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Revista Nº 33
SANCIONES
 
Sanciones Aplicadas por el
Consejo General del Colegio de Abogados

 
SANCIONES POR NO INFORMAR
1.-- En el reclamo N¼ de Ingreso 83-04, el Consejo General del Colegio de Abogados, en sesión de 6 de diciembre de 2004, en uso de sus facultades de control ético de la profesión acordó aplicar la medida de suspensión de los derechos de asociado, por no haber evacuado el informe solicitado en forma reiterada por el Colegio, al abogado señor MARCELO DAMIÁN TAVANO DELAHAY, disponiendo su publicación en la Revista del Abogado.
El abogado fue denunciado por don Salomón Malis Gurevich, quien expresa en su reclamo que el 4 de febrero de 2001, contrató los servicios profesionales del abogado Tavano Delahay para que lo defendiera en un procedimiento ordinario laboral respecto de un funcionario que había trabajado en una empresa, de la cual había sido socio. Le entregó la documentación que requería y le confirió patrocinio y poder. El profesional le aseguró que tenía todo bajo control y que se despreocupara del asunto.
Sin embargo, el 5 de marzo de 2004, se decretó el embargo de sus bienes y el 17 de agosto del mismo año, se procedió al retiro de las especies con fuerza pública.El profesional no ha respondido a sus llamados telefónicos ni correos y no se encuentra en su oficina, todo lo cual, a su juicio, desprestigia la labor profesional de los Abogados.
2.- En el reclamo N¼ de Ingreso 89-04, el Consejo General del Colegio de Abogados, en sesión de 10 de enero de 2005, en uso de sus facultades de control ético de la profesión acordó aplicar la medida de suspensión de los derechos de asociado, por no haber evacuado el informe solicitado en forma reiterada por el Colegio, al abogado señor FRANCISCO BRAVO LÓPEZ, con publicación en la Revista del Abogado.
El abogado fue denunciado por doña Albina Isabel Palavicino Vásquez, quien da cuenta en su reclamo que contrató los servicios profesionales del abogado Bravo López, para que defendiera los derechos que le correspondían en el juicio Rol N¼ 3935-2003, del Cuarto Juzgado del Trabajo, respecto de la empresa Preserco Ltda. El profesional no cumplió y dejó el juicio abandonado, después de cobrarle $ 18.000, por anticipado, sin entregar comprobante. A lo anterior se suma que se niega a atenderla telefónica y personalmente.
3.- En el reclamo Ingreso N¼ 103-04, el Consejo General del Colegio de Abogados, en sesión de 14 de marzo de 2005, en uso de sus facultades de control ético de la profesión acordó aplicar la medida de suspensión de los derechos de asociado, por no haber evacuado el informe solicitado en forma reiterada por el Colegio, a la abogado señora MARÍA CECILIA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, con publicación en la Revista del Abogado.
La profesional fue denunciada por doña Gladys del Carmen Avilés Vásquez, quien expresa en su reclamo que contrató los servicios de la Sra. Zúñiga Rodríguez, para que defendiera a su hijo en la causa Rol N¼ 38.999-3, del 7¼ Juzgado del Crimen de San Miguel. Asumió la defensa el 29 de octubre de 2003, estando el hijo ya condenado a 5 años y 1 día. Los honorarios ascendían a $ 150.000. La profesional la llamó el 24 de diciembre de 2003 para decirle que sacaría al hijo bajo fianza, pero que necesitaba la suma de $90.000. Pudo conseguir $50.000, los que entregó a la abogada. El hijo no salió en libertad. Pidió su dinero a la profesional, quien le respondió que lo había depositado para reparar el daño. Insistiendo con la abogada, consiguió le entregara recibo del dinero, el 22 de marzo de 2004. Posteriormente, acudió al Juzgado, donde la actuaria le informó que el dinero no había sido depositado en la causa. Cuando lo manifestó a la abogado, ésta la trató muy mal. Hace presente que es una persona discapacitada y de escasos recursos. Acompañó recibos de pago de honorarios por un total de $155.000 más otro recibo por $ 50.000, para consignación en la causa.
