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Revista Nº 17
TEMAS
 
Decreto sobre Firma Digital
La Primera Piedra
del Comercio Electrónico
Por Marco A. Iglesias Muñoz.
Abogado,

Profesor de Telemática y Derecho, U. Gabriela Mistral
El pasado 26 de Junio se publicó en el Diario Oficial el Decreto 81 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, referido a la Firma Digital.

Esta normativa a mi juicio representa un paso muy importante en el camino que nuestro país debe recorrer para entrar en propiedad a la naciente sociedad de la información.

Paradójicamente ha sido el sector público y no el privado el que ha tomado la iniciativa de comenzar a configurar los fundamentos esenciales sobre los que debe desarrollarse el Comercio Electrónico. En efecto, el mencionado decreto regula, por una parte, la utilización de la firma digital y de los documentos electrónicos como soporte alternativo a la "instrumentalización en papel de las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado", y por otra, establece las condiciones en que los datos contenidos en un soporte electrónico se considerarán emanados de una persona determinada.

Este reglamento representa, en alguna medida, el comienzo del fin de la cultura del papel en el sector público, lo que debería redundar en un ahorro de recursos materiales y humanos para los organismos públicos.

No obstante, lo fundamental es que la reglamentación en comento tiene un sentido "emblemático", como se le reconoce en el propio mensaje del cuerpo legal, al constituir una iniciativa seria en pos de darle forma al Comercio Electrónico en Chile, demostrando de paso que su importancia es claramente un asunto de interés nacional.

Ahora bien, ¿qué es una Firma Digital?.
Según lo señalado en la letra b del artículo 2º del Decreto citado, es "un código informático que permite determinar la autenticidad de un documento electrónico y su integridad". Es decir, la firma digital está constituida por un algoritmo cifrado o encriptación, esto es en términos simples, un pequeño sistema que puede hacer tanto ilegible como nuevamente legible un documento o "archivo" computacional.

La firma electrónica reconoce como principio fundamental el que quien codifique o cifre, es decir haga ilegible un documento, sea el único conocedor del algoritmo mediante el cual se encriptó el documento, semejante al sistema de claves secretas existentes para operar con los cajeros automáticos.

En rigor, y según lo reconoce el mismo decreto, los documentos escritos en papel no se diferencian fundamentalmente de los documentos creados electrónicamente, pero la autoridad para validarlos estableció que los documentos electrónicos, firmados a su vez electrónicamente, no pueden ser desconocidos, en cuanto a su autenticidad e integridad, por el transmisor.

La norma se refiere, a mi juicio acertadamente, al "transmisor" y no al autor, ya que en rigor puede tratarse de dos personas diferentes. En efecto, el documento electrónico firmado electrónicamente existe desde el momento en que es codificado para luego ser "transmitido" al destinatario del mismo.

La autoridad para regular la existencia de los documentos electrónicos adoptó el sistema de firma digital, constituido por un proceso computacional de validación o de reconocimiento de la signatura, cuyo funcionamiento está establecido sobre la necesaria combinación de dos claves, también denominadas técnicamente como llaves electrónicas, una de las cuales es privada y la otra pública.

El titular de ambas claves es el único conocedor de la clave privada, mientras que la clave pública, en virtud de este carácter, puede ser de conocimiento de cualquier persona.

El sistema de firma digital funciona de la siguiente manera:
En primer término, el transmisor del documento electrónico procede a codificarlo (cifrarlo o encriptarlo), luego lo remite a su destinatario quien no podrá transformar el documento en un instrumento electrónico legible si no posee la clave pública del remitente.

Sólo si posee dicha clave pública el destinatario podrá "decodificar" el mensaje, haciéndolo nuevamente legible, ya que sólo la clave pública del transmisor es capaz de decodificar el documento cifrado con la clave privada de este último. De esta forma el destinatario del documento electrónico tendrá la certeza de que el transmisor del mismo, es en efecto la persona que aparece como titular de la clave pública y que el documento por tanto es auténtico e íntegro.

A su vez, este sistema permite que se le envíen documentos codificados con su clave pública al titular de la misma, teniendo la certeza de que sólo él podrá en definitiva decodificarlos con su clave privada.

Finalmente y siguiendo lo establecido por algunas legislaciones extranjeras, la autoridad estableció que un ministro de fe de cada servicio deberá acreditar la correspondencia entre la clave pública y quien aparece como su titular, mediante un certificado digital. Este certificado es asimismo un documento electrónico que debe ajustarse a la reglamentación establecida por el Decreto 81.

En suma y no obstante tratarse de un primer paso, esta norma legal es sin lugar a dudas un gran avance en el desarrollo del marco institucional que nuestro país requiere para darle forma al futuro del Comercio Electrónico, el cual es un factor clave y estratégico para un país inserto clara y decididamente en la economía globalizada.
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