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Revista Nº 18
ENTREVISTA
 
José Antonio Gómez:
" Ser Ministro de Justicia
es una oportunidad única y son tantos
los proyectos que uno quisiera impulsar"
Por Paulina Flaño G. y Avelino León S.

Sobrio, diligente y ejecutivo, nos recibe el Ministro de Justicia, en el que pareciera ser uno de los primeros días fríos de este año. Sin embargo, al interior de su despacho, el ambiente que impera es otro. El se ve totalmente contento y cómodo, y es que verdaderamente se encuentra imbuido en este cargo que asumió durante 1999 tras la renuncia de Soledad Alvear, y para el cual fue confirmado por el Presidente Lagos.

Abogado, titulado en la Universidad de Chile, José Antonio Gómez Urrutia (46, casado, 4 hijos) es militante del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), al que representó entre 1994 y 1996 como concejal en la Municipalidad de Las Condes. Su relación con la cartera de justicia, en tanto, comienza el año 95 como asesor de la ministra Alvear en materias penitenciarias, además de gestión y administración pública, hasta 1996, cuando asume como Subsecretario.
Hoy como titular de esa cartera, confirma que entre sus anhelos está el "conseguir que el común de la gente sienta que el sistema de justicia que impera en el país es más humano, más democrático, y que existen abogados que realmente defienden los intereses de las personas". Y aunque se trata de un sentimiento más global que de un proyecto determinado, está seguro que el grupo humano que encabeza está dispuesto a impulsar con mucho ánimo cada uno de los pasos que se requieran para conseguir ese objetivo.

"La oportunidad de ser Ministro de Justicia es única, y son tantos los proyectos que uno quisiera poder impulsar. Está todo el tema del Código Penal. Los menores, una materia tan difícil en nuestro país, donde tenemos un récord en lo que se refiere a maltrato infantil; todo lo que es el sistema de procedimiento civil, el sistema constitucional, etcétera. Yo diría que si uno piensa y empieza a hacer un recorrido mental, se da cuenta que lo que hemos abordado es un porcentaje menor de todos los cambios que se requieren, por eso lograr algunos de ellos sería para mí, un gran éxito personal", afirma

¿ Qué significó para usted haber sido confirmado en el cargo de Ministro de Justicia por el Presidente Lagos?
-Es un honor que el Presidente de la República piense en uno para continuar desempeñando una labor tan importante como es ser ministro. Una tarea que no es fácil. Sólo hay 16 ministros en el país y tener la confianza del Presidente en uno es motivo de mucha alegría y dan mucha ganas de hacer bien el trabajo, dedicándole el tiempo, el esfuerzo y lo que se requiera para poder cumplir con esa confianza.

A los abogados permanentemente los agobia el plazo fatal. ¿Usted, en su nueva función, tiene algunos?
-Tengo plazos fatales, aunque no impuestos por el Presidente de la República, sino por la necesidad de cumplir ciertas tareas, como el poner en funcionamiento la reforma procesal penal, cuyos plazos están establecidos en la ley. De ahí que nuestra primera obligación sea que el día 15 de Diciembre la reforma esté vigente en la IV y la IX Región. Ese es un plazo que consideramos fatal y estamos trabajando muy seriamente para que se cumpla. El resto, son un poco más extensos porque en materia judicial las cosas no son tan rápidas como uno esperaría, pero estamos también trabajando con plazos muy acotados en materia carcelaria y de menores, por ejemplo.

Pero más allá de lo que establece la ley, ¿la puesta en marcha de la reforma no podría sufrir algún traspié?
-Eso hay que conjugarlo con distintas instancias, entre ellas el Poder Legislativo. Estamos en este instante con el Código de Procedimiento Penal en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, pero debo decir que el Presidente de la Comisión, don Sergio Diez, ha establecido un sistema de trabajo inédito. Estamos trabajando tres veces a la semana más dos días distritales completos, para sacar adelante la reforma en el ámbito legislativo. Como ésta, hay variables que nosotros no manejamos totalmente, pero estamos bien y muy optimistas en que vamos a cumplir con los plazos.

