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Revista Nº 32
TEMAS
 
Actos de los Ministros
Responsabilidad Civil de la Iglesia
Por Pbro. Carlos J. Errázuriz M.
Abogado. Profesor de Derecho Canónico
Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma)
La Iglesia reconoce la competencia de los tribunales civiles para juzgar sobre la responsabilidad de sus ministros y de la misma Iglesia. A diferencia de tiempos pasados ya no se pretende ningún privilegio a este respecto. No obstante, es obvio que se trata de procesos delicados que pueden escandalizar a algunos y ser ocasión para que otros pretendan abusar de esta institución.
 
La eventual responsabilidad jurídica civil de la Iglesia por ilícitos cometidos por los ministros sagrados ha adquirido en el último tiempo una especial relevancia práctica. Ello ha ocurrido sobre todo en Norteamérica, especialmente con ocasión de abusos sexuales respecto a menores cuya responsabilidad se atribuye a algunos sacerdotes. El problema afecta también en menor medida a otros países, incluido Chile.
Quisiera dedicar estas líneas a la presentación de algunos principios generales acerca de lo que es justo en esta materia. Lo hago a partir de mis conocimientos como canonista, es decir jurista dedicado al estudio de lo justo en la Iglesia, pero con la conciencia de no empeñarme en una mera defensa interesada de parte, sino con el ánimo de contribuir a encontrar la verdad de la justicia en una materia delicada.
De buenos juristas es saber distinguir. Pues bien, la primera distinción clave que se impone en este campo es entre los diversos sujetos jurídicos existentes en el seno de la Iglesia Católica. De entrada, en el ámbito canónico por un lado se hallan los sujetos de la misma Iglesia en cuanto institución (una diócesis, una parroquia, etc.), y por otro los bautizados en cuanto titulares de situaciones jurídicas en ésta (como, por ejemplo, el derecho a recibir la palabra de Dios y los sacramentos).
La anterior distinción supone lógicamente la determinación de ámbitos diferenciados de responsabilidad de los distintos sujetos. Esta diferenciación aparece muy clara en el caso de los fieles laicos, porque a nadie se le ocurre que de los actos ilícitos realizados en el ámbito de su autonomía personal, sean responsables los sujetos institucionales de la Iglesia. Salvo que en algún caso los representen en una actuación, como pasa por ejemplo con los actos de un administrador de bienes eclesiásticos.
Menos clara puede aparecer la distinción cuando se trata de los ministros sagrados. En efecto, el ministerio eclesiástico no puede concebirse como un simple contrato de trabajo: el sacerdote está constantemente al servicio de la Iglesia y de las almas, con una dedicación completa, que implica consecuencias que afectan profundamente a toda su existencia personal, como celibato, limitaciones en su actuación política, sindical y económica y signos externos como el traje clerical, entre otros. Por esta razón, puede tal vez pensarse que el sacerdote carecería de un ámbito de autonomía y responsabilidad personales, por lo que todos sus actos se llevarían a cabo en conexión inmediata con la Iglesia en cuanto institución. Me refiero sobre todo a los sacerdotes, comprendiendo a los obispos y presbíteros, pues es menos probable que la misma convicción se forme respecto a los diáconos permanentes, debido a sus frecuentes ocupaciones de índole temporal.
¿ Responsabilidad personal o institucional?
La Iglesia, en cambio, reconoce un ámbito de legítima autonomía personal en la vida de sus ministros. De nuevo es preciso distinguir: no todo lo que realiza un clérigo se hace en representación de la Iglesia en cuanto tal. Sostener otra cosa implicaría una falta del más elemental sentido común. El sacerdote dispone de espacios de legítima libertad para organizar su propia vida personal, formarse, cultivarse espiritualmente, relacionarse con los demás para fines buenos compatibles con su ministerio, descansar, etc. Todo eso forma parte de su necesario desarrollo y equilibrio como persona humana normal, y es un aspecto importante de su santificación y de su misma misión sacerdotal. Sin embargo, no son ámbitos en los que represente a la Iglesia como institución, como sucede, en cambio, cuando lleva a cabo sus tareas propiamente pastorales en el triple campo de la enseñanza de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos y la organización y gestión de la pastoral.
