RUT
Clave
Recuperar Contraseña
Buscar
Revista Nº 31
CONTRAPUNTO
 
Lobby: Un Proyecto al Rojo Posiciones encontradas y un intenso debate ha generado el proyecto sobre el lobby, que modifica la Ley 18.575.
¿ Qué consecuencias traerá regular esta actividad?¿Significará mayor transparencia y control ético o por el contrario aumentará la burocracia? ¿Será positivo o negativo crear un Registro de Lobbistas? Presentamos las opiniones de dos destacados profesionales sobre un tema que cada vez adquiere mayor importancia en la sociedad chilena.
Jorge Burgos Varela
Abogado
Diputado de la República

1. ¿Favorece este Proyecto, efectivamente, una competencia leal y transparente y en definitiva la probidad de los actos públicos?
Estimo que sí, y ello más allá de los perfeccionamientos que puedan hacerse al proyecto durante su tramitación legislativa, la que por lo demás recién comienza. Si analizamos la expresión de motivos del mensaje del ejecutivo -basado esencialmente en una moción, que en conjunto con otros diputados presentáramos hace más de un año- veremos que en primer lugar el proyecto especifica el ámbito y propósito de la ley, determinando que tiene por objeto esencial regular la actividad que, ejercida por personas naturales o jurídicas, consista en promover, defender, o representar los intereses y objetivos legítimos de personas u organizaciones privadas o públicas tendiente a influir en las decisiones que deban adoptar el Congreso Nacional y los órganos de la administración del Estado.

Así, me parece, a lo menos desde el marco teórico, que se busca proteger valores como la transparencia y probidad en actos que por su naturaleza o por cuestiones accidentales pueden o deben ser calificados como públicos.

2.- En una economía en la cual existe una fuerte competencia entre los diversos agentes económicos ¿cómo cree usted que la regulación propuesta evitará que los grupos luchen por obtener decisiones de las autoridades que favorezcan sus intereses, en detrimento de un trato igualitario, a través de recursos mediáticos, ejercicio de influencias y contactos personales?
No pretendo caer en la ilusión o ingenuidad de que bastará la regulación legal del «lobby» para evitar la discriminación arbitraria o conductas tipificables como tráfico de influencias, o fronterizas con aquello. Sin embargo, el proyecto en cuestión propone medidas tendientes a evitar y sancionar tales males, que debieran producir un efecto inhibitorio en su ejecución (registros públicos, prohibiciones, obligaciones, registro de gestiones, sanciones).

3.- El proyecto entrega los requisitos de los lobbistas a un Reglamento y los somete a registros obligatorios. ¿No hay acaso un conflicto de orden constitucional con este tipo de control?
No me parece, pues el Estado tiene la obligación de reglamentar aquellas actividades de particulares, sin que ello signifique establecer discriminaciones arbitrarias, sino por el contrario fijar normas precisas que establezcan mecanismos de competencia leal. Por lo demás, como lo sostiene el proyecto, en una sociedad democrática las decisiones de los órganos públicos deben ser adoptadas con miras al bien común y con el más absoluto respeto a los derechos de las personas, sin que estén ilegítimamente influidas o determinadas por intereses particulares, ni menos aún llevadas a ejecución en deterioro de los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos.

4.- ¿Deberían inscribirse también los abogados y/o los estudios que integran?
No tengo la pretensión de fijar el actuar de mis colegas, simplemente diría que si de la lectura de la ley resulta que parte de la actividad es enmarcable en el concepto de lobby, será prudente y necesario someterse a sus disposiciones.
En consecuencia, legislar con ese objetivo lejos de atentar en contra de la Constitución, permite ejercer derechos y deberes dentro de un marco legal, que como consecuencia directa inhibe o si se quiere atenúa la conculcación o vulneración de garantías.

La definición que el proyecto contiene en su artículo 1° establece que es lobby la actividad de promoción, defensa o representación de intereses legítimos de personas, entidades u organizaciones privadas o públicas, ejercida por personas naturales o jurídicas, con el objeto de influir en las decisiones que deban adoptar los órganos de la Administración del Estado o el Congreso Nacional.

Para los efectos de esta ley se entiende por órganos de la Administración de Estado a los señalados en el artículo 1°, inciso segundo, del DFL Nº1/19653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, incluidas las empresas en que el Estado o sus organismos tengan participación.

Davor Harasic Yaksic
Abogado

1. ¿Favorece este Proyecto, efecti-vamente, una competencia leal y trans-parente y en definitiva la probidad de los actos públicos?

El legislar sobre el tema es ya un avance frente a la situación actual, en la que siendo el «lobbying» una realidad tanto a nivel particular-nacional, internacional y estatal, no se encuentra normado. En lo nacional, se sabe que una importante oficina «lobbista» de Santiago tiene una tarifa preestablecida de entre 100 a 150 UF mensuales por sus servicios. En lo internacional, la industria salmonera habría pagado más de 14 millones de dólares para el lobby por acusaciones de dumping. Y en lo estatal, Chile pagó cerca de 6 millones de dólares a lobbistas de Washington, con ocasión de la negociación del TLC.