¿ Qué otras variables inciden en este proceso?
-Está el tema de construcción y habilitación de recintos. Eso tiene que ver con un trabajo que realiza el Poder Judicial en conjunto con el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, estamos construyendo 15 edificios entre la IV y la IX Región. Pero también tenemos que abordar una licitación en materia computacional y la capacitación de jueces y funcionarios que van a dar examen para pasar al nuevo sistema, por lo cual estamos trabajando con la Academia Judicial. Luego, está todo el tema de la Fiscalía, otro ámbito en el cual estamos interviniendo desde el punto de vista del apoyo para que el proceso se cumpla. Además, hay que preocuparse del equipamiento, la contratación y la capacitación de los fiscales, trabajo que estamos haciendo aquí, pero para el cual también hemos firmado algunos convenios de colaboración con Alemania y Estados Unidos. Para que se cumplan los plazos debemos manejar un sinnúmero de variables. Sin embargo se acaba de constituir el Comité de la Reforma, que contó con la presencia del Presidente de la República, dada la importancia que ella tiene para el Gobierno.

¿ Cuánto ha sido necesario invertir para implementar la reforma?
-Según una estimación global son 258 mil millones de pesos. Para tener un parámetro de lo que significa eso, puedo decir que hoy el Poder Judicial dispone para todo el sistema de 70 mil millones de pesos, con lo cual se trata de una inversión enorme.

Pero debo reconocer que aquí hay un consenso político, académico y judicial para que ella salga adelante.
¿Ha habido resistencia a ella?
-Siempre va haber resistencia a los cambios, es una situación normal. Y ésta no sólo se da al interior del Poder Judicial, sino también entre algunos abogados que ven que van a tener que estudiar de nuevo todo el sistema y van a tener, obligatoriamente, que estar presentes en las audiencias, pues no van a poder firmar poderes o dirigir las causas a través de terceros. Incluso ya no habrá estudiantes en práctica ejerciendo la profesión. Entonces, por supuesto que hay resistencia, pero lo importante es que hay mayoritariamente una voluntad favorable y eso es lo que estamos impulsando.

¿ Cuál es, a su juicio, el aspecto medular en la reforma procesal penal?
-Creo que hay varios puntos relevantes. Es muy importante la voluntad que tiene el Estado para que el actual sistema de funcionamiento de los tribunales, cambie. Yo creo que lo medular es que logremos cambiar la mentalidad de los chilenos. Aquí estamos modificando una situación ancestral de raigambre española, donde lo que vale es lo que está escrito, por un sistema oral y público. No existe en este país otra revolución como ésta, en lo que significa conseguir que la justicia se resuelva por una vía diferente, como es la oral.

Pero también hay otros datos que no son menores para los abogados. Hoy tenemos unos 75 juzgados del crimen, especializados, en todo Chile. Con la reforma vamos a tener 400 juzgados de garantía, que si bien no son lo mismo, sí pasarán a ser unas especies de juzgados del crimen, con lo cual se crece de manera muy importante. Además, se van a incorporar 400 jueces del juicio oral, 640 fiscales que hoy no existen y 450 defensores públicos. Estamos hablando que de 1.500 personas pasamos a 7.500 en el sistema.

¿No tiene temor a la idiosincracia del chileno, que es renuente a la oralidad?
-Es uno de los temores que hemos abordado en las distintas discusiones internas y en los análisis que se hacen, pero nos hace tener esperanzas la respuesta que hemos visto de la gente. Cuando se les explica que los fiscales van a ser prácticamente los abogados de las víctimas, que los actuarios desaparecen, que se va a saber porqué se condena o porqué se absuelve a una persona, uno nota que la gente siente que esto es una nueva estructura. Por eso, tenemos que vencer la resistencia de quienes tienen en la actualidad una visión retrógrada.
Etica y publicidad

Al interior del Consejo General del Colegio de Abogados se ha producido en el último tiempo un debate muy intenso a propósito del tema ético en general, y ahí tropezamos con problemas como la colegiatura voluntaria. ¿Qué impresión tiene usted respecto de este sistema?

