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Revista Nº 16
TEMAS
 
Igualdad
entre Varón y Mujer
Por Gonzalo Ibáñez S.M.
Abogado,
Profesor Universidad Adolfo Ibáñez.

El día 15 de mayo recién pasado, el Congreso Pleno ratificó el proyecto de Reforma Constitucional en cuya virtud se modificó el
art. 1º de nuestra Constitución que decía -Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho- , para que, en adelante, estatuya -Las personas nacen libres e iguales...- , de modo de incluir en su enunciado, sin dejar lugar a la menor duda, a las mujeres. Ciertamente la expresión -hombres- estaba tomada en su sentido genérico aplicable a todo individuo de la especie humana y no en su sentido estricto aplicada sólo a varones. Se reputó, sin embargo más clara la segunda fórmula y así se aprobó. Por este motivo, más adelante, en el Nº 2 del art. 19, se agregó la oración :
-Hombres y mujeres son iguales ante la ley-.

El término Persona : una paradojal evolución

Del término -persona- cabe señalar que el uso que se hace de ella en esta reforma hubiera causado, sin duda, una gruesa sorpresa a los juristas del viejo Imperio Romano. Se sabe bien que esta palabra en su origen fue acuñada para traducir la expresión griega prosopón, esto es, la máscara que, en la Grecia clásica, los actores usaban en el teatro al aire libre y que cumplía dos funciones: por una parte mediante un ingenioso dispositivo, servía de megáfono para aumentar el volumen de la voz y, por otra, mediante las pinturas con que se la revestía, expresaba el papel que cada actor jugaba en la escena. Es el primer aspecto el que los romanos retienen al traducirla por persona, término que deriva de -per sonare-, esto es, -sonar más fuerte- o -sonar a través-. Pero, el significado que le dan tiene que ver más con el otro objetivo cual es el de representar gráficamente el distinto papel que cada actor jugaba en la obra de teatro. En este sentido, las personas no eran nunca iguales, porque cada actor representaba un papel distinto. Por eso, nunca se hablaba de persona en singular, sino siempre en plural: las dramatis personae, todas, por supuesto, distintas.

No fue extraño entonces que, del ámbito teatral, el término derivara al ámbito jurídico, para expresar precisamente la distinta función que al interior del mundo del derecho cumple cada individuo. En un proceso judicial, por ejemplo, es distinta la función del juez a la de las partes; como también es distinta la función de los abogados, testigos, peritos, secretarios, etc. Con todo, las distinciones y diferencias van mucho más allá de las que quedan en evidencia en un proceso judicial. El derecho como ciencia y como arte se preocupa de conocer cuál es la mejor repartición que se puede hacer de diferentes objetos -bienes, cargos, cargas, penas, honores- entre seres humanos, pues éstos son todos distintos. Así, si se trata de repartir cargas físicas habrá que atenerse a la distinta fortaleza de cada uno. Si se trata de repartir cargos habrá que atenerse a la distinta capacidad y experiencia de cada uno. A lo suyo de cada uno en estas reparticiones la ciencia jurídica lo denomina derecho en sentido estricto. Este, como podrá advertirse, rara vez es el mismo para todos los individuos entre los que se opera la repartición; es, más bien, la proporción que a cada persona le corresponde en el objeto que se reparte. Por eso, los mismos romanos definieron a la justicia como la voluntad de dar a cada uno lo suyo -su derecho, el ius- y no a todos lo mismo. Desde el punto de vista jurídico, entonces, todos los individuos de la especie humana son personas no porque sean iguales sino, precisamente, porque son distintos. Por ello, contra lo que podría creerse hoy, la prudente discriminación y no la simple indiscriminación es un elemento esencial de la justicia. Sucede, por cierto, que no cualquier discriminación es prudente y que, muchas veces, por el contrario, es arbitraria. Por eso conviene siempre entender el art. 1º de la Constitución a la luz de lo que dispone el artículo 19 Nº 2 en su párrafo segundo que no prohibe a la ley toda discriminación, sino aquéllas que, precisamente, son arbitrarias. Es decir, la igualdad a la que se refiere la Constitución no es ni se puede ser simplemente aritmética; se trata claramente de una igualdad de proporción.

No es del caso explicar en esta oportunidad cómo, a lo largo de siglos, el término persona pasó a significar exactamente lo contrario de lo que significaba en su origen, pero sí es del caso recordar cómo ese sentido original se mantiene en algunos vocablos derivados. Así, por ejemplo, -personaje-, que además expresa ese sentido en su lugar original, esto es, el teatro. Y, más importante, la palabra -personalidad-, que significa aquello que hay de œnico, esencial e irrepetible en cada individuo humano. Es decir, aquello que lo hace idéntico a sí mismo y diferente a todos los demás. Esta es la razón de por qué es necesario explicar con toda claridad la disposición constitucional que señala que las personas son iguales y gozan de los mismo derechos, para evitar así que un igualitarismo dogmático termine por hacer del todo imposible la justicia. Para ello es menester también volver al significado del término derecho.

