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Revista Nº 32
TEMAS
 
Alcances Jurídicos de la Mentira
Por Rodrigo Zegers R.
Abogado
En nuestro Código de Procedimiento Civil no existe norma alguna que obligue a las partes a decir la verdad en el juicio o a presentar los hechos en forma verídica. No es obligatorio, a vía ejemplar, que la demanda y su contestación se funden en hechos que sean veraces
Un punto de partida ineludible en el tratamiento de este tema es distinguir entre lo que es, por una parte, el no revelar o comunicar una determinada “verdad” que se conoce y, por otra, el “mentir”. Que quede claro: no es lo mismo silenciar una verdad que mentir. En el primer caso, estamos en presencia de una omisión y, en el segundo, de una acción. Una cosa es no decir la verdad que se sabe, callarla, silenciarla y otra, muy distinta, es lisa y llanamente mentir. Obviamente, las consecuencias o alcances jurídicos en uno y otro caso son muy diferentes.
La persona que conoce cierta información, que “sabe una verdad”, con todo lo subjetivo que ello implica en cuanto a si efectivamente se trata o no de algo realmente veraz, no está obligada a revelarla, pudiendo silenciarla. Entonces, frente a la pregunta: ¿existe la obligación jurídica de comunicar la verdad?, la respuesta es simple: por regla general, no. La persona no está obligada a revelar, por ejemplo, determinada información respecto de otro sujeto, o las razones o motivos que ha tenido en consideración para celebrar un determinado acto o contrato. Como contrapartida, no existe un derecho a la verdad, a conocerla. Siendo ello así, podemos señalar que nadie está obligado a comunicar una verdad a quien no tiene derecho a saberla.
Excepcionalmente, personas están jurídicamente obligadas a revelar la verdad, y otras tienen derecho a saberla. En esta situación se encuentra el que se rehúse a proporcionar a los tribunales de justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un delito, que configuraría el delito de obstrucción a la justicia, previsto en el artículo 269 bis del Código Penal. También suele citarse el caso de la obligación de denuncia que pesa sobre determinados funcionarios, prevista en los artículos 84 y 138 del Código de Procedimiento Penal y 175 del Código Procesal Penal, y si la omiten, se hacen acreedores de la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal.
Por otro lado, si una persona en razón de su profesión o cargo es depositaria de un determinado secreto, puede incurrir en alguna de las responsabilidades penales previstas en los artículos 246 y siguientes del Código Penal, si lo infringiera.
¿ Error, buena fe o mentira?
La mentira, como tal, no está definida en la ley. Conforme al Diccionario de la Lengua Española, se trata de una “expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa”. Por su parte, San Agustín señala que “la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar”.
Cualquiera que sea el concepto que tomemos, queda en evidencia que la mentira no es sinónimo de error. Uno puede estar en el error, sin mentir, ya que mentir no es decir simplemente lo falso, al menos si se actúa de buena fe y se cree en la verdad de lo que se está diciendo. Es perfectamente posible incurrir en una falsedad sin mentir, ya que no se miente si se cree en lo que se dice, aun cuando no corresponda a la realidad. Por tal razón, la mentira no es un hecho o un estado: es un acto intencional, un mentir. Los alcances de la gravedad de la mentira dependerán de la naturaleza de la verdad que se deforma.
En este contexto, ante la pregunta ¿existe la obligación jurídica de decir la verdad?, la doctrina mayoritaria responde en forma negativa. Por regla general, no existe tal obligación. Como sostiene Quintano Repolles, en “Comentarios del Código Penal”, en la Editorial de la Revista de Derecho Privado, de Madrid, “en Derecho la mentira no es en sí misma materia de ilicitud, ni en lo civil ni en lo penal”. En el mismo sentido Chiovenda, en “Principios de Derecho Procesal Civil”, señala: “así nuestra ley no contiene, por ejemplo, una prohibición genérica y expresa de afirmar cosas falsas en juicio dejando al cuidado recíproco de las partes la mejor aseguración de la verdad de las respectivas afirmaciones”.
Curiosamente, en lo que dice relación con la inexistencia de la obligación de decir la verdad en juicio, históricamente no siempre fue así. Suele indicarse como antecedente el juramento de calumnia romano, que consistía en un juramento mediante el cual se afirmaba que no se negaba el derecho del actor en forma artera o temeraria. Instituciones similares encontramos en el derecho canónico, en el Fuero Juzgo y en las Leyes de Indias, lo cual llevó a que Couture señalara en su “Estudio de Derecho Procesal” que “podría decirse que no ha existido una sola fuente de la codificación de nuestros países en que no se hubiera consignado en forma expresa un deber jurídico y moral de decir la verdad. Pero se da aquí el fenómeno, realmente curioso, de que ni uno solo de los textos americanos que nos son familiares, ni tampoco los dos diplomas clásicos españoles de 1855 y 1881, contienen un precepto que establezca expresamente el deber de decir la verdad...”.