-Voy a hablar en términos personales, como abogado, por que existe un proyecto que está en discusión hoy día en el Parlamento y no hay una decisión definitiva respecto de él, en el Ejecutivo. A mi juicio la labor que desempeñaba el Colegio de Abogados como una institución ética, que permitía resolver ahí conflictos que tenían las personas con sus representantes, era muy importante. El control ético que puede imponer una institución como el Colegio a quienes se afilian a él, ayuda a mantener la limpieza que requiere el sistema judicial y dignifica esta profesión. Voy a un ejemplo muy simple: cuando en una audiencia pública como es el Festival de Viña del Mar se hacen chistes sobre la poca transparencia que tienen los abogados, a uno le duele, porque es su profesión y la abrazó pensando y viendo que era una gran labor. Por eso, a mi juicio es indispensable que el Colegio tenga esta posibilidad. Aún más, se trata de un Colegio que tiene una trayectoria impecable, así como también la tienen sus consejeros.

A nivel personal ¿usted cree que hay grandes irregularidades al interior de Poder Judicial?
-No. Existen problemas, pero hoy día con todos estos cambios que se han producido: la Comisión de Etica que nombró la Corte Suprema, la propia disposición de los tribunales superiores, las sanciones que se han aplicado, la prensa, los medios de comunicación y los propios abogados, la situación ha cambiado mucho y existen las posibilidades y los mecanismos para denunciar. El propio Colegio de Abogados tiene una instancia en la cual recibe denuncias, con lo cual las bases para un control ético hoy día existen. Sin embargo, hay dificultades, pero no son de la magnitud que se conoce en otras partes del mundo.

Puntualmente ¿qué opinión le merece la recién formada Comisión de Etica de la Corte Suprema?
-Hace varios años atrás la Corte Suprema formó la Comisión Etica, pero nunca se constituyó como tal, lo que a mi juicio demoró la actuación de una institución tan importante como ésta. Creo que hoy ella se topa con situaciones como el caso de la Ministra Gloria Olivares que es una situación especial y puntual, pero desde el punto de vista de lo que el Poder Judicial necesitaba, la existencia de una comisión de esta naturaleza es indispensable. Creo que las señales que está dando la Corte Suprema hoy día estableciendo esta Comisión de Etica y elaborando normas como las que se han dictado hasta la fecha, son indispensables para el buen funcionamiento del sistema de justicia y para la credibilidad que debe tener la gente en él.

Dentro del mismo tema ético está todo lo que dice relación con la publicidad de litigios pendientes, y en concreto el tema de divulgación televisiva de alegatos. ¿Cuál es su opinión Ministro sobre ese particular?
-En ese aspecto el Ejecutivo tiene una posición muy clara: la censura no es aceptada. La verdad es que debe existir la más absoluta libertad de prensa, y la más amplia libertad de conocimiento por parte de la ciudadanía de las situaciones que se están produciendo. Pero eso hay que equilibrarlo con la honra a las personas. Para eso están las etapas procesales, en las cuales hay situaciones que deben darse a la publicidad con absoluta claridad, como cuando una persona está inculpada de un hecho. Sin embargo, cuando con anterioridad se dan a conocer antecedentes se puede producir un menoscabo a la persona, sin necesidad, y sin que posteriormente se ratifique la culpabilidad que eventualmente le dan los medios de comunicación. Por lo tanto, a juicio nuestro se resuelve este tema, y así se establece en el nuevo Código Procesal Penal, con la posibilidad de publicitar todo, aunque quien determina en las audiencias si se televisa o informa, es el Tribunal, no como un elemento de censura, sino como un elemento de resguardo a la honra de las personas.

¿ Cree usted que en el caso de la vista del desafuero del senador Pinochet, el 19 de abril pasado, la decisión de no televisar los alegatos se tomó por ésta, o por una razón política?
-Habría que preguntárselo a los ministros correspondientes, pero es una situación particular ante la cual la Corte resolvió de una manera determinada. La vista del desafuero es un ante juicio, no es un juicio, y probablemente en una instancia así se pueden decir muchas cosas que pueden significar situaciones que no van a ser comprobadas después. Quizá esa sea la razón, pero como digo, debieran preguntarle a ellos.

