este Estatuto, los Colegios de Abogados pasan a tener una base provincial, respetándose los Colegios de Abogados entonces existentes y haciéndose casi imposible la creación de otros nuevos. Hoy día la situación sigue siendo paradojal. En cada Provincia de España (son 50), existe un Colegio de Abogados. Pero existen además 33 Colegios llamados "de partido", con una competencia circunscrita a uno o más partidos judiciales. Así pues hay Colegios con 23.790 abogados en Madrid y 9.674 abogados en Barcelona. Por otro lado, los hay con 50 abogados -Estella, en Navarra- con 63 abogados en Lucena, Córdoba y 40 abogados, en Tafalla, también en Navarra.
El Estatuto crea el Consejo General de la Abogacía, un órgano supracolegial que representa a nivel internacional nuestra profesión. El Consejo, a pesar de sus buenos propósitos, se ha revelado como un órgano cuya eficacia se pone con frecuencia en tela de juicio debido, en buena parte, a su escasa representatividad. En efecto, hasta hace muy poco cada Decano (Presidente del Colegio) tenía un voto dentro de la Asamblea, órgano supremo del Consejo, y por ello, el voto del Decano de Madrid, que representa a más de 20.000 abogados, era equivalente al del Decano de cualquier capital de provincia que podía representar a 200. Se ha comenzado un proceso en los últimos tiempos de corrección de ese injusto fenómeno que va por buen camino, pero aún falta mucho.

Por otro lado, esta situación afecta al ejercicio de la profesión. El abogado de Barcelona, primer Colegio al que me incorporé, no podía ejercer sino en Barcelona, y por ello, al venir de Málaga, tuve que incorporarme a otro Colegio. Ello representa doble cuota de incorporación y dobles cuotas gremiales, que son de alguna importancia. Igualmente, cuando comencé la profesión, las apelaciones de asuntos que se llevaban en Marbella, mi ciudad de residencia, se veían en la Audiencia Territorial de Granada, situada en otra provincia. Por ello, para llevar un pleito en dos instancias, era necesario pertenecer a dos Colegios. La casación se veía en Madrid, y por ello, era necesario pertenecer también al Colegio de Madrid, si se quería defender el asunto ante el Tribunal Supremo. Esto también se ha resuelto actualmente pemitiéndose actuar en las sucesivas instancias sin nueva colegiación y mediante lo que se denomina las habilitaciones. Con todo, el sistema sigue siendo muy criticado y no son pocos los abogados de a pie que desearían una colegiación nacional en un país que se ha integrado en la Unión Europea, y donde dentro de poco podrán ejercer abogados de más de diez nacionalidades. Hay muchos cambios todavía en perspectiva.
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