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Revista Nº 33
FALLOS
 
COBRO DE HONORARIOS
Por la naturaleza de los servicios prestados corresponde aplicar plazo de prescripción establecido en el artículo 2521 del Código Civil y no el del artículo 2222 del mismo cuerpo legal. Recurso de casación en la forma rechazado (causal de ultra petita).
Doctrina
I. El actor dedujo demanda de cobro de honorarios adeudados por concepto de clases impartidas en la empresa demandada en diversos períodos de un mismo año.
La sentencia de primera instancia rechazó la demanda deducida, por cuanto consideró que si bien se adeudan las clases impartidas por el actor, por dictar cursos de seguridad de transporte y valores desde el 24 de mayo hasta el 11 de julio de 1996, estimó para los efectos del cómputo del plazo de la prescripción, que la labor prestada por el actor se enmarca dentro de la prestación de servicios que se efectúa periódicamente, a que se refiere el artículo 2522 del Código Civil, y que entre la fecha que se hicieron exigibles tales servicios, la notificación de la demanda, transcurrió el plazo de un año a que se refiere el artículo señalado en el párrafo anterior.
La sentencia de segunda instancia, revocatoria de la anterior, estimó que no era aplicable el plazo de prescripción de la acción de cobro de honorarios de un año establecida en el artículo 2522 del Código Civil, sino el de dos años del inciso segundo del artículo 2521 del mismo Código, en atención a que asimila los servicios a los prestados por un profesor en colegios y escuelas, plazo que en la especie no transcurrió; y que en cuanto al fondo, se encuentra suficientemente probada la procedencia de tales honorarios. En virtud de lo anterior la sentencia rechaza la excepción de prescripción de la acción y acoge la demanda.
II. Como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, el vicio de casación formal de ultra petita se produce cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes y se extiende a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal, es decir, cuando apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de ellos, cambiando su objeto o modificando su causa de pedir, lo cual en todo caso, necesariamente debe producirse en la parte resolutiva del fallo.
De lo anteriormente expuesto, cabe concluir que la sentencia que se impugna no ha incurrido en ultra petita, y por el contrario, procedió a resolver la controversia planteada. Esto es, si se configuraba o no la excepción de prescripción alegada por el demandado, la que en definitiva no prosperó, y aceptó la procedencia de la demanda, condenando así el demandado al pago de los honorarios pedidos.
A mayor abundamiento, cabe señalar que precisamente la calificación de la naturaleza de los servicios del actor fue materia del asunto debatido, toda vez que fue fundamento de la causal invocada, como también materia del juicio y considerada en la interlocutoria de prueba de éste: la misma resultaba ser esencial para determinar la procedencia, en primer lugar, de la excepción de prescripción, así como la prestación de tales servicios. En definitiva, la dejó establecida como hecho en el fundamento octavo del fallo de primera instancia y segundo y tercero del de segunda instancia. (Consids. 2° (letras c) y d), 3°, 4° y 5°.
Normativa relevante citada: Arts. 2521 y 2522 del C. Civil; Art. 764 y siguientes C.P. Civil.
Corte Suprema, 15 de diciembre de 2004. Casación en la forma.
Gaceta Jurídica N¼ 294, diciembre 2004, página 116.
JUICIO EJECUTIVO
Carácter de título ejecutivo futuro de factura y carta de porte.
La Ley N¼ 19.983, de 15 de diciembre de 2004, otorgó mérito ejecutivo a la copia de factura que cumpla con los requisitos que señala, pero esa modificación sólo entrará en vigencia en el plazo de cuatro meses desde la referida fecha de publicación, como lo prescribe su artículo 11.
Por su parte, el recibo de las mercaderías otorgado por el consignatario en la carta de porte, sólo constituye título ejecutivo respecto del porte o precio de la conducción contra el obligado, mas no para instar por el precio de las mercaderías que el vendedor, en su carácter de cargador, le remitió al consignatario y para lo cual le encargó la conducción al portador (artículos 211 y 214 del Código de Comercio) (Consid. 6¼)
Corte de Apelaciones de San Miguel, 3 de enero 2005
Gaceta Jurídica N¼ 295, enero 2005, página 175.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PROFESIONAL ABOGADO
Aplicación de reglas del mandato. Prescripción de acción indemnizatoria.
El contrato de prestación de servicios jurídicos que ligó a las partes, si bien no constituye propiamente un mandato, por expresa disposición del artículo 2118 del Código Civil, se sujeta a las reglas de ese contrato, siéndole aplicable sólo en forma subsidiaria y en cuanto no fueren contrarias a ellas, las normas que rigen el contrato de prestación de servicios inmateriales. (Considerando 3¼)
Tratándose de responsabilidad contractual en virtud de lo dispuesto en el articulo 2514 del Código Civil y no existiendo norma especial expresa, la prescripción de la acción indemnizatoria intentada, por falta de diligencia o cuidado en el cumplimiento del encargo profesional, debe computarse desde que la obligación se hizo exigible, lo que ocurrió cuando el demandado desempeñó totalmente el encargo que le fue encomendado. (Considerando 4¼)
Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Apelación
Gaceta Jurídica N¼294, Diciembre 2004, p. 151-152-2005, p. 289
CONDENACIÓN EN COSTAS COMO PENA
Procedencia
Es perfectamente posible que un patrocinado por la Corporación de Asistencia Jurídica sea condenado en costas, pues de lo contrario no tendría sentido alguno establecer en el artículo 800 del COT, que los abogados y procuradores de tal servicio no son responsables del pago de las costas a que sean condenados sus patrocinados.
La condena en costas en una causa penal no está relacionada con la posibilidad de acceso a la justicia, puesto que todo procesado tiene derecho a asistencia legal gratuita, sino que está referida a quien con su actuar ha cometido un ilícito que ha merecido una sanción mediante sentencia judicial.
Corte de Apelaciones de Santiago,
10 de enero 2005, Recurso de Apelación.
Gaceta Jurídica N¼ 295, Enero 2005,
página 240.
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