Pero más allá de la situación procesal ¿cree usted que el desafuero al senador Pinochet es una manera de poner fin a la transición?
-El tema de la transición es bastante discutido. Hace un tiempo atrás escuchamos que la transición había terminado, hoy hay quienes señalan que no. Desde el punto de vista político, existiendo en el país un sistema plenamente democrático, con algunos enclaves que todavía hay que reformar, y que aparentemente por la disposición que vemos en la oposición, va a ser posible modificar, sin duda que estamos en un proceso distinto. Por eso, el debate judicial no puede ser parte de la transición. Los Tribunales de Justicia deben resolver de acuerdo a los méritos del proceso y aplicar las penas y pronuvv ccxvcnciar las sentencias que correspondan si se cometieron delitos, pero no es ahí donde se debe dar el debate político.

Así como la Iglesia ha pedido perdón por errores del pasado, así como parlamentarios católicos de diversas corrientes políticas también pidieron perdón por hechos del pasado ¿cree usted que el Poder Judicial debiera pedir perdón por no haber juzgado ciertos hechos en su oportunidad?

-Difícil pregunta y difícil respuesta. Es difícil porque a uno le tocó vivir la injusticia en esa época. Con desaparecidos, amigos, parientes, con situaciones muy graves que ojalá jamás vuelvan a ocurrir en ninguna parte del mundo.

Yo hubiera querido que los Tribunales de Justicia hubieran actuado en esa oportunidad con la fuerza que se requería, pero así como yo sufrí en la vereda de enfrente, no puedo juzgar a quienes probablemente sufrieron lo mismo en la judicatura, porque es distinto vivir en un sistema democrático donde hay libertad, donde yo puedo hacer y decir lo que quiera, a vivir en un país donde los Tribunales de Justicia no tenían esa libertad y también estaban sujetos, quizá, a otras actitudes tan graves como las que sufrió la gente afuera. Por eso, es difícil decir si se debe o no pedir perdón, lo que sí, me hubiera gustado que la situación fuera diferente, pero lo importante es que el pasado ya es pasado y que hoy los tribunales están actuando en un país que es plenamente democrático, que están actuando de acuerdo a la Ley y de acuerdo a la Constitución. Eso es lo que debemos reforzar: la independencia del Poder Judicial. Que los crímenes que se cometieron se investiguen, y en definitiva se resuelva lo que corresponda de acuerdo a los tribunales y avancemos en la democratización de este país.

Recientemente tuve la oportunidad de ver la película argentina "Garaje Político", sobre lo que fue la guerra sucia en ese país. Se la comentaba a mis hijos, pero no en la perspectiva del horror ni de aplicar venganza, sino para que nunca más vuelva a pasar algo igual.

¿No reabrir las heridas?
-Las heridas están y no se van a cerrar, pero la única forma que esto se supere es que los tribunales actúen independientemente.

¿ Qué pasa con la seguridad ciudadana, qué prioridad tiene este tema en la agenda del Ministerio de Justicia?
-En materia de prioridades primero tenemos la Reforma Procesal Penal psor la gran inversión que ella significa y porque los plazos ya están acotados. Sin embargo, también está el tema de los Tribunales de Familia, que es otro elemento indispensable en el desarrollo de la especialización de los Tribunales de Justicia. Además, tenemos intenciones de abocarnos a la modificación de la justicia local y la justicia civil, pero pensado en un todo.

En materia de seguridad ciudadana, que no es un tema que competa exclusivamente a este Ministerio, pero en el que participamos por el sistema judicial, por el sistema de menores y todo el sistema penitenciario, estamos con algunas tareas importantes.

En el cumplimiento de esas tareas, ¿qué tan importante será la puesta en marcha de la reforma procesal penal?
-Primero creemos que el establecer esta reforma va a permitir cambiar o invertir el sistema penitenciario que hoy existe. Más o menos el 60% de nuestros internos son procesados y hay entre un 38 a 40% que corresponde a condenados. Con la reforma, según la simulación que hemos hecho y lo que hemos conocido en el exterior, nos demuestra que la velocidad con que se dé sentencia es mayor. Vamos a invertir este proceso y ahí hay un elemento indispensable para el desarrollo de las políticas de rehabilitación, porque un procesado tiene una mentalidad distinta a un condenado.