Otras sanciones
1.-En el reclamo Ingreso N¼ 11-04, el Consejo General del Colegio de Abogados, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2005, acordó rechazar la reposición interpuesta por don Natalio David Schonhaut Berman, reclamante en estos autos, contra el fallo del Consejo de fecha 9 de agosto de 2004.
En dicha sentencia, recaída en el reclamo deducido contra la abogado doña MARIA TERESA QUIRKE ARRAU, el Consejo General del Colegio de Abogados acordó sancionarla con la medida disciplinaria de suspensión de sus derechos de asociado por seis meses, disponiendo además, la publicación en la Revista del Abogado. Encontrándose el fallo firme y ejecutoriado, se da cumplimiento a lo ordenado.
El señor Schonhaut dedujo reclamo contra la abogado doña MARIA TERESA QUIRKE ARRAU, por faltas a la ética, fundado en los siguientes hechos de su actuación profesional. En octubre de 2001, contrató los servicios de la abogada para que lo defendiera en la querella criminal interpuesta en su contra por su cónyuge en el 32¼ Juzgado del Crimen de Santiago; en la querella iniciada por el reclamante contra el hermano de su cónyuge ante el mismo tribunal; en la demanda de visitas por él deducida en el 8¼ Juzgado de Menores de Santiago; en la demanda de alimentos iniciada en su contra ante el mismo 8¼ Juzgado de Menores y en la asesoría para la formación de una Sociedad Comercial propuesta por la abogada Quirke a fin de asegurarle la propiedad de sus bienes.
Para los efectos antes señalados dice el reclamante haber pagado alrededor de $ 525.000.-, por los cuales no recibió boleta de honorarios. La profesional no le otorgó atención personal ni telefónica, salvo por vía de email, a través de la cual le aseguró que sus casos estaban ganados.
La abogado lo llenó de expectativas pero no lo defendió con la eficacia debida, más bien actuó con negligencia y errores inexcusables. En definitiva ello le significó no poder recuperar ningún bien de los que habían sido retirados por su cónyuge del hogar común y el juicio de alimentos terminó en forma desfavorable para él. Niega el actor haber dado su consentimiento para llegar a un avenimiento, como lo afirma la abogado. Para el reclamante, ello importa una infracción a la ética del abogado.
El fallo del Consejo de fecha 9 de agosto de 2004, consideró que era efectivo conforme a los documentos acompañados a los autos y que constan en éstos (fs.10 a 18) lo manifestado por el actor. Además, como agravante contra la abogada, el fallo dejó constancia de la existencia de varios reclamos de parte de clientes de la profesional, por faltas a la ética y en los que ésta ha sido sancionada. Por lo cual, atendida la infracción a los artículos 1, 25, 26 y 28 del Código de Ética Profesional, Art. 520 del Código Orgánico de Tribunales y artículos 7¼ inc. 3 y 9¼ de los Estatutos del Colegio de Abogados, resolvió aplicar a la abogada la medida disciplinaria de suspensión por seis meses con publicación en la Revista del Abogado.
Contra dicho fallo el reclamante dedujo recurso de reposición, que fue denegado con fecha 24 de enero de 2005.
2.- En el reclamo ingreso N¼ 24-04, el Consejo General del Colegio de Abogados, en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2004, acogió el reclamo deducido por don José Pedro Ipinza Fernández contra el abogado don ALFREDO EMILIO TORREALBA JENKINS por no haber prestado a su cliente los servicios profesionales con la eficacia y empeño que exige la relación cliente-abogado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 del Código de Etica Profesional, imponiéndole la medida disciplinaria de amonestación verbal e instándole a devolver la suma de $200.000 que recibió por concepto de honorarios, más la cantidad de $200.000 recibida como adelanto para pago de gastos, devolución que debía efectuarse dentro del plazo de 10 días, contados desde la notificación del fallo, bajo apercibimiento de publicarlo en la Revista del Abogado si así no lo hiciera.
El reclamante expresa en su presentación que en el mes de septiembre de 2002, contrató los servicios del abogado para regular judicialmente los alimentos debidos a su cónyuge y a sus hijos y las visitas a estos últimos a raíz de la separación de hecho de su cónyuge. Agrega que a su plena satisfacción, el abogado concluyó a través de una transacción el encargo recibido.
Posteriormente le solicitó la obtención de la nulidad del matrimonio, gestión que el profesional llevó a cabo también, en forma satisfactoria.
