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Revista Nº 17
TEMAS
 
La Aplicación
de la Ley Penal Derogada
Por Antonio Bascuñán Rodríguez,
Abogado,
Profesor de Introduccióan al Derecho y Derecho Penal Universidad de Chile

Introducción
Durante la reciente tramitación de diversos proyectos de ley, en repetidas oportunidades han surgido dudas acerca de la condición en que se encontrarían las acciones u omisiones delictivas con posterioridad a la modificación de las disposiciones legales que las sancionaban al momento en que acaecieron. El principal motivo de preocupación ha sido la posibilidad de que una reforma legal acarree como consecuencia una impunidad no deseada.

En cada una de esas oportunidades se ha consultado la opinión de especialistas. Las opiniones vertidas han sido ampliamente coincidentes, a pesar de tratarse de una cuestión regida más bien por principios generales que por reglas muy precisas. Ello se debe a que todas esas opiniones comparten un marco doctrinario que hace posible llegar a las mismas conclusiones. El objetivo de estas páginas es colaborar a difundir ese marco doctrinario, desde la propia perspectiva.
Efectos de la ley en el tiempo

El análisis de los efectos de la ley en el tiempo debe partir de la distinción entre dos criterios cronológicos de determinación de esos efectos. Un primer criterio está dado por la relación que existe entre el tiempo de vigencia de la ley y el tiempo en que acaece el hecho al que se aplica la ley. Otro criterio, independiente del anterior, es la relación que existe entre el tiempo de vigencia de la ley y el tiempo en que se dicta la resolución judicial que aplica la ley a un hecho.

Desde el punto de vista de las relaciones entre ley y hecho, es usual distinguir entre la actividad y la extractividad de la ley. Hay actividad de una ley cuando ella rige hechos que acaecen durante su vigencia. La extractividad de la ley puede darse de dos modos. Hay retroactividad, cuando una ley rige un hecho acaecido con anterioridad a su entrada en vigencia. Por su parte, hay ultractividad, cuando se la aplica a un hecho acaecido con posterioridad a su derogación.

Desde el punto de vista de las relaciones entre ley y sentencia, se distingue también entre la actividad y la ultractividad de la ley, según si la sentencia es dictada bajo la vigencia de la ley que ella aplica o después de su derogación. Lo dicho respecto de la sentencia o resolución judicial se puede naturalmente predicar respecto de cualquier acto de aplicación de una ley.

El caso rutinario es aquel en que el juez aplica una ley que se encuentra vigente al momento de la sentencia y que también estaba vigente al momento del acaecimiento del hecho que se enjuicia. En este caso, hay actividad de la ley en su doble sentido arriba expuesto. Por otra parte, una ley derogada nunca resulta aplicable a un hecho acaecido después de su derogación. La institución misma de la derogación excluye que la ley pueda tener efecto ultractivo en el primer sentido arriba expuesto.

Distinto es el caso de la aplicación ultractiva de la ley, en el segundo sentido antedicho. No es inusual que una ley sea aplicable en un juicio aún después de derogada, con tal que los hechos a los que se aplica hayan acaecido con anterioridad al término de vigencia de esa ley. Particularmente obvio es que una ley siga siendo aplicable a un hecho que acaeció durante el tiempo en que ella estuvo vigente. Pero en una secuencia múltiple de leyes sucesivas incluso puede darse el caso de aplicar ultractivamente una ley con efectos retroactivos, es decir, de aplicarla después de su derogación pero al enjuiciamiento de un hecho acaecido con anterioridad a su entrada en vigencia. Tratándose de la ley penal, éste es el caso de las así denominadas "leyes intermedias".

De lo anterior se desprende que resulta indispensable distinguir nítidamente entre los dos sentidos posibles de la ultractividad de la ley. Por esta razón, y para evitar confusiones, en adelante se denominará "preteractividad" a la aplicación de la ley en una sentencia dictada después de su derogación, y se reservará el término "ultractividad" para la aplicación de la ley a un hecho acaecido después de su derogación. Conforme a esta terminología, cabe afirmar que la ley no tiene efectos ultractivos, pero que sí es posible su aplicación preteractiva, ya sea con efecto activo o retroactivo.

La retroactividad de la ley penal
La determinación de los efectos en el tiempo de la ley penal se encuentra sometida a tres principios generales, de los cuales dos son reconocidos por el Estado de Derecho como garantías del individuo. Estos principios garantísticos son la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable (en general: "principio de la irretroactividad") y el mandato de aplicación retroactiva de la ley penal favorable (en general: "principio de la favorabilidad"). El manejo consistente de estos dos principios garantísticos requiere una adecuada diferenciación de sus fundamentos.

La prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable es una de las cuatro concreciones básicas del principio de legalidad, que se expresa en la frase latina "nullum crimen, nulla pena sine lege", en este caso, "sine lege praevia". En Chile, la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal se encuentra establecida en el Código Penal (Art. 18 inciso primero), en la Constitución Política (Art. 19 Nº 3 inciso séptimo) y en los tratados internacionales sobre derechos humanos (Art. 15-1 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica).

