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Revista Nº 17
ETICA
 
La Ley,
los Jueces y la Conciencia

Por Sergio Urrejola Monckeberg,
Presidente, Colegio de Abogados de Chile

En Octubre del año pasado, un juez del crimen de Valdivia rechazó la objeción de conciencia alegada por un abogado de esa ciudad tras negarse a asumir la defensa de un procesado por tráfico ilícito de drogas, al momento de ser designado abogado de turno. El turno es una carga establecida por el Código Orgánico de Tribunales para los abogados que ejercen la profesión en una jurisdicción determinada y es una institución concebida básicamente como un beneficio a las personas que, por razones de pobreza en la gran mayoría de los casos, no tienen quién las defienda en juicio.
La negativa del abogado de Valdivia a litigar a favor de una persona procesada por narcotráfico, no se funda en la mala voluntad ni en el capricho ni en nada que se le parezca. Aquí no estamos frente a una coartada para eludir una carga profesional simplemente ingrata. En realidad estamos frente a una decisión de integridad personal que impidió a un colega honorable, de larga trayectoria y bien ganado prestigio en la región, actuar en contra de sus principios y de su propio código ético. Es más: no se necesita extremar mucho las cosas para imaginar que, con el propósito de evitarse problemas y conflictos con el juez de su jurisdicción, el abogado en cuestión, que asumió la defensa sin reparo alguno en 25 causas el año 1997 y 20 causas el año 1998, y rechazó solo ésta, bien podría haber optado por una defensa descomprometida y mediocre. ¿ Para qué hacerse mala sangre, diría alguien desde la cazurrería? Bajo un prisma estrictamente pragmático, por esa vía perfectamente habría salido del paso. Pero esta alternativa habría tenido un costo moral altísimo, en términos tanto de insatisfacción personal -por estar defendiendo lo que juzga indefendible- como de frustración de su patrocinado, en función de la tibieza con que de hecho lo hubiera defendido.
El abogado desestimó estas inmoralidades -eso es lo que son- e hizo lo único decente y honesto que cabía hacer ante la disyuntiva que se le planteó: rechazó el patrocinio. Ningún abogado está obligado a defender las causas en las cuales no cree o que violentan su conciencia moral. Nadie puede ser obligado a realizar lo que repugna a su conciencia.
El abogado, sin embargo, al actuar como lo hizo, quedó expuesto a una sanción y a sucesivas incomprensiones. El juez que le había asignado la causa rechazó la excusa de conciencia formulada al señalar simplemente que, "no estando contempladas en la ley las objeciones de conciencia para excusarse de cumplir con la obligación legal contemplada en los artículos 591 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, no ha lugar". Clarísimo. Si el Código no la contempla, la conciencia no existe. El mismo tribunal sancionó al abogado semanas después con una suspensión por quince días del ejercicio de la profesión en todo el territorio jurisdiccional de la Iltma. Corte de Valdivia; o sea, Valdivia y Osorno.
Con posterioridad, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia, conociendo una reclamación en contra de esa medida, rechazó el reclamo sin más argumento que "Vistos: con el mérito de lo informado (por el Juez) se rechaza el reclamo deducido a fojas 1. Comuníquese y archívese". Contra esa resolución se interpuso un recurso de protección que conoció una sala de esa propia Corte, que procedieron a integrar con el único ministro que no estuvo en el pleno de la misma y dos fiscales. (Sic) El episodio fue más curioso, porque por el recurrente alegó en la oportunidad su representante, un abogado habilitado, y por la parte recurrida la Corte admitió el alegato de uno de sus ministros, en opinión nuestra, una abierta transgresión del artículo 527 del Código Orgánico de Tribunales que dispone que las defensas orales ante cualquier tribunal de la República sólo podrán hacerse por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, situación en que no está un Ministro de la Corte. Curiosa asimetría judicial: la conciencia no vale porque el Código no la nombra; el alegato de quien no está habilitado sirve aunque el Código la prohíba (artículo 316 del Código Orgánico de Tribunales "Es prohibido a los jueces ejercer la abogacía").
Después de todo esto, la apelación del recurso de protección fue resuelta por la Corte Suprema. Donde esperábamos una decisión de gran trascendencia, resultó un fallo de oficio, que dejó sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la profesión, porque la Corte estimó que al abogado no le correspondía asumir la defensa del acusado como abogado de turno y por lo tanto, resultaba innecesario pronunciarse sobre las razones que invocó para excusarse de tal obligación. No se trataba pues, de una cuestión de efectos prácticos, desde luego. A esas alturas, la sanción aplicada ya se había cumplido, y el hecho desgraciadamente es irreversible. Pero el asunto es de principios y, en este sentido, tenía y tiene más vigencia.