En el mes de noviembre de 2003 le encargó una tercera gestión, obtener judicialmente la cesación de la pensión alimenticia a la cónyuge por haberse declarado la nulidad del matrimonio y la revisión de la pensión de alimentos para los hijos. Suscribió para ello un contrato de prestación de servicios que contemplaba $ 800.000 de honorarios para el abogado y $200.000 para gastos. Entregó los fondos de gastos y pagó anticipadamente $400.000 de honorarios.
Esta última gestión no fue atendida debidamente por el abogado, a pesar de sus insistentes peticiones para iniciar la demanda. Solicita por este motivo la devolución de los honorarios pagados y de los fondos entregados para gastos.
El abogado controvirtió la aseveración del actor indicando que la demanda ya preparada por él no se presentó por instrucciones verbales del mismo quien pretendía prevenir a sus hijos del hecho y consecuencias de la acción.
El Consejo, considerando los antecedentes probatorios acompañados a los autos, los cuales no indican un trabajo desarrollado, salvo la alegación de que la demanda la tenía preparada; los términos del contrato de honorarios, de fecha 3 de noviembre de 2003, cuya cláusula cuarta no habilita al profesional para retener los fondos pagados sin que se haya realizado el trabajo contratado o una parte sustancial de él; y que tampoco consta que el abogado haya efectuado algún gasto, resolvió acoger el reclamo en la forma ya referida.
El plazo fijado para hacer devolución del dinero se encuentra vencido y en autos no consta que el abogado haya dado cumplimiento a ello en los términos expresados en el fallo, por lo que se procede a su publicación.
3.- El Consejo General del Colegio de Abogados, en sentencia de fecha 23 de agosto de 2004, recaída en el reclamo Ingreso N¼ 109-03, deducido por don Duberly Enrique Soto Barrientos contra el abogado don MIGUEL OMAR ÁVILA CARIOLA, acordó sancionarle con la medida disciplinaria de suspensión por tres meses de sus derechos como colegiado, e instarle a restituir los dineros percibidos por éste de propiedad del denunciante, dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha en que la sentencia quedara ejecutoriada, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se publicaría la sanción impuesta en la Revista del Colegio de Abogados de Chile.
Dicha sentencia fue confirmada, con fecha 8 de noviembre de 2004, al rechazarse el recurso de reposición deducido por el abogado. El profesional no dio cumplimiento a la devolución del dinero y el plazo fijado en el fallo se encuentra vencido, por lo que se procede a la publicación de la sanción.
Don Duberly Enrique Soto Barrientos expresa en su reclamo que a principios del año 2002, contrató los servicios del abogado Avila encomendándole la cobranza judicial de un cheque girado por Luis Vega Vergara, por la cantidad de $2.550.000. Canceló como honorarios al profesional la suma de $110.000. Con la deducción de las acciones judiciales, se logró que el deudor pagara al abogado la cantidad de $ 3.000.000, de los cuales sólo le entregó $1.100.000, apropiándose indebidamente de $1.900.000.
Realizó todos los intentos extrajudiciales para obtener la entrega del dinero. Debió interponer una querella por apropiación indebida ante el 3er. Juzgado del Crimen de Santiago, causa Rol N¼ 203.635-3, en la que el profesional declaró haber recibido el dinero pero que no lo entregó por existir un problema de liquidación del crédito y de sus honorarios.
El abogado Sr. Ávila manifestó en sus descargos que con motivo de las gestiones judiciales obtuvo que el deudor del cheque pagara la suma de $ 3.000.000, y que rindió cuenta de su gestión ante el 9¼ Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol N¼ 9164-2003.
En el reclamo se decretó como medida para mejor resolver tener a la vista el expediente de rendición de cuentas recién aludido, medida que no se pudo cumplir toda vez que la petición del abogado ante el Tribunal fue tenida por no presentada para todos los efectos legales, por no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2¼ de la Ley N¼18.120.
En consecuencia el abogado no rindió cuentas de la gestión profesional encargada reteniendo indebidamente los dineros percibidos con motivo de la cobranza judicial del cheque, lo que constituye una infracción a las normas de los artículos 3¼ y 39¼ del Código de Ética Profesional.
