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Revista Nº 17
TEMAS
 
Las Costas Judiciales
Por Eustaquio Martínez Martínez.
Abogado.
Es ya un lugar común que sufren quienes se ven obligados a recurrir a los Tribunales de Justicia, el recargo de trabajo de éstos que se traduce en una mala atención y, en definitiva, en una justicia tardía e ineficiente.

Esta situación obliga a buscar fórmulas tendientes a aliviarlos para combatir esas características que ya se han hecho endémicas.

Uno de los hechos que contribuye en forma importante al alargamiento de los procesos y de su adecuada resolución por los tribunales, es la conducta observada por muchos litigantes que sólo busca entorpecer y dilatar el procedimiento, entendiendo que así defienden más adecuadamente los intereses de las partes. Otro vicio grave que contribuye al mismo resultado, es el de utilizar a los Tribunales para conseguir otros fines que no tienen relación con el asunto mismo, sino el de presionar a alguien para obtener un resultado bajo la amenaza de que de lo contrario deberán afrontar un juicio durante cinco o más años, amenaza que se traduce muchas veces en que la parte enfrentada a esta situación prefiere transigir aunque le asista la razón, con tal de no sufrir las consecuencias económicas que puede significarle un juicio dilatado, las que no sólo derivan del costo mismo del juicio, sino de aquéllas que puede acarrear para su negocio o actividad la existencia del litigio y de las medidas precautorias que puedan paralizarlo.

Para combatir estos vicios, una de estas fórmulas pasa, a mi juicio, porque el litigante inescrupuloso o de mala fe, sufra las consecuencias de su actuar, de modo de cuidarse de entablar acciones temerarias o de interponer incidentes dilatorios inútiles o inconducentes para la adecuada resolución del asunto.

No ayuda a lograr estos objetivos la normativa actualmente vigente sobre las costas judiciales.

A la luz de la experiencia adquirida de la aplicación del Título XIV del C. de P. C. por parte de los Tribunales, debe llegarse a la conclusión que han quedado absolutamente desfasadas las disposiciones mismas y la forma de aplicarlas hace que el litigante de mala fe no sufra hoy día el costo que significa la interposición de recursos dilatorios, porque el monto de lo que puede ser condenado a pagar por ello es insignificante y no se atiene a la realidad. Claro ejemplo de ello es la forma como los tribunales tasan las costas procesales, ateniéndose al monto de aranceles que nadie respeta, ya que lo que cuesta en la práctica una diligencia judicial es a lo menos dos veces lo que ese arancel fija, y si alguien pretende que se le cobre solamente lo estipulado en él corre el serio riesgo de no encontrar quién se la practique, como es el caso, por ejemplo, de las notificaciones.
Por otra parte, la tasación de costas personales desde que no existen aranceles profesionales, resulta errática y dispar sin que exista un criterio común. Cualquier abogado que litigue en los Tribunales puede constatar que las más de las veces resulta irrisoria por lo exigua y en otros pocos casos, escandalosa por lo excesiva. Debe buscarse un sistema que fije pautas legales para que los Tribunales tengan determinados parámetros a los cuales acudir para ello, como puede ser la cuantía del asunto, junto con su mayor o menor dificultad, cuestión esta última que debe ser entregada al criterio del juez que conozca de él, ya que es quien está en mejor disposición para apreciarlo.

Sin embargo, más importante que todo lo anterior, es redefinir el concepto de costas, de manera de considerar dentro de ellas algo que actualmente no está considerado y que es el costo que demanda al tribunal atender a un litigante inescrupuloso.
No es admisible que en los tiempos que corren, un litigante de mala fe pueda darse el lujo de utilizar la escasa infraestructura judicial y su tiempo para satisfacer su torcido propósito de entorpecer y dilatar la marcha de un proceso, sin sufrir las consecuencias económicas reales que de ello derivan, todo ello en desmedro de la contraparte y de los demás asuntos que se tramitan ante el mismo tribunal.

