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Revista Nº 16
TEMAS
 
Algunas
consideraciones sobre el
derecho a la defensa en Chile
Por Luis Ortiz Quiroga
Abogado,
Consejero del Colegio de Abogados de Chile

La garantía procesal más importante es aquélla que dice relación con el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial, en el marco de un procedimiento legítimo. Sin proceso debido no hay seguridad jurídica, la que implica, de manera irreductiblemente conjunta, la suma de los principios de certeza, legalidad, jerarquía, publicidad e interdicción de la arbitrariedad, única manera de impulsar y cumplir con los valores que persigue toda sociedad civilizada: libertad, igualdad, justicia y orden.

No es éste el momento de describir y precisar el sentido y alcance de cada uno de estos principios que, en su expresión concreta, genera más de un problema. Digamos simplemente que en las realidades sociales de Occidente, los Tribunales Constitucionales, y donde no los hay, las Cortes Supremas, aceptan invariablemente -aunque con matices a veces relevantes- la absoluta obligatoriedad de esos principios, los que, a su vez, en su mayor parte se encuentran incorporados en las Cartas Fundamentales de cada país.

El debido proceso y la normativa en que éste se encarna constituye presupuesto del derecho a la defensa. El art. 19 inciso 3º de la Constitución Política de Chile consagra dicho derecho como una garantía esencial, de manera amplia y sin restricciones. El art. 24 de la Constitución española, después de proclamar en su primer párrafo el derecho de todas las personas a la obtención de la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de los jueces y los tribunales, expresa que la única manera de cumplir satisfactoriamente con dicha tutela jurisdiccional es que ella se produzca sin indefensión. La mayoría de los textos constitucionales iberoamericanos, sea de manera explícita, o bien indirecta, -pero no por ello en forma menos clara- consagran el principio.

El derecho a la defensa puede manifestarse de diversas maneras. Una de ellas dice relación con la facultad inalienable de cada persona a impetrar, sin claudicaciones, el reconocimiento efectivo de los derechos que el Ordenamiento Jurídico le reconoce, mediante actuaciones, las que el interesado puede ejecutar por sí mismo. Así ocurre, por ejemplo, con la presentación de una denuncia por la comisión de un delito; con la presentación de una solicitud en el ámbito administrativo, para el reconocimiento de derechos previsionales; con el reclamo directo que presenta el trabajador despedido ante la autoridad respectiva; o bien, la petición para que se le designe un abogado a fin de que asuma su patrocinio y representación. En todos estos casos es el propio justiciable quien debe desarrollar la actividad necesaria a fin de promover por el cumplimiento de las garantías que el sistema le reconoce.

Ahora bien, preguntémonos ¿Hasta dónde nuestro pueblo, y me refiero especialmente, dentro de ellos, a los más desposeídos tienen conocimiento de los derechos que poseen frente a la justicia?
Las encuestas hechas en Chile sobre este particular, reflejan que existe una gran mayoría -87% aproximadamente- que reconoció saber poco o nada de sus derechos respecto a la justicia, desconocimiento que permanece de manera invariable cualquiera sea la edad o el lugar de residencia del afectado. Es interesante consignar sobre este particular, los resultados y análisis de un estudio empírico llevado en Chile por la Corporación de Promoción Universitaria y el Depto. de Estudios Sociológicos de la Universidad Católica de Chile, publicado en el año 1993, sobre -Justicia y Marginalidad. Percepción de los Pobres. Entre los grandes problemas que se atisban de la lectura atenta del trabajo indicado, entre otros, anotamos los siguientes:

1.- Existe una opinión de la justicia chilena mayoritariamente negativa en la que se comprenden valoraciones que implican indistintamente a los jueces, abogados, actuarios y carabineros. La opinión positiva, en orden decreciente, era para carabineros 29,4%; para los jueces 24%; para los abogados 18,2% y para los actuarios 15,1%. La opinión derechamente negativa era en un 44,7% para los abogados, 39,8% para los carabineros; 38% para los jueces y 33% para los actuarios.

2.- Entre las aspiraciones más repetidas y consideradas más necesarias por los encuestados, para mejorar la justicia, está que se le den a conocer sus derechos. Una mayoría abrumadora declara conocer poco o nada de sus derechos en relación a la justicia.

3.- La experiencia de haber comparecido ante un juez, o de haber tratado algún problema legal, asesorándose con un abogado, de haber declarado ante un actuario o de haberse visto envuelto en procedimientos administrativos con carabineros, genera una influencia decisiva en la opinión que se tiene de estos personeros. Así, quienes han tenido contacto directo con ellos tienden a dar opiniones menos desfavorables.

4.- Carabineros aparece incluido entre las tres más importantes instituciones para la administración de justicia en el país. Las opiniones negativas mayoritarias sobre esta institución se manifiestan expresando que éstos abusan de su autoridad, mereciendo especial énfasis la impresión negativa que producen las detenciones hechas por simples sospechas.
5.- La mayoría manifestó no estar en condiciones de conseguir un abogado que lo atendiese gratuitamente en caso de necesidad de manera oportuna, o bien, no tener conocimiento cómo podría obtenerlo. Más de un tercio de los encuestados insiste en la necesidad de disponibilidad de un mayor número de abogados al servicio de los más desposeídos, como uno de los cambios más importantes que podrían mejorar la justicia.