Habiendo quedado ejecutoriado el fallo que acogió el reclamo, se procede a su publicación.
4.- En el reclamo ingreso N¼ 67-00, el Consejo General del Colegio de Abogados, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2003, acogió el reclamo deducido contra el abogado don HERNÁN MONTEALEGRE KLENNER, e impuso al profesional la sanción de suspensión por un año, con publicidad en la Revista del Abogado.
Contra este fallo, el abogado Sr. Montealegre dedujo recurso de reposición. Dicho recurso fue rechazado por resolución de fecha 10 de enero de 2005. Habiendo quedado firme y ejecutoriada la sentencia que falló el reclamo, se procede a dar cumplimiento a lo ordenado en cuanto a la publicación de la sanción aplicada al abogado.
Don Rafael Jorreto Veiga dedujo reclamo contra el abogado don Hernán Montealegre Klenner por infracción a la ética profesional, basado en los siguientes hechos:
1.- Que el abogado asumió su representación como patrocinante en la causa por visitas rol N¼ 2030-1999, que se tramitaba en el Cuarto Juzgado de Letras de Menores de Santiago.
2.- Los honorarios convenidos por dicha gestión y otros encargos adicionales, se formalizaron mediante acuerdo de fecha 12 de abril de 2000. Se fijó la suma de $ 8.000.0000 a todo evento y un premio de $3.000.000 por gestión exitosa. Atendida su falta de medios firmó una letra de cambio a favor del abogado, por el honorario a todo evento. Agrega que en esa época se encontraba vendiendo una propiedad para con ese dinero pagar la letra de cambio.
3.- El día 10 de junio de 2000, el abogado renunció al patrocinio y poder de la causa de menores sin previo aviso. Agrega el actor que lo que habría motivado la renuncia sería el hecho de que el día anterior él había ido a retirar el vale vista correspondiente al pago de la venta sin hacerlo acompañado por el abogado y por haberse negado a pagarle la cantidad de dinero deseada por el profesional.
4.- Señala el reclamante que en el escrito de renuncia al patrocinio y poder presentado por el abogado ante el tribunal, éste lo desacredita pues le acusa de haberlo engañado a él y a su estudio jurídico, de haber tenido una conducta violenta y grosera y de que habría obtenido una autorización judicial con fraude en perjuicio del juez del 30¼ Juzgado Civil de Santiago.
5.- Que en desconocimiento de la renuncia del abogado pero teniendo desconfianza por la lentitud del proceso decidió revocar el patrocinio y el poder del Sr. Montealegre en la causa de menores. Por su parte el abogado Sr. Montealegre interpuso una demanda ejecutiva de cobro de letra de cambio ante el 5¼ Juzgado Civil de Santiago, procedimiento donde le ha embargado bienes y su vehículo particular. Acompaña documentos para probar los hechos afirmados y finalmente señala que el abogado ha infringido los artículos 1¼, 3¼, 10¼, 26¼, 30¼, y 33¼ del Código de Ética Profesional.
El abogado en sus descargos expone que a) Los documentos acompañados por el denunciante son pertinentes para formarse una idea del problema de fondo que se produjo en las relaciones profesionales con el Sr. Jorreto Veiga. Por ello, en su escrito de renuncia al patrocinio y poder que presentara ante el 4¼ Juzgado de Letras de Menores de Santiago, explica su problema respecto a los honorarios. b) Señala que “en vista de lo anterior renunció al patrocinio y poder porque el Sr. Jorreto Veiga lo engañó de manera flagrante, tal como da cuenta en su escrito de renuncia”. c) Agrega que la abogado que había atendido un caso anterior del actor también debió obtener el pago de sus honorarios a través del cobro ejecutivo de un pagaré que le había suscrito el Sr. Jorreto. d) Finalmente acompaña documentos como prueba de sus descargos.
Don Rafael Jorreto formuló observaciones a los descargos del abogado precisando:
1.- Que nada justifica la decisión del abogado de renunciar al patrocinio y poder en la forma que lo hizo y con ánimo de perjudicar sus pretensiones ante el Tribunal de Menores.
2.- Acompaña documentos en parte de prueba.
