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Revista Nº 31
TEMAS
 
Derechos de los Discapacitados
Hacia una Convención Mundial
Por María Soledad Cisternas R.

Abogada A pesar de numerosos pactos internacionales y regionales, las personas que presentan limitaciones físicas, síquicas o sensoriales continúan siendo objeto de exclusión y discriminación. Por ello, un comité especial de las Naciones Unidas se encuentra trabajando para establecer un acuerdo mundial sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En el mundo cerca de 600 millones de personas son discapacitadas. Considerando la condición de éstas, en la actualidad el concierto internacional se encuentra abocado a la elaboración de un séptimo instrumento jurídico de derechos humanos.
Si bien existen pactos internacionales y regionales que reconocen y declaran los derechos fundamentales que asisten a todas las personas en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, no es menos cierto que, tras décadas de vigencia de estas normativas, persisten marcadas realidades de exclusión, carencia, abandono e incluso discriminación respecto de amplios sectores que presentan limitaciones en los planos físicos, sensoriales, mentales y síquicos.

Las variables cuantitativas y cualitativas involucradas en esta temática han motivado la convicción y el trabajo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, cuya Resolución 56/168, aprobada el 19 de diciembre de 2001, establece la creación de un Comité especial abierto a la participación de todos los Estados miembros y observadores para examinar propuestas relativas a una Convención Mundial sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con ello se busca otorgar especificidad a los derechos fundamentales, principalmente en relación a su ejercicio, pero en algunos casos también se analizan aspectos de la capacidad de «goce» de derechos que se ve afectada en determinadas ocasiones. Por ejemplo, la capacidad jurídica de las personas sordas que no manejan los códigos comuni-cacionales de los oyentes.

Este aspecto ha acotado el debate acerca de la estructura que debe tener la Convención. Por una parte, algunos la conciben como un estatuto de derechos y garantías que es menester consagrar pormenorizadamente respecto de cada enunciación. Por otra parte, otros la visualizan como un instrumento que debe abordar la discapacidad desde una perspectiva predominantemente de «no-discriminación» a través de un articulado breve. Aun cuando esta discusión se mantiene en lo formal, el dinamismo del proceso de gestación de la Convención ha ido superando la teoricidad del tópico, ya que la propuesta refundida hasta el tercer período de sesiones del Comité ad hoc de ONU - actividad efectuada en la sede de Naciones Unidas, Nueva York, entre los días 24 de mayo y 4 de junio de 2004- presenta una clara tendencia a otorgar un importante grado de detalle al articulado.

TRABAJO LENTO Y PACIENTE
Dado el carácter transversal del tema, presente en todas las naciones, muchos podrían pensar que esta Convención es de rápido afinamiento en sus aspectos sustantivos y formales. Sin embargo, al hablar de personas con discapacidad como sujetos de derecho de este tratado, debemos situarnos en un enfoque integral del ser humano, que involucra los aspectos más básicos de la existencia -desde el momento de la concepción y hasta la muerte-, como son todas las funciones y tareas que se relacionan con el desenvolvimiento del individuo en sus actividades de la vida diaria y su participación social y política, pero también las adecuaciones del entorno que deben tender a crear condiciones que faciliten grados de autonomía, integración social y desarrollo personal.

En otras palabras, hoy la complejidad del abordamiento temático no sólo implica considerar la deficiencia respecto a estructuras y funciones corporales, sino también la actividad y participación del sujeto en los espacios físicos, el medio ambiente, las políticas públicas y la legislación, entre otros.

Desde esta nueva visión bio-sico-social y ecológica de la discapacidad -transformación conceptual producida tras el decenio de las personas con discapacidad que se inició en 1983 y culminó en 1993 con la proclamación de las Normas Uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de Opor-tunidades de las Personas con Discapacidad- el análisis debe profundizar en campos bioéticos, como el derecho a la vida desde la fase prenatal; la prevención de discapacidad incluso de carácter primario en términos de consejo genético; derechos reproductivos y su limitación en ciertos casos; voluntariedad de la rehabilitación versus avances médicos, e internación y aplicación de ciertos tratamientos frente a determinadas patologías psiquiátricas. Asimismo, el análisis debe considerar áreas que implican una decidida postura de los Estados, incluso con la provisión de recursos económicos específicos para equiparar opor-tunidades en lo educativo, laboral, salud, seguridad social, información, comunicación, cultura, espacio físico, transporte, deporte y recreación, además del derecho a sufragio, el ejercicio de cargos públicos y el acceso a la justicia.