Cuando un ministro actúa injustamente dentro de su ministerio, ciertamente existe una responsabilidad personal suya por los daños causados. En tal caso también es responsable la correspondiente institución eclesial implicada, por ejemplo, la diócesis, aunque sólo dentro de los límites de la misma acción ministerial. Esa responsabilidad no subsiste cuando el acto del ministro, si bien realizado con ocasión del ministerio, no tiene nada que ver con él, en cuanto se halla en radical oposición a los fines de la misma Iglesia.
En esa hipótesis, lo mismo que, en general, cuando se trata de actuaciones de los ministros realizadas fuera del ámbito ministerial, la responsabilidad es exclusivamente personal del ministro, no de la Iglesia como institución. Sólo habría una responsabilidad institucional si no se hubieran adoptado oportunamente las medidas que podían razonablemente impedir esos actos injustos. Es decir, si la autoridad eclesiástica conoce el comportamiento antijurídico de un sacerdote, y no interviene en lo que está de su parte para evitar que se repita.
La Iglesia reconoce dentro de su propio ordenamiento la responsabilidad patrimonial por daños (cfr. canon 128 del Código de Derecho Canónico), tanto de los fieles y los ministros como de los sujetos de la Iglesia en cuanto institución. No obstante, las injusticias más significativas en la Iglesia son las que afectan a los bienes salvíficos, ante todo la palabra de Dios y los sacramentos. Ante ellas se requieren formas de compensación adecuadas, que no son primariamente patrimoniales. Por ejemplo, si la actuación de un párroco ha sido espiritualmente nociva para la comunidad, el modo de reparar será sobre todo el tomar las providencias de gobierno para que esa parroquia vuelva a ser un foco de luz en la fe y en la celebración de los sacramentos, de verdadera fraternidad y de testimonio de la moral cristiana. Lo que no quita naturalmente que se deban reparar los daños patrimoniales eventualmente causados, y que en algunos casos se pueda recurrir a una compensación económica equitativa por daños morales.
Por otra parte, la Iglesia reconoce la competencia de los tribunales civiles para juzgar sobre la responsabilidad civil de sus ministros y, subsidiariamente, de la misma Iglesia, dentro de las precisiones que he recordado. A diferencia de tiempos pasados ya no se pretende ningún privilegio a este respecto. No obstante, es obvio que se trata de procesos delicados, que pueden escandalizar a algunos y ser ocasión para que otros pretendan abusar de la Iglesia. De ahí que ésta trate de reforzar su actuación preventiva ante esas situaciones, haciendo todo lo razonable para evitar que se vuelvan a producir; y a la vez busque evitar el pago de indemnizaciones no justificadas, que fácilmente alimentarían sucesivos procesos por hechos dudosos y a menudo remotos.
Justicia y realismo
Ciertamente la Iglesia, como cualquier otro sujeto de derecho, tiene derecho a ser legítimamente defendida. Al mismo tiempo, precisamente por su misión de salvación, que incluye una profunda sensibilidad por la justicia, en ella se hace más grave la obligación de que toda defensa de sus intereses se base en el amor a la verdad. Juan Pablo II ha llevado a cabo gestos elocuentes de petición pública de perdón por todo aquello que en la vida de pastores y fieles, también en el ejercicio de las funciones eclesiásticas, contrasta con el Evangelio. Por esa vía ha eliminado el temor ante el reconocimiento de responsabilidad en esos casos, con la fe clara de que la Iglesia trasciende los defectos y manchas de quienes la componen e incluso dirigen, e incluso aquellas actuaciones institucionales en las que prevalece el elemento humano.
Al mismo tiempo, la Iglesia no puede ceder ante injustas reivindicaciones que excedan el ámbito de su real responsabilidad, atentando contra su fama y contra aquellos medios, también económicos, que le permiten la realización de su misión en este mundo. Es una interpretación desviada de las exigencias evangélicas la de quien pretendiera que el cristiano o la misma Iglesia deban tolerar siempre cualquier despojo: por el contrario, a veces existe una precisa obligación de justicia de tutelar bienes jurídicos de especial valor, entre los cuales también se comprende el de la buena fama, y por supuesto el de la destinación de los bienes eclesiásticos a sus fines propios.
En definitiva, también en este asunto el verdadero interés de la Iglesia coincide con el realismo de lo que es justo en cada situación.
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