Las experiencias y opiniones vertidas por los sectores populares urbanos que comprendió esta investigación, permite subrayar la íntima vinculación de los problemas jurídicos, relativos al debido proceso y, en especial, al derecho a la defensa, con la realidad social. Mientras la justicia sea mirada por los sectores populares como algo ajeno, predicando sobre derechos que, en general, los justiciables ignoran, y representados por letrados advertidos como inaccesibles; mientras la justicia sea percibida como una expresión de poder que -correcta o equivocadamente- permite creer que con un conflicto jurisdiccional el más rico tiene mayores posibilidades de ganar; mientras los sectores más desposeídos piensen que hay un mundo de los pobres diferentes del resto, al cual se le trata de manera distinta, porque la policía los detiene porque andan mal vestidos, o se les trate de manera abusiva o prepotente; mientras todo eso perdure, se hace extraordinariamente difícil, por no decir utópico, la aplicación de todos los principios encarnados procesalmente en el "debido proceso", puesto que para que exista acceso igualitario a la justicia se requiere que todos los hombres, sin distinción, tengan confianza y crean en ella.
Esta es una labor pendiente que se subordina en gran medida al esfuerzo y comprensión de los abogados, pero de manera más directa a los esfuerzos de nuestras autoridades, para terminar con la marginación cultural y económico social. Aún cuando objetivamente se han hecho progresos muy notables en este sentido en los últimos años, todavía queda mucho por hacer.
El derecho a la defensa que de manera directa puede intentar el justiciable, empero, se encuentra íntimamente vinculado con los derechos de la defensa cuando éste acude a un abogado. No es lo mismo el derecho a la defensa que los derechos de la defensa. Uno y otro se encuentran íntimamente vinculados, puesto que nada se sacaría en limpio en favor de un auténtico proceso legal, que hubiese un amplio y fácil acceso para que el afectado pudiese contratar a un abogado si éste, en último término, careciera de las herramientas necesarias para hacer efectivo los derechos de su cliente. Es ésta una segunda manifestación del derecho de defensa y que se vincula de manera directa con la labor que desempeñamos los abogados.
La tarea del abogado se manifiesta fundamentalmente "abogando", esto es defendiendo al representado, desde distintos puntos de vista, ya sea ante el juez o la administración o bien, negociando o aconsejando. Cabe resaltar la elevada función, única que tiene rango constitucional en nuestro país, que lleva a cabo el abogado quien, además de lo que hemos dicho, es un verdadero depositario para ejercer la tutela de los derechos de sus connacionales, un intérprete sabio de la ley que, más que el equilibrio formal, busca la justicia. En una palabra, un auténtico defensor del Estado de Derecho en sus múltiples facetas. Para llevar a cabo tan alto cometido se hace indispensable, en primer término, la existencia de una justicia independiente. El derecho de la defensa sólo cabe cuando existen tribunales independientes e imparciales donde es posible lograr la protección efectiva del justiciable; donde se respeta el principio de igualdad, de manera que los medios y herramientas de que se vale acusación y defensa sean equivalentes; donde cualquier ciudadano tenga libremente la posibilidad de elegir a un abogado; donde todo acusado por un supuesto delito sea presumido inocente, hasta que no se demuestre su efectiva culpabilidad a través de un procedimiento público, y en el cual haya contado con todas las garantías necesarias para su defensa. Donde la carga de la prueba pese sobre la acusación y no sea invertida; donde la culpa personal deba probarse en cada situación y no sea presumida; donde no haya responsables colectivos, sino personales, donde las leyes no puedan violar principios esenciales, como la irretroactividad de la ley penal, legalidad, y el de -non bis in idem; donde el justiciable cuente con medios que le permitan reclamar de manera efectiva y oportuna en contra de los actos abusivos de la autoridad, disponiendo de recursos directos ante los tribunales; donde ningún acusado puede ser obligado a declararse culpable; donde la detención provisional antes del juicio, es decretada sólo excepcionalmente; donde ningún acusado ni ningún testigo pueda ser objeto de coacciones físicas o psicológicas; y cuando los elementos de prueba obtenidos por medios irregulares no puedan ser utilizados en contra del acusado, para sólo nombrar los más importantes.

La defensa del abogado implica libertad para preparar sin trabas una defensa de acuerdo a las exigencias de la justicia, pudiendo comunicarse libremente con el acusado, sin limitaciones ni peligro de ser interceptado en su labor profesional.
Esta libertad del abogado va precedida de la amplia facultad de éste para aceptar o rechazar cualquier asunto. Incluso en las comisiones de oficio o en intervenciones hechas con fines de asistencia judicial, tendrá siempre dicho derecho a excusarse si media un motivo legítimo. Por último, cabe recalcar la necesidad de que el Ordenamiento Jurídico proteja de manera absoluta el carácter de confidencialidad de las relaciones existentes entre abogado y cliente, no pudiendo el abogado bajo circunstancia alguna ser obligado a revelar el secreto profesional, protección que debe extenderse a sus expedientes, documentos y archivos.

Sólo en la medida que las referidas exigencias se cumplan de manera efectiva estaremos en condiciones de afirmar que la amplia garantía del derecho a la defensa se cumple.
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