Ello genera inconvenientes, vinculados con la falta de transparencia, y torna al lobby fácilmente confundible con actuaciones per se ilegítimas, como el tráfico de influencias. Una adecuada regulación favorece la publicidad y con ella la probidad de los actos públicos; tiende a poner a disposición de la ciudadanía toda la información sobre la toma de decisiones del sector público y quienes intervienen; transparenta las posiciones e intenciones reales de los grupos de interés ante asuntos de interés público; y facilita la fiscalización de la actividad, entre otros.

El proyecto crea dos «Registros Públicos de Lobbistas», uno en la administración, a cargo del Ministerio de Justicia, y otro en cada cámara del Congreso Nacional, administrado por la Comisión de Ética de cada una de ellas. Podría afirmarse que bastaría con que algunos que gestionan intereses no se inscriban para privar de eficacia a la ley, pero no nos parece que sea tan simple.

En efecto, el proyecto también crea un «Registro de las Gestiones en las Instituciones Públicas», singularizando las autoridades y funcionarios que deberán llevar dichos registros, quienes deberán contar con procedimientos de constancia de las reuniones y comunicaciones efectuadas. Entendemos que las anotaciones en esto último no están sólo circunscritas a lo actuado por aquellos que pueden ser comprendidos dentro de la categoría de «lobbistas profesionales» que crea la ley, sino a cualquier «lobbista o gestor de intereses». Con ello se lograría evitar que aun cuando una persona no esté inscrita en el Registro -y, por ende, no sea lobbista profesional -sus actividades de lobby -si las realiza- queden igualmente registradas, protegiendo la transparencia y probidad que se quiere preservar.

No obstante, durante la discusión del proyecto deberá considerarse cómo evitar que el sistema se burocratice en exceso, a extremo de que caiga en desuso, y cómo lograr que sea fácil llevar el Registro de Gestiones en las instituciones públicas, evitando que con estas exigencias se esté incentivando efectuar estas actividades fuera de los lugares donde las autoridades ejercen sus funciones (comidas, viajes, reuniones, etc.), lo cual -aparentemente- no sería difícil estableciendo sanciones eficaces.

2.- En una economía en la cual existe una fuerte competencia entre los diversos agentes económicos ¿cómo cree usted que la regulación propuesta evitará que los grupos luchen por obtener decisiones de las autoridades que favorezcan sus intereses, en detrimento de un trato igualitario, a través de recursos mediáticos, ejercicio de influencias y contactos personales?
La igualdad es extremadamente importante. No parece que sea posible intentar por ley evitar las diferencias que en el hecho existen debido, fundamentalmente, a razones de posición económica o de propiedad o acceso a los medios de comunicación. Sí debe preocuparse la legislación de contemplar los mecanismos necesarios para dar posibilidad a los distintos grupos con intereses contrapuestos de hacer escuchar con igual fuerza su voz, disponiendo, por ejemplo -como lo hace un proyecto de ley- que cuando la autoridad conceda una audiencia a un lobbista, esté obligada a otorgar una audiencia a los grupos de interés opuestos o diferentes a los que éste representa, llegando incluso al extremo de fijar una audiencia pública al efecto. Ésta debería ser anunciada con la antelación suficiente, asegurándose de que sea adecuadamente noticiada. Entendemos, en este sentido, que en el sistema judicial norteamericano un juez no puede reunirse con el abogado de una de las partes sin estar la otra presente.

3.- El proyecto entrega los requisitos de los lobbistas a un Reglamento y los somete a registros obligatorios. ¿No hay acaso un conflicto de orden constitucional con este tipo de control?
No hemos estudiado suficientemente el tema y nuestra opinión, como siempre, cederá ante otras mas ilustradas. Pero es menester no olvidar que, no sin razón, cierto tipo de registro es común en la legislación comparada y en países que se preocupan también de cautelar la libertad de desarrollo económico y de asociación. En los EE.UU. existe un registro público de lobbistas pagados, mantenido por el Congreso. Australia tiene dicho registro a cargo del gobierno central e igual cosa sucede con Escocia. Canadá regula el tema en la Lobbyists Registration Act, mientras el Reino Unido lo mantiene en carácter de voluntario, pero con una vigorosa regulación de los contactos con lobbistas. La Comunidad Económica Europea mantiene un registro público a cargo del Colegio de Quaestors.

4.- ¿Deberían inscribirse también los abogados y/o los estudios que integran?
Pareciera que al menos los grandes estudios corporativos debieran inscribirse, pues parece obvio que lo normal será que realicen actividades de lobby «como promedio, dentro de los últimos seis meses, cinco o más veces», como indica el Artículo 2°, letra c del proyecto, que define el «Lobbista profesional». No obstante y, en todo evento, si no están inscritos y realizan estas actividades, quedará constancia de las mismas en el Registro de las Gestiones en las Instituciones Públicas.
Revista del Abogado
Números Editados
Publicidad en Revista del Abogado
Volver
webpay
Inscripción en linea
E-CERTCHILE
Revista N° 75
Mayo 2019
Poder Judicial2
PRO BONO
Tramitación Electrónica
MICROJURIS
Inserto2
DLE
Los Martes al Colegio
Codificación Comercial
UANDES