El término Derecho y su acepción original y precisa

En un mundo como el nuestro, acostumbrado a hablar hasta la exasperación de la igualdad de derechos, lo que acabo de concluir parecerá, sin duda, un despropósito. Sin embargo, podrá apreciarse que no es así si, además de lo que hemos mencionado acerca del sentido original del término persona, apreciamos un poco más a fondo qué se entendía en el mundo romano por derecho. Ya hemos dicho que en una repartición de objetos como bienes, cargos, cargas, penas, honores, etc. lo suyo de cada uno recibía ese nombre de derecho ius. Pero este hecho no era un puro beneficio, sino que siempre indisolublemente, una responsabilidad. El heredero que recibía su porción en la herencia no recibía, por ese hecho, sólo un beneficio, sino más bien la responsabilidad de administrar con prudencia esa porción. Quién recibía una porción de tiempo o de papel para hacer uso de su libertad de expresión, no era para injuriar a otro sino para hacer un uso responsable de esa libertad. Es, por lo demás, el sentido original del término propiedad lo que aquí está en juego. Lo suyo es lo mismo que lo propio y eso que es propio de alguien determina exactamente su cuota de responsabilidad. Decir derecho es, pues, lo mismo que decir propiedad y, en definitiva, lo mismo que decir responsabilidad. ÁQué lejos queda así esta vieja concepción romana de aquélla que tenemos hoy día y en virtud de la cual el derecho de cada uno ha pasado a ser sinónimo de franquicia, de libertad sin límites, de algo que está para ser gozado y, además, irrestrictamente, esto es, sin restricción! Pero, no por estar lejos debemos olvidarla, ni podemos hacerlo, porque de su vigencia depende, al fin y al cabo, la estabilidad, el buen orden, la paz social y el progreso de una sociedad como la nuestra: por cierto que recordar la vieja acepción romana puede ser muy ingrata para el uso demagógico de los términos. El art. 1º de la Constitución gozaría de bastante menos adeptos si su formulación fuera la siguiente:-Los hombres y las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y responsabilidades-. Y, con seguridad, serían muchos los que pensarían dos veces antes de hablar de una igualdad total de responsabilidades. Volvemos entonces a lo mismo: la igual dad de derechos de que se habla en la Constitución no puede entenderse en un sentido meramente aritmético; ella, más bien, debe entenderse como un requerimiento perentorio para que cada persona sea considerada como parte del todo social segœn lo que ella efectivamente es y que, por ende, el hecho de ser tratada como en justicia merece constituye un elemento esencial del bien comœn. Así, si ella es objeto de una discriminación absurda, el daño que se le infiere afecta, además, a todo el cuerpo social.

Hombre y mujeres ¿igualdad o desigualdad?
Lo que hace bella y fascinante a la ciencia jurídica es precisamente este minucioso y arduo trabajo que implica descubrir en los seres humanos, entre los cuales se va a operar la repartición de un determinado objeto, cuál es el criterio de distinción que va a servir para reconocer a cada uno lo suyo y para poder dárselo después. Así, la edad, por ejemplo, es un criterio válido cuando un cargo exige experiencia. El color de la piel no parece ser un criterio válido para casi ninguna repartición, salvo, por ejemplo, cuando en un día de sol rabioso hay que repartir quitasoles y sombreros escasos y, entre las personas, hay varios muy rubicundos o albinos. La estatura también es un criterio válido en algunos casos. El trabajo legislativo asume esta belleza y esta importancia en cuanto su objetivo es precisamente recoger estas diferencias que la experiencia va señalando como pertinentes para expresarlas, en su momento, en textos que orienten el actuar de las personas y la decisión de los jueces puestos en la necesidad de pronunciarse acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo.

La distinción entre varones y mujeres que, por supuesto es muy real, ¿puede ser considerada a la hora de un reparto jurídico?

La respuesta positiva me parece bastante obvia; es perfectamente lógico y necesario tener presente esa diferencia a la hora de repartir muchos tipos de objetos jurídicos, no olvidando nunca que, por muy amplio que sea el abanico de efectos que esa diferencia provoca, hay casos en que invocarla no es pertinente. A la hora de determinar la edad mínima para contraer matrimonio no es de ninguna manera indiferente ser varón o mujer. Es probable, por el contrario, que, a la hora de distribuir empleos, no constituya un buen criterio invocar esa distinción, pero todos los días la prensa trae algœn aviso ofreciendo algœn empleo para el cual, por ejemplo, los candidatos deben ser damas. A la hora de distribuir cargas físicas parece pertinente invocar esa diferencia; pero, en este caso, ese factor de distinción tiene que contrastarse con otros como la edad y la salud, lo cual deja en evidencia un hecho de la mayor importancia: en el mundo real, no hay ninguna mujer que sea igual a otra como tampoco hay un varón que sea igual a otro, por lo cual hablar de igualdad entre ellos es aœn más difícil.