El derecho de cada cual a actuar según su propia conciencia, según el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, está asociado al valor de la libertad. ¿Somos o no sujetos libres para elegir, para pensar como queramos, para expresar nuestras opiniones, para actuar según nuestras convicciones y objetivos de vida? ¿Cabe o no cabe en nuestro ordenamiento jurídico la dignidad asociada a toda persona humana? Estas preguntas no son teóricas. De partida, una sociedad fundada en la libertad individual no puede obligar a las personas a realizar aquello que contradice sus pautas éticas de conducta y sus más profundas convicciones.
En este caso las cosas han ido quizás demasiado lejos. Una de las resoluciones judiciales que rolan en la causa, señala en el fondo que el hecho de defender a un narcotraficante no viola la conciencia del profesional que la realiza. ¿Con qué derecho un juez puede decir algo así? ¿Qué sabe él de los valores y principios de índole moral que animan el trabajo profesional del abogado que rehusó defender a una persona con prontuario, inculpada de un delito infame y especialmente hipócrita en sociedades como la nuestra? ¿Son los jueces los llamados a decidir cuándo yo actúo en conciencia y cuándo no? Si así fuera, ¿no estaríamos acaso en presencia de una dictadura judicial, particularmente intolerable en la medida en que confisca espacios inviolables de autonomía e intimidad personal?
La tentación de lo absoluto es una forma especialmente artera de la corrupción de la justicia y representa un camino seguro de degradación. Escribe Monseñor Jorge Mejía, ex vicepresidente de la Comisión Justicia y Paz de la Santa Sede: "Un hombre o una mujer que se descubren poco a poco dueños, por así decir, de la libertad, del futuro y, en ciertos casos (todavía actuales) de la vida de sus semejantes, pueden autocomprenderse como una especie de demiurgos que no deben cuenta de sus decisiones o de la colaboración a las mismas, sino eventualmente al sistema... Como si dijeran: somos señores supremos y no tenemos a nadie sobre nosotros. Según se advierte, es la forma de corrupción que amenaza la característica distintiva de la justicia: la independencia de los otros poderes civiles y, así, de todo poder terreno".
Está bien: la objeción de conciencia no puede ser un saco donde los individuos oportunistas pueden meter cualquier cosa y justificar cualquier excepción a sus responsabilidades ciudadanas o cívicas. Un abogado que haya estado toda su vida al servicio de las mafias no puede de la noche a la mañana aducir reparos de orden moral para rechazar la defensa de un narcotraficante. Del mismo modo, tampoco es serio que un pandillero de conducta particularmente violenta, invoque razones de conciencia para negarse al servicio militar. Los jueces tienen derecho a calificar la seriedad de los argumentos, pero no tienen ningún derecho a decidir por sí y ante sí que una conducta asociada a tensiones éticas objetivas no transgrede el código moral de un individuo decente y con trayectoria impecable de decencia.
Estas tensiones éticas no son una ficción y están expresamente reconocidas en el ordenamiento legal. La ley 19.366, por ejemplo, dispone en su artículo 51 que los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados de la administración del Estado, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de inculpados o procesados por crímenes, simples delitos o faltas relacionadas con el narcotráfico y la asociación ilícita para el lavado de dinero. Siendo así, la situación es muy paradójica: el Estado -con razón- se muestra extremadamente celoso en el plano normativo al jugarse por la integridad de su gente; el mismo Estado, no obstante, en la práctica después sanciona -inexplicablemente- a un abogado por la supuesta falta de querer seguir siendo un profesional íntegro. ¿En qué quedamos?
El caso de Valdivia compromete los valores de la libertad personal, de la dignidad profesional y de la autonomía de la conciencia ética, entre otros, y sería bueno que la Corte Suprema así lo reconociera. Pero la causa también involucra -es cierto- el derecho de toda persona a tener asistencia judicial y a ser defendida ante los tribunales de justicia. Esta garantía constitucional, sin embargo, no puede primar sobre las otras y, en la eventualidad de conflicto, las normas deberían contener un mecanismo llamado a compatibilizar los distintos bienes jurídicos comprometidos. Antes, ese mecanismo existía. Cuando el abogado de turno rechazaba el patrocinio de una causa, el Colegio de Abogados tenía que designar un profesional en su reemplazo. Hoy, desde que los colegios profesionales pasaron a ser asociaciones gremiales con poderes disminuidos, esa disposición no existe y el vacío legal es evidente. Tratar de cubrirlo, sin embargo, a costa de la dignidad de los abogados y de su conciencia moral no es sólo un error jurídico de proporciones sino también un pésimo síntoma. Un síntoma muy inoportuno, por lo demás. Un sistema judicial indiferente a la conciencia ética de las personas jamás podrá inspirar respeto, confianza y credibilidad en el cuerpo social.
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