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Revista Nº 17
TEMAS
 
Réquiem para un derecho
Alimentos necesarios para hijos simplemente ilegítimos

Por Hernán Corral Talciani.
Abogado,
Profesor de Derecho Civil. Universidad de los Andes

Nueva ley de filiación e igualdad de los hijos
La Ley Nº 19.585 que modifica el Código Civil en materia de filiación entró en vigencia el 27 de octubre de 1999. Como es bien sabido, esa iniciativa pretende que la relación filial entre padres e hijos, y todo el parentesco que de allí deriva, produzca siempre los mismos efectos jurídicos, sin atender a la existencia de matrimonio entre los progenitores. El hecho de que los padres se hayan comprometido para establecer regularmente un hogar para el hijo, es considerado una circunstancia accidental que sólo será tomada en cuenta a los efectos de presumir quién es el padre de la criatura alumbrada por una mujer casada.
Es muy discutible la opción que ha hecho nuestro Congreso, con el impulso del Gobierno y particularmente del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), en el sentido de atenuar la eficacia jurídica del matrimonio en la regulación de los vínculos filiales. Con un poco de sentido común, esa minusvaloración permite prever razonablemente que como resultado no habrá menos hijos ilegítimos, sino todavía más. A aquellos hijos ilegítimos que en el futuro vendrán (en gran medida gracias al debilitamiento legal-cultural de la institución matrimonial), les servirá de bien poco consuelo que se les diga que la ley civil no los "discrimina" porque les concede los mismos derechos hereditarios que a los hijos matrimoniales.

Hijos simplemente ilegítimos ¿qué pasa con ellos?
En esta ocasión, sin embargo, quisiéramos centrarnos en un punto que nos parece de la más alta relevancia social y jurídica. La ley de filiación, en su afán por imponer una filiación uniformemente igualitaria, ha suprimido sin mayores explicaciones los derechos que la ley anterior atribuía a los llamados "hijos simplemente ilegítimos", en el sentido de acceder a identificar siquiera presuntivamente un progenitor y a solicitar de él una pensión alimenticia.

En efecto, el Código Civil distinguía entre hijos naturales e hijos simplemente ilegítimos. Los naturales eran aquellos que han determinado fehacientemente su filiación (sea por reconocimiento de uno o ambos padres, o por sentencia pronunciada en un juicio de reclamación de estado civil). Los hijos simplemente ilegítimos eran aquellos cuyos padres no han podido ser identificados legalmente pero que no obstante gozan del derecho a solicitar una pensión alimenticia respecto de la persona que aparece, aunque no con absoluta certeza, como su más probable progenitora. Así, por ejemplo, y entre otras causales, el hijo podía reclamar una pensión alimenticia si el presunto padre ha sido citado ante el tribunal de menores por dos veces con el objeto de que reconozca al hijo, y no ha comparecido. En este caso, aunque no haya reconocimiento, la ley estimaba que la inasistencia a la audiencia judicial configura por lo menos una cierta presunción de paternidad que impone a la persona citada la obligación de otorgar alimentos al hijo.

Con respecto a estas categorías, el nuevo régimen sobre filiación lo que en síntesis hace es: 1) cambiar la denominación de los hijos naturales, que pasan a llamarse "hijos de filiación no matrimonial", 2) permitirles demandar la paternidad contando sólo con antecedentes que hagan plausible los hechos en que se funda la demanda y solicitar luego informes periciales de análisis genéticos, y 3) concederles los mismos derechos hereditarios que a los hijos legítimos.

Pero respecto de los anteriores hijos simplemente ilegítimos con derecho a pedir alimentos, la ley es regresiva, ya que elimina sin más esa calidad jurídica y los derechos que de ella se derivan. De hijos simplemente ilegítimos pasan a ser hijos de filiación no determinada. La igualdad de derechos puede darse entonces sólo respecto de hijos con padres identificados legalmente; los hijos de filiación no determinada no tienen derecho alguno en cuanto hijos, y es más: el único que la legislación les reconocía (el pedir alimentos necesarios) lo pierden…

La pérdida del derecho a pedir alimentos
Desde esta perspectiva, puede señalarse que la ley Nº 19.585 sobre filiación no beneficia significativamente a los hijos ilegítimos, sino que, llevada por una cierta obsesión nominalista, termina por cercenar derechos que eran reconocidos por la legislación en un campo mucho más importante para ellos que el de la sucesión hereditaria. Se diría que la consigna es no admitir distinciones jurídicas entre los hijos, ni siquiera cuando ellas favorezcan a los mismos hijos ilegítimos....

Durante la discusión en la Comisión de Constitución se presentaron indicaciones que hacían ver la conveniencia de mantener la figura de los hijos ilegítimos con derecho a alimentos, adaptándola, por cierto, a las coordenadas del proyecto y a su terminología. Se hablaba, así, de "hijos de filiación no determinada" que podían pedir alimentos de aquellas personas que habían incurrido en conductas de las que podía presumirse la paternidad o maternidad: por ejemplo, si habían convivido con la madre durante el tiempo en que pudo producirse la concepción del hijo. Se mantenía también la norma de la doble citación.
Todas estas indicaciones fueron rechazadas en la Comisión del Senado, con el respaldo de los asesores del Sernam. Los argumentos esgrimidos para ello fueron los siguientes: en primer lugar, se sostuvo que no era necesario mantener el estado de hijo ilegítimo con derecho a alimentos dado que, de acuerdo a la nueva ley, estas personas podrán acceder a establecer su filiación no matrimonial, mediante un juicio de reclamación de paternidad. Además, arguyó el Sernam, mantener esa figura intermedia podría inducir a los jueces a resistirse a admitir la filiación no matrimonial -con todos sus efectos personales y patrimoniales-, puesto que podrían contentarse con conceder sólo un derecho de alimentos alegando que no pudieron establecer con plena certeza la paternidad demandada.