El mandato de aplicación retroactiva de la ley penal favorable no es una consecuencia del principio de legalidad. El mandato de aplicación retroactiva de la ley penal es una concreción del principio de la proporcionalidad, o, más específicamente, de la prohibición de exceso que se deriva del principio de proporcionalidad. Si al cambiar la ley el Estado ha declarado total o parcialmente innecesaria una pena, entonces constituye un exceso inadmisible aplicar o continuar aplicándola a algunas personas.

En Chile, el mandato de aplicación retroactiva tiene rango legal (Art. 18 inciso segundo del Código Penal), pero no directamente constitucional. De modo expreso, la Constitución Política solamente permite el efecto retroactivo favorable, al exceptuarlo del principio de irretroactividad (Art. 19 Nº 3 inciso séptimo). Es natural que este sea su solo alcance, si es que la finalidad de la norma constitucional se limita a consagrar el principio de legalidad. Eso sí, el principio de la favorabilidad se encuentra establecido como un mandato en los tratados internacionales sobre derechos humanos (Art. 15-1 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica, ambos in fine). Es por esta vía que puede afirmarse el rango supralegal de este principio.

La preteractividad de la ley penal
El tercer principio que gobierna los efectos de la ley penal en el tiempo es el de la aplicación preteractiva de la ley penal, es decir, su aplicación después de derogada. Este no es un principio garantístico, como los dos anteriores, sino una pura regla de reconocimiento de la ley aplicable. Por esta razón, la preteractividad debe analizarse desde la perspectiva de su relación con los otros dos principios de rango superior, distinguiéndose así entre la aplicación preteractiva de la ley favorable y la aplicación preteractiva de la ley desfavorable. Aquí sólo se examinará el primer caso, porque ése es el que ha suscitado dudas en el contexto de la tramitación de recientes proyectos de ley.

Desde el punto de vista de los principios garantísticos, la preteractividad de la ley más favorable no presenta problema alguno. Cuando una modificación legal introduce un cambio desfavorable, ya sea ampliando la descripción del delito o aumentando la pena, el principio de legalidad prohíbe su aplicación retroactiva. Por esta razón, los hechos acaecidos con anterioridad a la modificación no pueden ser juzgados conforme a la nueva disposición. En este caso, la aplicación preteractiva de la ley penal anterior es un complemento necesario de la irretroactividad de la ley penal desfavorable.

Por otra parte, nadie duda acerca de la necesidad de esta aplicación preteractiva desde un punto de vista de política criminal. De no ser posible mantener la aplicación de la ley modificada, la decisión del legislador de agravar para el futuro el tratamiento penal de una conducta conduciría a la impunidad de los hechos pasados, lo cual es manifiestamente absurdo. Lo que ha suscitado dudas es el fundamento de derecho positivo de la preteractividad.

El punto de partida para encontrar ese fundamento es la constatación de que en Chile no existe una regla que prohíba la preteractividad de la ley penal, esto es, no existe una disposición que establezca como regla general la aplicación de la ley vigente al momento de dictar la sentencia. La ley penal no rige in actum, como por ejemplo, la ley procesal.

A la inversa, sí existe una disposición que contiene un mandato de aplicación preteractiva de la ley penal. Se trata del inciso primero del Art. 18 del Código Penal, el cual dispone: "Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración". Este precepto consagra, desde luego, una prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal. Pero al mismo tiempo consagra un mandato de aplicación preteractiva de la ley penal. Al disponer que en ningún caso se puede imponer otra pena que la vigente al momento de la comisión del hecho, el sentido del precepto incluye también que la ley penal aplicable es la vigente a ese momento, sin requerir además que se encuentre vigente al momento de dictación de la sentencia.

No es indispensable reproducir este análisis en la interpretación del inciso primero del Art. 19 N° 3 de la Constitución, si se asume que la finalidad de la norma constitucional es la de consagrar el principio de legalidad. Pues el principio de legalidad sólo implica la prohibición de aplicación retroactiva de la ley desfavorable. Lo más que puede decirse de la preteractividad en relación con este principio es que él la permite.

El Art. 18 del Código Penal, en cambio, tiene el carácter de una regla de identificación de la ley penal aplicable, que ocupa el juez para justificar la condena o absolución. Esta regla se compone de una norma general, conforme a la cual la ley aplicable al juzgamiento de un hecho es la ley vigente al momento de su comisión, lo cual implica una prohibición de retroactividad y un mandato de preteractividad. Esta norma general debe completarse con el mandato de aplicación retroactiva de la ley favorable, consagrado por el mismo Código Penal, como excepción a la prohibición de retroactividad.

La integración del principio de la favorabilidad en la regla de identificación de la ley aplicable trae como consecuencia la necesidad de practicar un examen comparativo del contenido normativo, sentido o significado de la disposición derogada y la nueva disposición, para constatar que pese al cambio exista continuidad. Si hubiera una solución de continuidad, es decir, si la conducta hubiera dejado de ser punible o la pena hubiera dejado de ser aplicable en el nuevo sistema de normas que se configuró con la modificación legal, entonces habría que aplicar retroactivamente esa nueva normativa por ser la ley más favorable.

