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Revista Nº 33
CONTRATO DE SEGURO. A TONO CON LA MODERNIDAD
 
Por Osvaldo Contreras S.
Abogado
Nuestra legislación de seguros debe modernizarse y estar en consonancia con los países con que nos relacionamos comercialmente. Las normas que nos rigen datan de 1865 y se cuentan entre las más atrasadas del mundo. Es de suma importancia que esta iniciativa legal se tramite en forma rápida y expedita.
 
Comencemos con un poco de historia. El 5 de octubre de 1865, el Presidente José Joaquín Pérez envió al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Código de Comercio. Al referirse al Título VIII de su Libro II, sobre contrato de seguro, en su mensaje hizo presente con orgullo que “muchas de las naciones europeas carecen hasta hoy de leyes sobre esta importante materia y que ella es completamente nueva en el país”. Ese comentario era rigurosamente cierto.
Pero desde esa fecha han transcurrido 140 años y todavía siguen rigiendo esas antiguas normas, sin modificación ni actualización alguna, a pesar que el seguro es uno de los contratos que más ha evolucionado y la actividad que gira en torno a él es una de las que mayor importancia económica ha alcanzado.
Desde hace muchos años los agentes del mercado de seguros y los especialistas han venido propiciando la urgente necesidad de actualizar las normas que regulan esta materia, poniendo de relieve que el divorcio entre la ley y la realidad económica es fuerte hasta tal punto, que se han ido formando costumbres que van, incluso, contra el texto expreso de la ley, pero que son estrictamente observadas por las partes. Ello, porque los contratos que se ajustan a dichas costumbres, pero no a la ley, obedecen a una necesidad económica práctica imperativa.
En abril de 1990, la Superintendencia de Valores y Seguros se hizo eco de la opinión generalizada y formó una comisión de especialistas, redactora de un anteproyecto de nueva ley sobre contrato de seguro, la que inició su trabajo en junio del mismo año y lo concluyó en agosto de 1992, entregando un texto que, a través del Ministerio de Justicia, fue enviado al Parlamento en 1993. Sin embargo, el proyecto no registró avance legislativo alguno, hasta que en el año 2000 fue retirado por el Ejecutivo en el marco de un reordenamiento de la agenda legislativa.
Afortunadamente, a fines del año 2003 el ministro de Justicia decidió reimpulsar esta iniciativa y nombró una comisión para que revisara y reactualizara el referido anteproyecto, teniendo en cuenta los últimos avances que registra la disciplina del Derecho de Seguros en el mundo, comisión que finalizó sus labores en agosto de 2004. Por lo que se ha afirmado en el Ministerio, todo hace presumir que, en esta oportunidad, el proyecto iniciará pronto su trámite parlamentario para convertirse en ley de la República, devolviendo a nuestro país a una situación de plena sintonía con los avances que registra la legislación internacional.
INNOVACIONES
Comenzando por una cuestión doctrinal importante, el proyecto reconoce la distinción entre seguros de daños y seguros de personas, dando normas generales o comunes para ambas clases, y normas propias para cada uno de dichos seguros en particular. Así se termina con la confusión de instituciones existente en el texto actual del Código.
Entre muchas materias de que tratan sus normas generales, cabe destacar que el proyecto acoge la contratación electrónica e innova en la formación del contrato, que pasa a ser consensual, si bien se mantiene el criterio de que se prueba por escrito. Introduce, sin embargo, modificaciones de importancia en cuanto a dicha prueba, ya que se amplían los medios de comunicación de la palabra escrita por los cuales se pueden acreditar sus términos, considerando todos los que la técnica moderna ha venido a incorporar, incluyendo los que ha desarrollado la electrónica y las técnicas de registro de voz.
El proyecto añade a la regulación legal instituciones de tanta importancia económica y práctica como los seguros flotantes y colectivos; los de crédito y caución; el seguro de responsabilidad civil, que es uno de los de mayor relevancia, sobre todo en el marco del ejercicio privado de la profesión de abogado; y trata orgánicamente el contrato de reaseguro, institución indispensable en el funcionamiento económico de la actividad aseguradora contemporánea.
En el proyecto se admiten, en forma amplia, los seguros por un valor convenido y los seguros a valor de reposición, que han sido incorporados a la práctica mercantil en los últimos años. Se reconoce además, recogiendo la opinión que la doctrina ya había adelantado, la validez de los seguros de lucro cesante, e incluso se incorpora un párrafo destinado a regularlos, bajo el epígrafe de “Seguro de pérdida de beneficios”, el cual es el nombre más ampliamente reconocido en la doctrina.
También se regulan los pactos de cobertura parcial, la pluralidad de seguros, el coaseguro, el sobreseguro, la pérdida de la cosa asegurada, el ejercicio de terceros sobre la indemnización, la transmisión y la transferencia del seguro. En relación a esta última, se introduce una regla novedosa y de profundo sentido práctico, pues evita que las cosas aseguradas queden desprotegidas. La transferencia de la cosa asegurada no produce la extinción del seguro sino al cabo de quince días, con el objeto de permitir que dentro de ese plazo el nuevo dueño obtenga del mismo asegurador la ratificación de la cobertura, o bien una nueva de otro asegurador diferente.
En lo relativo a los seguros de personas, se trata en particular a los de vida, las rentas vitalicias, el seguro de accidentes personales y el de salud. Se norman también los seguros colectivos, la institución del beneficiario y sus derechos, la facultad de revocación del seguro por el contratante y la cesión de la póliza. Mención especial merece el que se haya incorporado la institución de la indisputabilidad, según la cual, luego de transcurrido cierto tiempo, se impide al asegurador invocar las reticencias o inexactitudes sobre el estado de salud del asegurado.
También se tratan las situaciones relativas a la provocación del siniestro, el suicidio y los casos de ausencia o desaparición de las personas aseguradas.
Por último, cabe destacar que en un capítulo especial de esta iniciativa se regula por primera vez en Chile la figura del fraude al seguro, para lo cual se modifica el Código Penal.
Creemos firmemente que la actualización constante de la legislación debe ser, siempre, preocupación prioritaria en los países que como el nuestro se rigen por el sistema “continental” de la ley escrita, sobre todo en aquellas materias que guardan relación con el ejercicio de actividades económicas relevantes para el desarrollo de nuestras instituciones.
En particular, es indispensable que nuestra legislación de seguros se ponga a tono con la de los países a quienes nos vinculan nuestras crecientes relaciones económicas internacionales. Resulta francamente inaceptable que las normas que todavía regulan dicho contrato de la misma forma como el Código de Comercio fue promulgado en 1865, se cuenten, hoy en día, entre las más atrasadas del mundo.
Es de la mayor importancia que esta iniciativa legal se tramite en forma rápida y expedita, como lo requieren todos quienes participan, de una u otra manera, en la actividad y comercio de seguros. Y desde luego también los abogados, ya que el seguro tiene gran relevancia en muchas materias relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión. Es por ello que el Colegio de la Orden le ha prestado su más decidido apoyo.
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