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Revista Nº 16
TEMAS
 
El Ministerio Público:
Características y Perfil del
Fiscal Nacional
Por Guillermo Piedrabuena Richard
Abogado,
Consejero del Colegio de Abogados de Chile.

La Universidad Diego Portales, con el patrocinio del Colegio de Abogados de Chile y la Fundación Paz Ciudadana, organizó un foro sobre el tema que tituló: "El Ministerio Público, Características y Perfil del Fiscal Nacional". Los panelistas designados fueron don Sergio Urrejola, Presidente del Colegio de Abogados de Chile, don Luis Bates, ex-Presidente del Consejo de Defensa del Estado; y don Carlos Valdivieso, Gerente General de la Fundación Paz Ciudadana.

El foro contó además, con la asistencia de una importante concurrencia entre la que se encontraban profesores de varias universidades, miembros del Poder Judicial, abogados, alumnos, representantes de la Policía de Investigaciones, etc. El encuentro fue dirigido por dos Profesores del Departamento de Derecho Penal de dicha Universidad y el método de discusión consistió en tres rondas de preguntas dirigidas a los panelistas y luego se continuó con una ronda de preguntas y observaciones de los profesores y público asistentes.

Si bien el objetivo del foro consistía en la discusión del perfil y característica del Fiscal Nacional, las distintas intervenciones derivaron en otros temas relacionados con la reforma procesal penal, tales como las relaciones del Ministerio Público con la Policía, la legitimación social y política del Fiscal Nacional, la legitimación o desligitimación de la intervención de la Corte Suprema en el proceso de designación del Fiscal Nacional, sus excesivos poderes y como podía ser controlado para evitar excesos, etc. Es dable destacar que algunos docentes de la Universidad organizadora del evento manifestaron sus reservas en cuanto al rol de la Corte Suprema en la selección de la quina para Fiscal Nacional, ya que en su opinión dicha institución estaría deslegitimizada social y políticamente para intervenir en el proceso de su designación.

Nuestra opinión es que se abordaron demasiados temas importantes como para profundizar ninguno de ellos y en especial, no se agotó el tema central sobre el perfil y características del nuevo Fiscal Nacional.

Por lo anterior, me propongo en este artículo ahondar en el tema de cuales serían las características y perfil del Fiscal Nacional, pero partiendo de la base de la reforma constitucional ya aprobada y de las principales disposiciones y criterios que informan los proyectos de ley pendientes en el Congreso sobre Ley Orgánica del Ministerio Público y sobre el nuevo Código Procesal Penal.

Desde nuestra perspectiva, no nos parece adecuado a estas alturas de la tramitación de estos proyectos y dado el consenso político que se ha generado en torno a ellos, replantear fórmulas o aspiraciones que se oponen a la reforma constitucional ya aprobada, sin perjuicio que al cabo de un tiempo de aplicación práctica del nuevo sistema procesal penal, se puedan proponer reformas o ajustes a éste. Así, por ejemplo no tiene sentido discrepar de la intervención de la Corte Suprema en la formación de la quina para Fiscal Nacional, materia que está resuelta en la reforma constitucional.

En nuestro concepto, las características y/o perfil del nuevo Fiscal Nacional pueden agruparse en los siguientes aspectos que pasan a explicarse en forma resumida.

1.- Conocimiento en profundidad de todos los proyectos de la reforma procesal (alrededor de seis), incluyendo su historia fidedigna y los precedentes del derecho comparado en que se inspira el nuevo sistema. Los proyectos que conforman el conjunto de iniciativas relacionadas con la reforma procesal penal son los siguientes:

a) Reforma constitucional aprobada por la ley 19.519 que, entre otras modificaciones, introduce un capítulo nuevo VI A sobre Ministerio Público que entrará en vigencia cuando lo determine la Ley Orgánica del Ministerio Público.

b) Proyecto sobre Ley Orgánica del nuevo Ministerio Público. Este proyecto fue aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, en enero de 1999, y se encuentra aprobado en general por el Senado y pendiente su aprobación particular, una vez que se despache el segundo informe por su Comisión de Legislación.

c) Proyecto sobre nuevo Código Procesal Penal. Este proyecto fue aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, en enero de 1998, y se encuentra aprobado en general por el Senado y pendiente su aprobación particular, una vez que se despache el segundo informe por su Comisión de Legislación.

d) Proyecto de ley que modifica varias leyes misceláneas para adecuarlas al nuevo sistema procesal penal.