Es poco probable que alguien hable de igualdad jurídica entre mayores, ancianos y niños, porque, a pesar del uso corriente de las palabras, en este caso se hace presente el elemento de responsabilidad que siempre va anexo a los derechos de cada uno. Sin embargo, en el caso de aquello que, al interior de la especie humana es, sin duda, el máximo elemento diferenciador, como el sexo, se pretende esa igualdad. La masculinidad y la femeneidad no son aspectos adjetivos de la personalidad, como la estatura, el color de la piel o la edad o, aun, la cultura o el coeficiente intelectual. Son, al contrario, aspectos definitorios de una de las dos œnicas maneras en que se puede ser persona humana: varón o mujer. Y, como aspectos definitorios que son, ellos se hacen presentes a la hora de distribuir no tanto objetos importantes pero secundarios al interior de la vida social, sino sobre todo, las tareas más fundamentales que hemos de realizar para llevar nuestra naturaleza humana a su plenitud.

Si en esta reforma se hubieran puesto en entredicho los conceptos que antes he defendido mi posición hubiera sido negativa, porque me asiste la certeza de que se estaría implantando ese igualitarismo dogmático que va a terminar por arruinar la vida de varones y mujeres por igual y, por ende, la misma vida social. De lo que se trata, sin embargo, es de algo muy distinto.

Sucede que, no en una Edad Media a la cual se le quieren achacar todos los males de la humanidad, sino en nuestra mismísima edad contemporánea hemos visto desarrollarse una concepción de vida que abiertamente en algunos casos, pero en forma solapada en los más, menosprecia la función primordial a cuyo cumplimiento -en razón precisamente de su femineidad- las mujeres han consagrado y siguen consagrando lo mejor de sus fuerzas y sus capacidades, esto es, a la procreación de los hijos, a su cuidado y formación, y al cuidado del hogar comœn que cobija a sus familias. Concepción de vida que no sólo menosprecia esa función sino que -peor aœn- ha considerado como inferiores a quienes la han cumplido, esto es a las mujeres. No se trata, pues, de que estemos en presencia de funciones y de personas consideradas distintas, sino netamente inferiores. En esta hipótesis, se invocan las diferencias reales no para hacer justicia dando a cada uno lo suyo, sino para establecer categorías de inferioridad o superioridad que hacen imposible esa justicia. Lo cual, además de ser inaceptable, es tanto más grave cuanto que, de no haber cumplido las mujeres esta función esencialísima con un esmero y sacrificio dignos de la mayor de las admiraciones y de las gratitudes, hace mucho tiempo que la humanidad hubiera desaparecido de la faz del planeta. Constituye un timbre de honor y de gloria de nuestras mujeres el haberse consagrado por entero y sin reservas a este fiel cumplimiento.

Para muchos varones constituye, en cambio, una causa de especial vergüenza el haber colaborado a ese menosprecio y el haber creído que las mujeres constituían una especie inferior por dedicarse a esas labores. Tanto o más grave que ese menosprecio es, sin embargo, la actitud de muchas mujeres que han creído el cuento de esa inferioridad y que, para superarla, comienzan por abandonar esas labores y se suman, después, al coro de quienes las menosprecian.

A estos hechos hemos de contribuir a poner el más pronto término. Desde luego, afirmando que constituye un primer paso en un itinerario de desastres pensar que esas funciones son inferiores. En realidad, no hay otras que puedan asemejárseles en dignidad y excelencia. En seguida, señalando que constituiría un grueso error creer que ellas pueden ser asumidas indiferentemente por varones o por mujeres. Temblemos los varones por nuestro futuro si propiciáramos un error como éste.

Es cierto, por otra parte, que esas funciones no son excluyentes de otras y que, muchas veces, hay mujeres que se ven en la necesidad de acometer trabajos externos al hogar que les permitan sustentar o ayudar a sustentar a sus familias. Por eso, corresponde, en fin, que al interior de una sociedad como la nuestra, el cumplimiento de esas funciones encuentre todo el apoyo y el estímulo que ellas se merecen no sólo por su dignidad intrínseca, sino por constituir la piedra angular sobre la cual se apoya toda la solidez del edificio social.

Apuntando a esta finalidad veo en la reforma que comentamos un laudable afán por restaurar la dignidad femenina en el altísimo lugar que le corresponde, al menos similar a la de los varones, y aprecio en ella la posibilidad de rendir a las mujeres de nuestra patria un tributo de gratitud, homenaje y admiración con la certidumbre, sin embargo de que, por muy completo que ese tributo quiera ser, de hecho, él quedará siempre muy lejos del que ellas, en estricta justicia, merecen.
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