Nuestro país no escapa de dicha realidad formativa. No existe disposición legal alguna que obligue a una persona a decir la verdad y menos que consagre el delito de mentir.
El delito de estafa
Tradicionalmente el tema de la mentira se ha tratado con ocasión del estudio del delito de estafa, que en nuestro Código Penal está tipificado en el artículo 468. La opinión mayoritaria sostiene que la simple mentira no constituye engaño, dado lo cual no puede ser constitutiva de dicho delito. En efecto, como señala José Antón Oneca en “Estafas y otros engaños”, “La mentira no es, pues, un delito, porque no se debe creer fácilmente en la palabra de otro; lo que la ley proscribe es una maquinación, esto es, la combinación de hechos, el arreglo de estratagemas, la organización de ardides, en una palabra, una mise en scene que tiene por fin dar crédito a la mentira y está destinada a engañar a terceros”. En el mismo sentido Garruad, citado por Soler en “Derecho Penal Argentino”, sostiene que la simple mentira no es delictiva “porque a nadie más que a sí mismo debe imputar la víctima el daño sufrido por propia credulidad”.
No obstante, un sector importante de nuestra doctrina y jurisprudencia estima que la simple mentira sí podría llegar a ser constitutiva del delito de estafa residual, previsto en el artículo 473 del Código Penal.
Vinculado a dicho delito se encuentra el artículo 160 de la Ley General de Bancos, que sanciona penalmente al particular que obtiene un préstamo de una institución de crédito suministrándole o proporcionándole datos falsos o maliciosamente incompletos; lo cual lleva a que para configurar este ilícito sería suficiente una simple mentira, vertida por ejemplo en un estado de situación, unida al perjuicio a la respectiva institución.
Funcionarios públicos y particulares
Quisiéramos dar un paso más adelante y dejar insinuado otros alcances jurídicos de la mentira, de carácter penal. Para ello parece adecuado distinguir si la mentira la expresa un funcionario público o un particular y, en éste último caso, si ha sido dicha en sede judicial o extrajudicial. En otras palabras, las consecuencias jurídicas serán diversas dependiendo de quién miente y dónde lo hace.
Los funcionarios públicos, siempre y cuando actúen en su calidad de tales e incurran en una simple mentira, normalmente serán sancionados a título de falsedad ideológica, previsto en el artículo 193, N° 4, de nuestro Código Penal, ya que ellos sí están jurídicamente obligados a decir la verdad, a diferencia de los particulares, que no lo están y, por tanto, si mienten, por regla general no incurren en falsedad ideológica.
Por otra parte, en nuestro Código de Procedimiento Civil no existe norma alguna que obligue a las partes a decir la verdad en el juicio o a presentar los hechos en forma verídica. No es obligatorio, a vía ejemplar, que la demanda y su contestación se funden en hechos que sean veraces, como sí lo establece el nuevo Código de Procedimiento Civil venezolano, en sus artículos 17 y 170. No encontramos en nuestro ordenamiento jurídico un delito especial denominado “estafa procesal”, de tal manera que en presencia de un engaño o de una mentira en una actuación efectuada en sede jurisdiccional que cause perjuicio, habría que tratar de encuadrar los hechos en la figura de la estafa de los artículos 468 o del 473 del Código Penal, respectivamente, debiendo analizarse cada situación en particular.
En el caso de una citación judicial a reconocer firma o a confesar deuda, efectuada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, estamos de acuerdo con la jurisprudencia en orden de que si se desconoce la firma y ésta resulta ser verdadera, el responsable incurrirá en el delito de falsedad. Pensamos que no puede ser otra que la falsedad ideológica prevista y sancionada en el artículo 194 del Código Penal, en relación con el N°4 del artículo 193 del mismo cuerpo legal, ya que se ha fallado que, tanto la demanda como el proceso mismo que ella genera, gozan del carácter de documento público para tales efectos. Respecto de la negación de la deuda, estimamos que no es suficiente, por sí sola, como para poder constituir un engaño punible, no obstante lo cual podría configurarse la estafa residual del artículo 473 del Código Penal, en la medida que existan otros antecedentes que deberán también ser analizados caso a caso.
¿ Nuevo delito?