Este proyecto fue aprobado en primer trámite constitucional, en enero de 1999, por la Cámara de Diputados, encontrándose pendiente su estudio en la Comisión de Legislación del Senado.

e) Proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales con el objeto de crear los Tribunales de garantía y los Tribunales Orales necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema procesal penal.

Este proyecto se encuentra pendiente en la Comisión de Legislación del Senado.
f) Proyecto que establece la defensoría pública en el nuevo sistema procesal penal.

Este proyecto estaría redactado, luego de varias reformulaciones, y se encontraría en fase de revisión por la secretaría General de la Presidencia de la República, sin que haya sido enviado aún al Congreso Nacional.

Este conocimiento es fundamental cuando deba organizarse un nuevo Servicio que parte de la nada. El Fiscal Nacional debe estar debidamente interiorizado de todos estos proyectos y además conocer las interrelaciones entre las normativas de las distintas iniciativas para evitar contradicciones en la aplicación de las leyes y para dirigir una efectiva labor de información y capacitación dentro del nuevo Servicio.

2.- En los primeros años, el Fiscal Nacional deberá promover las adecuaciones y complementaciones que necesariamente deberán hacerse a las primeras leyes de la reforma procesal penal.

La experiencia y la realidad demostrarán que será necesario corregir defectos y/o vacíos legales. Asimismo, deberá aprovechar la contribución del mundo jurídico con sus críticas porque ello será un importante aporte a esta labor de complementación, la que deberá explicarse al Gobierno, al Poder Judicial, al Parlamento y a la opinión pública.

3.- El Fiscal Nacional tendrá que ser escuchado en las distintas leyes cuyos proyectos queden pendientes, no obstante aprobarse en primer término la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Ello ocurrirá probablemente porque transcurrirá un lapso de meses y hasta más de un año desde que se apruebe la Ley Orgánica del Ministerio Público y se designe el Fiscal Nacional antes de que comience a operar el nuevo proceso penal por encontrarse pendiente algunas leyes fundamentales, en su tramitación en el Congreso. De allí que será necesario que concurra a las Comisiones del Congreso para expresar su punto de vista respecto a las reformas legales pendientes.

4.- El Fiscal Nacional debe además tener un profundo conocimiento de las leyes y jurisprudencia del antiguo proceso penal.
Ello es así tanto porque ambos sistemas coexistirán varios años y además porque al conocerse profundamente la realidad actual, podrán evitarse vicios y deformaciones que dificulten la implantación del nuevo sistema. Según la disposición trigésimo sexta transitoria de la Constitución, introducida por la ley 19.519, la reforma del Ministerio Público se aplicará exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de las modificaciones que introdujeron un capítulo VI a la Constitución y de las nuevas normas que establecerá la Ley Orgánica del Ministerio Público y las modificaciones al Código de Procedimiento Penal y Orgánico de Tribunales.

Lo anterior significa, en nuestro concepto, que continuará rigiendo el sistema antiguo a lo menos cinco años desde que entren en vigencia las nuevas disposiciones, ya que se ha escogido un sistema gradual de aplicación de la nueva legislación. Esta apreciación difiere un tanto de los asesores del proyecto que modifica el Código Orgánico quienes sostienen que en un plazo no superior a dos años terminarían todos los procesos que se rigen el sistema antiguo.

Sin embargo, en el sistema antiguo continuarán funcionando en el proceso penal los Fiscales que pasan a denominarse Fiscales Judiciales y los Fiscales del nuevo Ministerio Público sólo participarán de los procesos penales que se rijan por las nuevas normas.

En todo caso, el Fiscal Nacional junto con conocer el nuevo sistema, también tendrá que conocer profundamente el antiguo sistema, tanto por la coexistencia de ambos en un lapso de tiempo considerable como porque será necesario evitar muchos de los defectos actuales cuando se aplique el nuevo sistema.

5.- El Fiscal Nacional debe tener capacidad docente como para explicar al mundo jurídico (universidades, abogados, jueces, etc.) el contenido y la sustancia del nuevo sistema y tener una respuesta adecuada a las numerosas interrogantes que se plantearán desde el primer momento.

6.- El nuevo Fiscal Nacional deberá procurar tener las mejores relaciones con la judicatura.
Este punto es muy sensible, porque de una u otra forma, los jueces sienten que el cambio de sistema representa una crítica a su actuación y esta crítica la consideran injusta porque desde su punto de vista rindieron en el máximo, dentro de sus posibilidades. Los jueces tienen presente la dramática escasez de recursos y los nuevos recursos bastante más cuantiosos que el Estado entregará al nuevo sistema de administración de justicia penal.