Considero que debe establecerse una estricta normativa legal que haga recaer en él todo el peso económico que causa su actuar, como es el pago de las costas personales y de las procesales calculadas considerando el costo del tribunal que ha debido intervenir. Dentro de ese costo, debería incluirse la parte correspondiente de las remuneraciones del personal que ha debido ocuparse del asunto; el desgaste de máquinas de escribir o computadoras; el costo de papel y demás implementos ocupados en ello y en fin, todo lo que un estudio acabado considere y calcule como costo. Las técnicas económicas y de administración actuales, permiten establecer con exactitud el costo de horas hombre y los otros gastos que se causen, todo lo cual debería incluirse dentro del concepto de costas procesales, para lo cual habría que modificar la normativa legal.
Por otra parte, todos estamos conscientes de que muchos abogados litigantes son expertos en este tipo de maniobras y desgraciadamente este actuar ha redundado en importante medida en el desprestigio que hoy tiene nuestra profesión. Buena forma de poner algo de coto a esta situación, sería el de hacer responsable solidario del pago de las costas calculadas en la forma como ha quedado dicha, al abogado patrocinante del asunto. Buen cuidado tendría éste, entonces, en entablar acciones o incidentes que pueden significarle una importante pérdida económica para él, constituyendo a la vez un valioso incentivo para convencer a su cliente de lo peligroso de su acción, en el caso de que quien desee actuar de esta manera sea él.
Un ejemplo importante en lo cuantitativo y en lo cualitativo, son los procesos de cobranza judicial que son más del 60% de los asuntos que conocen los tribunales. Sin entrar por ahora a la necesidad o no de que estos juicios sean conocidos por los tribunales de justicia, es claro que son escasos los juicios de esta naturaleza que no son objeto de incidentes de nulidad, excepciones sin fundamento, etc., todo lo cual conduce a que un procedimiento ejecutivo que por definición debe ser corto y expedito, hoy día demore no menos de tres años en llegar a término, sin que se acojan tales incidentes o excepciones.
Asimismo, debería establecerse que cuando el Tribunal llegue al convencimiento que un litigio ha sido entablado a sabiendas de que no puede prosperar, o para conseguir otros fines que no son los que emanan de la sentencia judicial que pudiere dictarse, se le faculte para condenar en esas costas al demandante, de manera que este tipo de litigantes sea muy cuidadoso antes de entablar su acción inspirada en otros propósitos. Es el caso, por ejemplo, de medidas precautorias paralizantes u órdenes de no innovar que no son mantenidas, o de demandas interpuestas a sabiendas de su falta de fundamento.
Si se optara por las alternativas propuestas, la longitud de estos juicios podría acortarse notablemente y el tiempo que se ocupa al interponer incidentes o excepciones sin fundamento, podría dedicarse en cambio, a buscar soluciones con la contraparte.

En cuanto al destino que debe darse a los mayores recursos que así pudieran obtenerse, está claro que las costas personales y las procesales, sin incluir el costo del trabajo del tribunal,calculadas de manera seria y eficiente, deben ir como lo es hoy día al litigante que ha sufrido directamente las consecuencias de ese actuar de mala fe.

Respecto de las costas compuestas por el costo del tribunal que actúa, como son, valor de horas hombre, implementos utilizados, amortización del desgaste de maquinarias, etc., fijado todo ello en forma seria y eficiente, debería ir a incrementar los recursos del poder judicial de manera de permitir acudir en ayuda de las múltiples necesidades actualmente existentes y no satisfechas.

Pero para lograrlo, en la condena en costas se debe ser implacable, velando porque recaiga en quienes tienen la real responsabilidad por ellas, que en muchos de los casos será el abogado que se ha prestado para litigar de esta manera.
Tal vez, si con las normas que hoy existen, los tribunales fueran más estrictos en la fijación de las costas podrían conseguirse en parte los objetivos señalados, mientras se busca implementar las que se han propuesto.
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