Nos parece que estas razones no eran suficientemente sólidas para desechar este importante derecho de que gozaban los hijos simplemente ilegítimos. En primer lugar, el que se propicie una flexibilización de los requisitos de admisibilidad de las demandas de determinación de la filiación no matrimonial y la consagración expresa de la posibilidad de recurrir a exámenes de identificación genética, no va a modificar sustancialmente la naturaleza de los juicios de filiación, que están lejos de ser procesos de corta y rápida tramitación. La ley Nº 19.585 dispone la aplicación del procedimiento ordinario ante los tribunales civiles (juicio de lato conocimiento). Cualquier abogado de libre ejercicio sabe lo que eso significa en inversión de tiempo, esfuerzo y recursos económicos para lograr una sentencia favorable.

Por otro lado, la idea de que los tribunales, al no estar seguros de la paternidad, optarían por otorgar solamente alimentos, lleva lógicamente a concluir que, de no existir esta figura, los jueces rechazarán sin más la demanda, dejando a esos hijos sin ningún derecho. Porque lo que no puede propiciarse es que los tribunales atribuyan un hijo a una persona sin haber adquirido la convicción de que ella es realmente su padre o madre. Por lo demás, se trataría de peticiones distintas y, por tanto, el hijo, (o la madre en su representación), podrían ejercerlas optativamente, sin que la petición de alimentos impida posteriormente demandar la determinación judicial de la filiación no matrimonial. No vemos entonces qué inconveniente jurídico podía existir en añadir una nueva posibilidad, más expedita, menos gravosa y con un contenido más urgente, como esta acción para solicitar alimentos de un presunto padre o madre.

Los autores chilenos y el derecho comparado
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, permítaseme invocar la sabiduría y prudencia de nuestros maestros de Derecho Civil que ya en la reforma del Código Civil de 1952 (ley Nº 10.271) tuvieron que reflexionar sobre si se mantenía o no la figura de los hijos ilegítimos con derecho de alimentos. Arturo Alessandri Rodríguez apoyó entonces decididamente la mantención de la dualidad en la filiación ilegítima, haciendo ver que el haber suprimido la categoría de los hijos con derecho a alimentos "habría dificultado enormemente la obtención de alimentos por parte del hijo que... es lo único que interesa en las clases más desvalidas" y que "las leyes deben adaptarse al medio social en que han de regir y si para ello es menester sacrificar en algo los principios jurídicos, bien hecho está el sacrificio..." (Reformas introducidas al Código Civil y a otras leyes por la ley Nº 10.271, Santiago, 1955, pág. 57). La doctrina especializada en Derecho de Familia prácticamente se uniformó haciendo ver la conveniencia de esta opción: en tal sentido se expresan los profesores Manuel Somarriva (Evolución del Código Civil Chileno, Santiago, 1955, págs. 166-167), Enrique Rossel (Manual de Derecho de Familia, Santiago, 1991, pág. 258), Fernando Fueyo (Derecho de Familia, vol. III, Santiago, 1959, pág. 430), y Ramón Meza Barros (Manual de Derecho de Familia, Santiago, 1979, t. II, pág. 598).

Nos parece que todo este acervo doctrinal no debió menospreciarse, como en definitiva se hizo.

Para los que puedan pensar que el principio de igualdad sería un obstáculo para reconocer este derecho, hay que considerar nuevamente que la igualdad jurídica no coincide con la igualdad aritmética, y que la misma igualdad (de oportunidades) exige que una iniciativa legal no termine perjudicando a los socialmente más desvalidos en un derecho tan básico como la misma subsistencia. Por lo demás, legislaciones que han adoptado el criterio de la equiparación de efectos de la filiación, no han dudado en mantener la acción de ciertos hijos para reclamar alimentos, aunque no hayan probado con toda certeza la paternidad del demandado. Es lo que sucede con el Código Civil francés (reformado en 1972 y 1977) y con el Código Civil peruano de 1984.

Atendido lo anterior, el pretendido avance que según algunos tendrá la ley Nº 19.585 en materia de alimentos, es como en tantas otras cosas puramente nominal. La unificación de todos los alimentos como congruos, no es ningún beneficio para los actuales hijos naturales, y futuros hijos no matrimoniales (ya gozaban de este tipo de pensiones alimenticias). Lo hubiera sido para los simplemente ilegítimos (o de filiación no determinada); pero la ley a éstos, no sólo no les incrementa su derecho a pedir alimentos, sino lisa y llanamente les priva de ellos. Podría hablarse aquí de un chiste legal, si no fuera dramática la situación de tantos niños abandonados por progenitores irresponsables.

No podemos entender entonces a qué situaciones se aplicará el artículo 3º transitorio de la ley, que dispone que las personas que tengan determinado el derecho a pedir alimentos necesarios podrán pedir su adecuación a congruos. El art. 2º transitorio nos había advertido que los hijos simplemente ilegítimos que a la fecha de entrada en vigencia de la ley hubieran adquirido el derecho de alimentos conservarán ese derecho hasta su expiración natural conforme a las normas respectivas (por lo tanto, conservan sólo sus alimentos necesarios). ¿Quién podrá pedir la adecuación de necesarios a congruos?

Requiescant in pace
El 27 de octubre de este año expiró la posibilidad de obtener alimentos para los hijos de filiación no determinada. No queda más que lamentar la muerte y condolerse con un requiescant in pace.

Queda por cierto la esperanza de que, en un tiempo no muy lejano, el sentido común pueda imponer su resurrección...
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