Si con ocasión de una gestión de notificación de protesto de un cheque su girador tacha de falsa su firma y ésta en definitiva resulta ser auténtica, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal, según lo establece el artículo 43 del DFL N°707 (Ley de Cheques), salvo que acredite justa causa de error o que el título en el cual se estampó la firma sea falso.
Igual tratamiento penal recibirá quien en el acto de protesto o en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva tache de falsa su firma estampada en un pagaré o en una letra de cambio, y ésta resultara ser verdadera, a menos que acredite también justa causa de error o que el título en el cual se estampó la firma sea falso, de conformidad a lo previsto en el artículo 110 de la Ley 18.092.
En el Código de Procedimiento Penal, el testigo declara bajo juramento y el inculpado, bajo simple promesa de decir la verdad. Este último no puede incurrir en responsabilidad penal alguna por el hecho de mentir. En el caso de los particulares que prestan declaración en calidad de testigos judiciales, sea en causa civil o penal, si incurren en una mentira pueden cometer el delito de falso testimonio tipificado en el artículo 209 del Código Penal. Pero, como lo ha señalado nuestra jurisprudencia, en Gaceta Jurídica, N° 198, página 118, Corte de Apelaciones de Santiago, 11 de diciembre de 1996, este delito “está reservado a las declaraciones de testigos, como se ha aceptado generalmente, y no a las aseveraciones formuladas por las partes en el pleito”, salvo que la responsabilidad pueda originarse a raíz de una denuncia o querella declarada como calumniosa.
En relación con el Código Procesal Penal, no podemos dejar pasar esta oportunidad y referirnos al proyecto de ley que se está tramitando actualmente en nuestro Congreso, por el cual se pretende crear un nuevo delito de “falso testimonio ante el Ministerio Público”, en otras palabras, faltar a la verdad en las declaraciones prestadas por un testigo ante un fiscal de dicho organismo. Al respecto, compartimos plenamente la opinión que han vertido numerosos expertos de la Reforma Procesal Penal, en orden a que dicha iniciativa, de prosperar, alterará la esencia del nuevo sistema, en el cual “la verdad” se logra a través del correspondiente juicio oral, y no por medio de la investigación preparatoria que efectúa el Ministerio Público.
En busca del justo equilibrio
En el caso de una persona que incurra en una mentira en una sede extrajudicial, la regla general sigue siendo la impunidad, ya que no está jurídicamente obligada a decir la verdad, y por tanto, no puede incurrir en falsedad ideológica.
Excepcionalmente, tratándose de particulares sometidos a la fiscalización de una determinada autoridad, existen diversos tipos penales económicos dispersos en leyes especiales que le imponen a aquellos la obligación jurídica de decir la verdad en sus relaciones con el ente fiscalizador, so pena de incurrir en falsedad ideológica. Entre otras normas podemos citar los artículos 59 de la Ley N° 18.045 de Valores y 157 y 158 de la Ley General de Bancos, en relación a las facultades fiscalizadoras de la Superinten-dencia de Valores y Seguros y de la Superin-tendencia de Bancos, respectivamente.
Si una persona efectúa una declaración jurada falsa ante una autoridad o sus agentes, puede incurrir en el delito de perjuro, tipificado en el artículo 210 del Código Penal, pero para que sea sancionada se requiere que el juramento quebrantado esté establecido por la ley como una solemnidad propia de un acto determinado. Lo anterior despeja la duda respecto de la eventual punibilidad a que se podría hacer acreedor un particular que efectúa una declaración mendaz, como ocurre a vía ejemplar en materia de seguros con la obligación prevista en el artículo 556 N° 1 del Código de Comercio, o bien cuando realiza una declaración jurada falsa acerca de su estado de salud o de sus bienes, toda vez que en la mayoría de tales casos el juramento no está establecido por la ley como una solemnidad propia del respectivo acto.
Una norma discutible desde el punto de vista de técnica legislativa la constituye el artículo 79 de la Ley 18.556, Orgánica Constitucional Sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, que castiga a título de falso testimonio a la persona que proporcionara a la Junta datos falsos en el acto de su inscripción electoral, ya que participa más bien de las características propias del delito de perjuro que de las del falso testimonio.
Como podrá advertirse, no existe una verdad clara respecto de los alcances jurídicos de la mentira. Sin embargo, por la importancia que reviste el tema, sería deseable darle un tratamiento global, buscando el justo equilibrio entre, por una parte, el derecho que se tiene a no revelar la verdad y, por otra, la necesidad social creciente que existe en orden de tener cada día “más verdad”. Siguiendo a Aristóteles, nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella.
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