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Revista Nº 32
EDITORIAL
 
Apretando el Cerco
El avance tecnológico en el ámbito de las telecomunicaciones enfrenta a nuestra profesión con la necesidad de insistir en la inviolabilidad y en la privacidad de las comunicaciones.
De no mediar autorización expresa que permita su divulgación o una resolución judicial fundada y específica justificada en el interés público superior, las comunicaciones - tanto el medio que se utiliza (telefónico, epistolar o telegráfico, o el propio espacio cibernético) como el mensaje contenido- seguirán siendo impenetrables y prevalecerá la garantía constitucional que ampara la inviolabilidad de toda forma de “comunicación privada”, norma que, como quedó claro en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (Sesión 129°, 12 de Junio de 1975), debe interpretarse con carácter extensivo y con sentido común, cualquiera sea el medio técnico o el soporte físico que se utilice para materializar la comunicación hoy o en el futuro.
La circunstancia que en la actualidad se utilice el intercambio de correos electrónicos, como medio habitual para facilitar nuestras funciones, no escapa a esta consideración, no sólo por cuanto en ellos se pone en evidencia el sello personal con que nos desenvolvemos sino porque a través de estas formas de comunicación virtual circula un bien jurídico trascendente y especialmente protegido como es el secreto profesional, núcleo esencial de la relación con nuestros clientes quienes nos abren sus espacios de intimidad con todas sus debilidades, riesgos, preocupaciones y errores.
La confidencialidad es un bien jurídico generalmente indisponible, socialmente reconocido desde tiempos lejanos y un derecho-deber del abogado que ampara a su titular y que lo obliga a mantener silencio aún después de concluida la prestación de sus servicios.
Resulta claro entonces que la regla del sigilo se extiende objetivamente a todos los abogados que acceden a esta comunicación , sea que sus emisores o destinatarios, trabajen en una misma oficina, sea que actúen como defensores o adversarios, sea que se trate de abogados nacionales o localizados en el extranjero.
En el mundo digitalizado y globalizado que nos toca vivir, la libertad de las comunicaciones seguirá siendo garantizada por la protección de la privacidad, sin que podamos consentir, salvo casos excepcionales ,en devaluar este derecho y siempre de manera proporcional y equilibrada. En nuestra profesión, aparte de ser una obligación ética, el respecto a la privacidad resulta imprescindible para el ejercicio del derecho a la defensa y constituye además, garantía de una tutela judicial efectiva.
Recordemos que el último reducto de una persona va a ser siempre su intransable derecho a la intimidad.
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Revista N° 75
Mayo 2019
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