Esta constatación de continuidad de la norma pese al cambio de disposición es el núcleo común de las opiniones vertidas durante la tramitación de los proyectos de ley que han dado lugar al debate sobre esta cuestión. Luis Ortiz, Mario Garrido y Enrique Cury coincidieron en distinguir entre la variación en la "forma" y la continuidad en la "sustancia" de la ley, y señalar que esta continuidad bastaba para asegurar la preteractividad de la ley favorable. En forma similar, respondiendo a una consulta sobre problemas de continuidad en los supuestos de hecho de disposiciones sucesivas, el redactor de estas líneas propuso distinguir entre el "título específico de incriminación" de una conducta y su "punibilidad", y sostuvo que el cambio de título específico de incriminación no obstaba a la aplicación preteractiva del anterior título, mientras la punibilidad de la conducta juzgada se mantuviera bajo el nuevo título de incriminación.

No existiendo esa solución de continuidad, y siendo la nueva ley desvaforable, conforme al Art. 18 del Código Penal el juez debe aplicar preteractivamente la ley penal derogada.

La jurisprudencia de la Corte Suprema
La principal fuente de las dudas surgidas en el debate legislativo en torno a la aplicación preteractiva de la ley se encuentra en la sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 17 de Junio de 1991 (Fallos del Mes 391/91, página 219 y siguientes).
Esta decisión acogió un recurso de amparo presentado por dos procesados por el delito de falsedad maliciosa en documentos acompañados en actuaciones de comercio exterior, y revocó su procesamiento sosteniendo que la derogación de la disposición respectiva, esto es, del Art. 23 inciso segundo del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Comercio de Exportación y de Importación y de Operaciones de Cambios Internacionales (DS Nº 471, de Economía, de 17 de Octubre de 1977), operada por la entrada en vigencia de la Ley 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, habría hecho imposible su preteractividad.

No puede negarse que a la luz de los planteamientos anteriores este fallo resulta desconcertante en varios aspectos. Por ejemplo, la Corte expresa que la aplicabilidad de la ley derogada exigiría que "las nuevas disposiciones de la ley derogatoria contemplaran o regularan similares o idénticas conductas que la ley derogada" (considerando 4º). Literalmente entendida, esta aseveración es excesiva. Pues la continuidad normativa que requiere la preteractividad de la ley derogada no exige identidad de disposiciones, sino que el alcance del precepto derogado, que es relevante para el caso, esté comprendido dentro del alcance del precepto vigente.

Debido a lo anterior, el análisis que la Corte hace de las dos disposiciones en juego, el antiguo Art. 23 inciso segundo del D.S. Nº 471 de 1977 y el Art. 59 de la Ley 18.840, tampoco resulta plenamente satisfactorio. La Corte aduce como prueba de la falta de continuidad que no todos los casos subsumibles bajo la nueva disposición eran también subsumibles bajo la disposición derogada (considerando 7º). Pero tal como se ha dicho, la continuidad que presupone la preteractividad es justo la relación inversa. Lo que se debe comprobar es que el caso subsumible bajo la antigua disposición siga siendo también subsumible bajo la nueva.

A pesar de estos aspectos desconcertantes, la consideración global del fallo más bien confirma que desmiente los planteamientos expuestos en la sección precedente. Ello es así, en primer lugar, porque la Corte expresamente reconoce la existencia de una doctrina de la sobrevivencia de la ley derogada ("ultra actividad", en sus propios términos), y admite la pertinencia de esa doctrina en el derecho chileno. En otras palabras, la Corte reconoce como posibilidad jurídica la aplicación de la ley penal derogada.

En segundo lugar, la Corte entiende su decisión como una aplicación de esa doctrina. La casi totalidad de sus consideraciones normativas se refieren a la calificación del caso, es decir, a las normas derogadas y derogatorias. El fallo no contiene una exposición detallada de la doctrina que aplica, ni mucho menos plantea explícitamente algún aspecto problemático o controversial de la misma, resolviéndolo en algún sentido discordante de los planteamientos que aquí se han expuesto.
Finalmente, debe tenerse presente que la parte decisiva de este fallo por sí misma no desautoriza el principio de la preteractividad de la ley penal. Como se ha visto, la admisión de este principio no implica que siempre haya de aplicarse la ley penal derogada a los hechos acaecidos bajo su vigencia. La inexistencia de una norma que cubra los mismos hechos en la ley derogatoria implica un tratamiento más favorable, que por lo mismo debe ser hecho efectivo retroactivamente, conduciendo a la impunidad. Cualquiera que sea la discrepancia que puedan suscitar sus argumentos, lo cierto es que el resultado al que arriba la Corte es un resultado posible bajo la doctrina de la preteractividad.

En resumen, la auténtica lección que se obtiene de la lectura de este fallo es la comprobación de lo compleja que puede ser en un caso concreto la tarea de constatar la continuidad o discontinuidad entre los contenidos normativos de la ley derogada y la ley derogatoria. Pero este es un problema para el cual no existe un método simple de solución. Esta es una cuestión de interpretación. Su solución requiere una decisión interpretativa, y para la justificación de esa decisión se puede invocar un extenso repertorio de razones.
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