¿ Dónde está la diferencia?
-Un condenado sabe cuando sale, que tiene que cumplir plazos, que tiene que hacer conducta; mientras un procesado está en una situación intermedia, ya que nunca sabe cuánto tiempo va a estar preso, si va o no a obtener libertar provisional, etcétera. Es una situación distinta y en esa materia estamos trabajando fuertemente.
También se ha hablado del ingreso de inversión privada al sistema…

-En el ámbito carcelario nosotros tenemos hoy día un déficit más menos de un 35% a un 40%, lo que significa que estamos con un hacinamiento muy grande. Por eso estamos trabajando con la idea de incorporar a los privados a la inversión del sistema penitenciario, pero todavía es una idea. Que el particular invierta recursos y nosotros los podamos devolver según pagos anuales, a través de algún sistema que permita que el empresario se interese por participar en esto, porque en materia presupuestaria nosotros estamos bastante sobre girados. Con los recursos de la reforma, estamos hipotecados por mucho tiempo, entonces hay que lograr gestiones con imaginación para mejorar en ese ámbito.

Rehabilitación de menores
-El otro aspecto que estamos trabajando de la seguridad ciudadana tiene que ver con los menores, todo el tema de la rehabilitación y prevención. Tenemos que recuperar a los niños que han salido de sus casas por maltrato infantil, prostitución o violencia intrafamiliar, o porque existen adultos que los utilizan en materias de delincuencia. Ahí estamos trabajando un proyecto de inversión muy importante para tener centros donde podamos rehabilitar y reinsertar a estos niños. También está todo el sistema médico legal y el registro civil.

Nuestro Ministerio tiene mucha relación con esto pero es en conjunto con otras tareas que tiene que realizar el Gobierno. Nosotros hemos avanzado mucho, por ejemplo en el Servicio Médico Legal, en lo que era la morgue, ésta hoy tiene el laboratorio de ADN más moderno de América Latina; en todas las regiones tenemos laboratorios de alcoholemia, y ahora estamos instaurando los laboratorios de droga. Es que de verdad hay un proceso de crecimiento de todos estos organismos que trabajan auxiliarmente en materia de seguridad ciudadana.

Pero como persona, ¿usted comparte con la ciudadanía que la vida hoy en nuestras ciudades está siendo más insegura?
-No. Y diciéndolo como ciudadano. Yo tengo cuatro hijos, uno de ellos tiene 20 años y la siguiente tiene 18, y ellos circulan por Santiago como muchos otros jóvenes, a pesar de los problemas que eventualmente puedan existir. Estos jóvenes pueden salir a la calle libremente, incluso en las noches. Llegan a las 3 ó 4 de la mañana, entonces la verdad es que la situación de seguridad en Chile, en relación con lo que es ésta en otros países, no tiene nada que ver. Por eso no lo comparto, lo que no significa que lo minimice.

¿ Cómo ve el futuro de la abogacía usted con la proliferación de escuelas de derecho?
-Yo diría que hasta hace un tiempo atrás se veía complicado porque era muy barato crear una facultad de derecho: bastaba tiza, un profesor y pizarrón. Hoy me da la impresión que con lo que uno ha ido conociendo poco a poco, con las universidades que se han ido asentando en el tiempo, existe una real competencia y la intención de mejorar la enseñanza del derecho y eso es bueno.

¿ Pero basta la libre competencia para una educación de calidad?
-Es bueno que existan alternativas, pero también es bueno que exista una suerte de presión y control para que no salgan abogados y miles de abogados sin la formación ética, sin el conocimiento que deben tener de una labor tan importante como es ser el representante de una persona, que confía en uno, para que le resuelva algún problema. Creo que en eso debemos trabajar todos en conjunto para lograr ese control y que los abogados que salgan tengan la preparación que corresponda.
Ahora, la abogacía en Chile tiene una gran expectativa con todos estos cambios que vienen. Realmente se va a dar una situación de desarrollo tan importante que hay que lograr que las universidades tengan los controles para que el crecimiento no sea en forma inorgánica.

Esperemos que estos controles que se han ido dando nos permitan sacar buenos abogados.
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Revista N° 75
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