Por su parte, el Sr. Montealegre formuló observaciones a la presentación del denunciante. En el escrito de renuncia de fecha 10 de junio de 2000, el abogado Sr. Montealegre da cuenta de dos circunstancias diferentes, la primera referida a un aparente engaño del señor Jorreto en perjuicio del reclamado y la segunda de un eventual fraude del actor.
Respecto a lo primero, el profesional expone circunstanciadamente cómo el señor Jorreto procedió a engañarlo, agregando: “Me veo obligado, pues, a que se incluya mi experiencia personal con el señor Rafael Jorreto Veiga entre los antecedentes que deben considerarse al momento en que se evalúen sus condiciones morales y síquicas en este juicio”.
El fallo, en su considerando décimo, expresa que el proceder del profesional compromete la esencia fundamental de los deberes de lealtad que han de regir el actuar de un abogado. Ello no sólo porque procedió a renunciar al patrocinio y poder en la causa, sino que muy fundamentalmente pues resulta indiscutido que tal comportamiento hacía a lo menos previsible que perjudicara la posición de su -hasta ese momento- patrocinado, instando frente al tribunal porque las peticiones de su cliente fueran rechazadas. La frustración o ira que experimentó el abogado al sentirse defraudado en el pago de sus honorarios fue la causa que lo llevó a actuar de la manera como lo hizo perjudicando a su cliente en los mismos autos en que lo asistía hasta entonces. Si semejante proceder resulta contrario a la ética mínima, mayor reproche se justifica si se tiene presente la naturaleza de la materia debatida, esto es, el régimen de visitas del hijo, en términos que cualquiera declaración en descrédito de sus condiciones morales incidía con especial significado en sus posibilidades de éxito.
En el considerando duodécimo el fallo hace presente que el profesional se ocupó de revelarle al tribunal que su cliente había procedido a vender su casa de La Dehesa, en realidad perteneciente a la sociedad conyugal, engañando al Juez del 30¼ Juzgado Civil de Santiago. Ello porque el señor Jorreto declaró fraudulentamente a dicho tribunal que no tenía cómo notificar o requerir la autorización de su cónyuge por desconocer su paradero.
Esta segunda afirmación del abogado reviste también especial gravedad, pues todo indica que importó una vulneración del secreto profesional que afectaba al abogado quien tiene obligación básica de reserva, y debe abstenerse de revelar los antecedentes que le sean confidenciados por su cliente. Esta declaración importa atentar contra los deberes de lealtad que rigen la relación cliente-abogado.
El profesional reclamado no tuvo inconveniente en guardar silencio sobre esta autorización supuestamente fraudulenta obtenida por su cliente para vender su casa, en la medida que parte del producto de la venta de la misma se destinara efectivamente al pago de sus honorarios profesionales. Cuando el señor Jorreto incumple su obligación y retira el vale vista de la venta sin concurrir con el abogado, ocurre que estima que se justifica poner en conocimiento de los tribunales el actuar supuestamente fraudulento de su cliente para obtener la enajenación de dicha propiedad. Denuncia que el abogado no hace en el juzgado civil donde se habría gestado el supuesto fraude, sino que en el Juzgado de Menores donde el señor Jorreto discutía el derecho a visitar a su hijo. Queda de esta forma expuesto el móvil reprochable que ha inspirado al abogado en sus declaraciones y denuncias y el disímil tratamiento que dio a un mismo hecho -aparente engaño de su cliente para obtener una autorización judicial-, dependiendo de si el producto de la venta de la casa fraudulentamente enajenada se destinaba o no a solucionar sus honorarios.
Después de analizar las presentaciones de ambas partes, los documentos acompañados, razonar sobre los hechos, incumplimientos y engaños de que pudo ser víctima el abogado, el fallo concluye que el abogado Sr. Montealegre no tiene eximentes ni atenuantes y que ha incurrido en graves infracciones a los artículos 1¼, 10¼, 11¼, 12¼, y 33¼ del Código de Ética Profesional.
Sin perjuicio de lo anterior se previene que todas las reflexiones y conclusiones contenidas en la sentencia han sido efectuadas bajo una dimensión ética y no jurídica y dentro de las facultades de este Consejo. Este pronunciamiento empieza y termina en el ámbito ético, que es el que delimita su competencia.
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Revista N° 75
Mayo 2019
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