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Revista Nº 32
DECLARACIÓN PÚBLICA COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE
 
DECLARACIÓN PÚBLICA
COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE

El Colegio de Abogados de Chile ha sido requerido de amparo profesional por el Colegio de Abogados-Consejo Regional de la Araucanía y por sus abogados asociados señores Alvaro Rodríguez Sepúlveda, Hernán Pinilla Ascencio y Juan Carlos Pascual Robin a raíz de la actuación de los fiscales adjuntos de Villarrica, señores Rodrigo Mena Vogel y Carlos Hoffmann Flandez quienes el día 3 de septiembre pasado, con auxilio de la fuerza pública, y previa autorización de la juez de garantía de Temuco, señora María Elena Llanus Morales, procedieron a incautar los computadores y 25 disquetes de su Estudio Jurídico, y a registrar y revisar las carpetas, archivadores y documentos, tanto de la oficina como personales de uno de los abogados, todo ello dentro del marco de una investigación por un delito de apropiación indebida imputado en contra de terceros, clientes del referido Estudio.
Sin pronunciarse sobre los hechos investigados por la justicia, el Consejo General del Colegio, dada la gravedad de lo expuesto, acordó por unanimidad acoger el amparo profesional de los recurrentes, haciendo público además la siguiente declaración:
1.- El art. 19 Nº 3 de la Carta Fundamental consagra el derecho de toda persona a tener una defensa jurídica en la forma que la ley señala y sin que «ninguna autoridad o individuo pueda impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida».
La intromisión en la esfera del sigilo profesional que corresponde al abogado constituye una restricción o perturbación a su actividad debiendo entenderse, por consiguiente, que en el amplio marco de la consagración del derecho a defensa se encuentra de manera principalísima consagrado el derecho-deber del secreto profesional. Las confidencias del cliente se enmarcan en la esfera de protección de su intimidad, derecho expresamente consagrado en el art. 19 Nº 4 de la Constitución Política del Estado.
2.- El Código de Etica consagra el secreto profesional como un deber hacia los clientes, deber que perdura en lo absoluto, aun después de que les haya dejado de prestar sus servicios y como un derecho del abogado ante los jueces, puesto que con toda independencia debe negarse a contestar las preguntas que lo lleven a violarlo o lo expongan a ello, y de igual manera, debe negarse a facilitar la documentación que haya recibido o esté protegida bajo secreto profesional.
3.- El Consejo General del Colegio, a través de múltiples declaraciones y fallos, ha expuesto que la extensión del secreto profesional abarca todo hecho, circunstancia, documento, dato o antecedente de que el abogado haya tomado conocimiento, sea por declaraciones de su cliente, sea que conozca debido a su propia observación, deducción o intuición, así como los que reciba de terceros con motivo u ocasión de su actuación profesional.
La obligación de respetarlo perdura por toda la vida del abogado y jamás podrá vulnerarlo.
4.- Constituyendo el secreto profesional un deber y un derecho del abogado corresponderá sólo a éste determinar si corresponde o no ampararse en el secreto y excusarse de declarar cuando es citado ante un juez. De igual manera, sólo él podrá determinar si se niega a entregar la documentación que se le solicita respecto al caso investigado.
5.- Confirmando este derecho, la Excma. Corte Suprema ha declarado que, «un abogado no puede ser obligado a revelar un acto confidencial cuya realización le habría encomendado su patrocinado, aunque en el desempeño de su comisión confidencial hubiere actuado personalmente». (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 51 Secc. 1º pág. 126)
Nuestra jurisprudencia ha reconocido que el secreto profesional del abogado ampara no sólo su persona, que no puede ser objeto de apremio, sino también su Estudio Profesional donde desarrolla su actividad y guarda los documentos que le confían sus clientes. Constituye un acto abusivo la orden de allanamiento y registro del Estudio de un abogado a fin de retirar documentos recibidos de sus clientes y amparados por secreto profesional que imperativamente está obligado a guardar.
6.- Es deber de este Colegio velar por el cumplimiento de la inviolabilidad del secreto profesional que ampara a los clientes en general y que, por ende, interesa a la sociedad toda, pues tiene por objeto proteger derechos esenciales como la privacidad y la libertad personal. La confianza absoluta del cliente en la reserva y discreción del abogado para guardar sus confidencias constituye un pilar esencial de la profesión y su conculcación o perturbación lesiona de manera incancelable el derecho a la defensa.
7.- El derecho a excusarse a declarar está establecido no sólo en el Código de Etica sino también en los artículos 360 y 201 de los Códigos de Procedimiento Civil y Penal respectivamente, en cuanto autorizan a los abogados para excusarse de prestar testimonio. Aún más si se comparan dichas disposiciones con las nuevas normas de enjuiciamiento penal, concretamente sus artículos 217 y 220 en relación con lo que dispone el artículo 303 del Código Procesal Penal y lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal se puede concluir que el nuevo sistema reconoce y protege aún con mayor vigor el secreto profesional.
8.- No debe olvidarse que la Ley Penal sanciona al abogado que infringe su obligación de guardar el secreto y a raíz de ello causa daño a su cliente. Estas figuras delictuales se encuentran previstas en los artículos 231 y 247 del Código Penal.
9.- De lo señalado precedentemente se puede inferir que los fiscales adjuntos y la juez de garantía que han llevado a cabo los hechos de que da cuenta el recurso de amparo, carecen de facultades para incautarse de archivos, tanto escritos como computacionales y/o de los restantes documentos de los abogados amparados, no sólo porque ellos contienen información de otros clientes de los abogados ajenos a la investigación, como se señala en el recurso, sino además, y en forma especial, porque se trata de información que se encuentra protegida por el secreto profesional y a la cual a los fiscales les está vedado tener acceso. Los abogados afectados tenían el derecho y la obligación de rechazar la actuación de los fiscales por ilegal e inconstitucional y, además, por ser contraria a las disposiciones éticas mencionadas.
10.- El Colegio de Abogados de Chile se ve en la necesidad de hacer un llamado a sus asociados, a los jueces y a la ciudadanía en general a fin de que respeten a cabalidad el alcance de los preceptos antes analizados y cuyo irrestricto respeto constituye un presupuesto necesario para el ejercicio libre de la profesión de abogado en un estado democrático.
Santiago, Octubre de 2004.
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