Por otra parte, el nuevo Código Procesal Penal establece numerosos controles sobre la instrucción a cargo del Juez de Garantía y además determinadas actuaciones de la instrucción son celebradas en presencia del órgano jurisdiccional, todo ello sin perjuicio de la actuación del Juez en el juicio oral propiamente tal y en la preparación de éste.

Todo indica que se producirá una estrecha interrelación entre el nuevo Ministerio Público y la judicatura y el Fiscal Nacional deberá ser muy cuidadoso para evitar conflictos innecesarios y respetar, en su caso, la primacía de la jurisdicción.

7.- El nuevo Fiscal Nacional deberá ser transparente en sus procedimientos, aún cuando deberá ser celoso en su independencia y en la defensa de sus prerrogativas para dirigir las investigaciones.

Muchos querrán presionar o influenciar de una u otra manera al nuevo Fiscal y si éste se deja influenciar el Servicio perderá prestigio prontamente.

La misma presión puede provocarse para los nombramientos del resto de los Fiscales y de todo el personal del nuevo Ministerio Público. Sólo los criterios de estricto profesionalismo y objetividad en la selección del personal, son efectivas garantías de que el nuevo Servicio responda adecuadamente a las aspiraciones de la comunidad nacional.

Finalmente, deberá dar información adecuada a quien la quiera solicitar, sin vulnerar la eficiencia del Servicio. El proyecto de ley orgánica del Ministerio Público contempla varios mecanismos de información tanto al público en general como a la Cámara de Diputados y otros organismos públicos.

8.- El nuevo Fiscal Nacional deberá tener una capacidad organizativa y una gran perseverancia, para echar a andar el nuevo Servicio.

En un plazo no mayor de tres años, el Fiscal Nacional debe echar a andar un Servicio que dispondrá de más de 3.000 funcionarios, incluyendo hasta 600 Fiscales. Considérese que la mayor parte de los nuevos Fiscales serán abogados jóvenes, lo que es preferible desde todo punto de vista porque en general a los abogados más antiguos les será extremadamente difícil aprender y acostumbrarse a un sistema procesal nuevo que no tiene raíces en nuestra tradición jurídica.

Es una tarea complejísima en que deberán efectuarse múltiples nombramientos, dictarse numerosos reglamentos e impartirse seminarios de capacitación a lo largo de todo el país.

9.- El Fiscal Nacional deberá insertarse en una sociedad más moderna, participativa y que exige información adecuada, en el contexto político de una sociedad democrática.

Esta tarea no sólo se cumple con la información que hay que dar al Parlamento, sino que además debe estar abierta a toda la comunidad. El Fiscal Nacional tiene el deber de informar la realidad del papel de los Fiscales y como el proceso de transición hacia el nuevo sistema es gradual y tiene todas las dificultades que tiene un proceso que recién comienza y que no tiene raíces en el sistema judicial chileno. De allí que su tarea de información y capacitación es de la máxima importancia.

Además el Fiscal Nacional, en la reforma procesal penal que ha sido propuesta al Congreso Nacional, es una institución que se inserta en una sociedad democrática y no autoritaria.

En cambio, el Fiscal Nacional en una sociedad autoritaria es un soporte a un nuevo tipo de inquisición que nos haría regresar a un sistema inquisitivo que se quiere superar, pero ciertamente éste no ha sido ni puede ser el modelo aprobado para la sociedad chilena.

10.- La mayor clave del éxito del nuevo Fiscal consistirá en obtener de la autoridad económica, los recursos necesarios para que pueda funcionar el nuevo sistema.

Esta relación deberá ser lo más operativa posible y ojalá cuente con el respaldo político de las nuevas autoridades que se generen a partir del año 2000. La labor de convencimiento del Fiscal Nacional es esencial para superar el burocratismo y la rutina de los entes fiscales.

Al respecto, nos preocupa que tal como fue aprobada la reforma constitucional que estableció el nuevo Ministerio Público y tal como está aceptado hasta ahora, en el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, el nuevo organismo carezca de personalidad jurídica y de patrimonio propio, debiendo sujetarse a la Ley sobre Administración Financiera del Estado. En el Mensaje del Ejecutivo del proyecto primitivo de reforma constitucional, el nuevo Ministerio Público tenía patrimonio y personalidad jurídica propia. Estos atributos fueron suprimidos en la tramitación legislativa, de allí que el éxito del nuevo sistema dependerá indisolublemente de los recursos que año a año se le otorgarán en la Ley de Presupuestos y en su administración estará limitado por las condiciones y exigencias de la Ley de Administración Financiera del Estado.
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