La multifocalidad del tema, sus perspectivas interdisciplinarias y la diferente óptica de los Estados, principalmente en torno a la brecha que en ocasiones se genera entre países desarrollados y en vías de desarrollo, determinan una velocidad moderada en la elaboración del texto que pasará luego a las negociaciones que terminen en la aprobación de la Convención.
El propósito de ésta se ha acotado en «asegurar que las personas con discapacidad disfruten en forma plena, efectiva e igual de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales», en tanto que los objetivos de la misma son «a)La dignidad, autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. b) La no discriminación. c) La plena inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos en pie de igualdad que participan en todos los aspectos de la vida. d) El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la esencia de la condición humana. e) La igualdad de oportunidades».

No obstante se acuerde incorporar en dichos fines la denominada cooperación internacional, que aparece ya enunciada en el preámbulo, un nudo crítico lo constituye la alternativa de precisar esto en un artículo específico, como el propuesto por México, que reseña pormenorizadamente los diversos ámbitos en que se debe verificar dicha cooperación. Esta propuesta es resistida por la Unión Europea, quien se autopercibe como la principal «obligada» con una prescripción de este tipo, que redundaría en un apoyo hacia los países del hemisferio sur, aun cuando se ha contra argumentado que la cooperación se debe entender en diversas direcciones: norte-norte, sur-sur y norte-sur, teniendo en cuenta que esta colaboración entre naciones no se agota sólo en la transferencia de recursos económicos.

DERECHO A LA TECNOLOGÍA ACCESIBLE
Otro vértice de debate será sin duda el mecanismo de monitoreo y seguimiento en el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados. Actualmente existe una relatoría especial sobre discapacidad, la cual puede mantenerse como un agente coadyuvante a las atribuciones y deberes de una comisión de expertos elegidos de entre aquellos que sean presentados por los Estados parte, a fin de constatar los progresos locales en la materia, detectando aquellos lugares y situaciones en que no se esté cumpliendo con lo dispuesto en el articulado. Incluso tendrá que resolverse si dicho estamento estará o no facultado para recibir comunicaciones individuales por afectaciones de derecho o discriminaciones sufridas por personas con discapacidad, posibilidad que no es ajena a la realidad, considerando la histórica dificultad de acceso a la justicia por parte de este colectivo. Particularmente cuando la naturaleza de la discapacidad de que se trata no encuentra un medio acorde para comprender las dificultades fácticas de comunicación que vivencian estos sectores de la población, lo que limita, desde el inicio, llegar a conocer el fondo de los asuntos planteados o defendidos por ellos.

Sin duda, uno de los ejes fundamentales del futuro tratado es la «accesibilidad», en su diversificada gama que implica no sólo el diseño universal de los espacios físicos, sino también todas las modalidades de adaptaciones razonables en el entorno de las personas con discapacidad. Ello va generando la creación de nuevos derechos de tercera generación como el denominado «derecho a la tecnología accesible», vale decir, ayudas tecnológicas con las adecuaciones que les permiten ser un puente para la educación, capacitación laboral y empleo de las personas con discapacidad, a la par de constituir un importante soporte para muchos procesos de rehabilitación.

Como se puede apreciar, numerosas aristas darán riqueza a esta nueva fuente de derecho internacional público en la esfera de los tratados. Y aunque todavía existan debates pendientes en la concreción de derechos específicos, se estima contar con ella en el mediano plazo. La inmensa mayoría de las naciones, consciente de que la discapacidad se ve incrementada por guerras, desnutrición, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, ha manifestado el deseo de consensuar esta normativa en pro de sus nacionales que presentan discapacidad. Más aún, ello se inscribe en el marco de los desafíos que ayudarán a enfrentar las metas del milenio en cuanto a la superación de la pobreza (en razón del circuito que liga discapacidad y pobreza) y también contribuirá a mejorar los índices de desarrollo humano que constituyen el norte de todo desarrollo socio-político inclusivo para el siglo XXI.
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