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Revista Nº 33
SOLIDARIDAD Y DONACIONES ¿UNA LEY QUE NO CUMPLE SU OBJETIVO?
 
Por Esteban Rodríguez P.
Abogado
En agosto de 2003 se publicó la Ley N°19.885 sobre solidaridad y donaciones, la cual “norma el buen uso de dona-ciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos”.
El texto legal se compone de tres títulos y dos artículos transitorios. El Título I trata de los beneficios tributarios para entidades que donan a instituciones que prestan servicios a personas de escasos recursos o discapacitadas, y del fondo de apoyo social. El Título II trata de los beneficios tributarios a las donaciones destinadas a entidades de carácter político. El Título III establece algunas Disposiciones Generales aplicables a ambos títulos anteriores.
Respecto del primer título, que es el que interesa para efectos de incentivar las redes de apoyo solidario, es justo destacar que la ley entrega un importante incentivo tributario a quienes entreguen donaciones a “instituciones que prestan servicios a personas de escasos recursos o discapacitadas”. A primera vista, este incentivo aparece como relevante, puesto que el 50% de la donación puede ser deducido como crédito contra el impuesto de primera categoría que afecte a las rentas del ejercicio en que se efectuó la donación. Al 50% restante de la donación se le aplicarán las normas que permiten rebajarlo como gasto necesario para producir la renta.
Hasta el momento, los beneficios que entrega la ley son un gran paso que podría canalizar recursos no menores para generar en Chile la conexión que falta: esa que llevará a los sectores más postergados de nuestra población las herramientas para que alcancen estándares mínimos de calidad y dignidad de vida.
Pero lo que parecía un importante adelanto no resulta tan auspicioso cuando se examinan los requisitos de operación de la ley. Es más, sus aparentes ventajas se ven gravemente afectadas por su operatoria práctica, al nivel que ésta termina por modificar e incluso tal vez frustrar las condiciones y objetivos del nuevo sistema.
Fines Políticos:
MÁS FAVORECIDOS QUE LOS SOCIALES
De acuerdo al texto de la ley, para que el beneficio tributario que la donación entrega al donante opere, es necesario cumplir una serie de requisitos. Entre otros, que a lo menos el 33% de la donación que da derecho al beneficio sea efectuada al “fondo mixto” que establece la misma ley, y que la ejecución de los proyectos y programas financiados conforme a este sistema no supere un período de tres años.
Estos requisitos no pueden ser más que el resultado de “un despacho hermético y apresurado”, el cual no es más que la manifestación evidente del interés real del poder legislativo, que estaba centrado en el Título II de la misma ley: las donaciones destinadas a entidades de carácter político.
En cuanto se refiere a incentivos para la responsabilidad social y acción solidaria, en sus condiciones actuales de operación, la ley merece las siguientes observaciones:
• A pesar que el beneficio tributario y los límites en cuanto a los montos máximos de dinero donado para acceder al beneficio son mayores en el caso de las donaciones para fines sociales, las donaciones a entidades de carácter político son bastante más simples en su operación y son, evidentemente, de completa y libre disponibilidad para el donatario. Esto no es así en las donaciones para fines sociales, que están afectas a un recorte de, al menos, un 33% que pasa a ser administrado por un tercero distinto del donatario. Este recorte no afecta a las donaciones a entidades políticas.
• En el caso de las donaciones para fines sociales, se establece una suerte de encaje, diezmo o tributo sin mayor justificación, en beneficio de entidades o proyectos distintos de quien efectuó el esfuerzo de captación de los recursos, el cual queda administrado por terceros distintos de la persona del donatario o de quienes pretendía beneficiar el donante con su aporte. Es decir, si una persona pretendía financiar un proyecto social que costaba 100 y era su interés financiar el 100% del proyecto, para acogerse hoy a este beneficio debe pensar que su donación de 100 deberá aumentarla a 133, en caso contrario, generará un déficit de al menos 33 en el proyecto que pretende financiar.
• Parece aventurado que la ley imponga un límite de tres años para la duración y desarrollo de un proyecto social.
• Resulta altamente injusto y desproporcionado que se establezca un mayor número de requisitos y un gravamen a la donación con fines sociales, y que la donación a entidades políticas sea mucho más simplificada y no afecta a recorte alguno.
• El gravamen de afectar a la donación con un “encaje” de al menos un 33% del monto donado no guarda relación con el beneficio tributario que está obteniendo el donante sobre el 100% de la donación. El beneficio tributario se genera y desencadena por la persona del donatario y sus actividades, su prestigio y esfuerzos, los que requieren de la donación para ser financiados. En resumen, es el donatario quien efectúa los esfuerzos y genera el beneficio tributario, y sólo recibe en forma efectiva un máximo del 67% del monto de la donación. Es decir, el beneficio tributario que se desencadena gracias a la institución y sus esfuerzos no guarda relación con la donación efectivamente recibida por ella.
• El beneficio tributario establecido en esta ley es uno más de los beneficios tributarios existentes para donaciones a instituciones de beneficencia (Nº7 del Art. 31 de la Ley de Renta, el Art. 3 de la Ley Nº19.247, el Art. 46 del DL Nº3.063). La ley no deroga dichos beneficios, en consecuencia éstos son una alternativa más de beneficios tributarios para ofrecer al donante y no es obligatoria la operación bajo el sistema de beneficios de la Ley Nº19.885.
• No existe claridad respecto de cómo y en qué se van a invertir los recursos del fondo mixto, alejando el resultado de la donación de la intención y objetivos del donante. Tampoco se ve de manera clara quiénes, o qué proyectos, serán los beneficiados con los recursos del fondo mixto.
• La donación es un acto jurídico unilateral dependiente de la mera liberalidad del donante. Por el mecanismo de esta ley se desvirtúa la naturaleza jurídica del acto, pues el donante ve limitada su voluntad de destinar los recursos de los que se desprende libremente, para satisfacer o beneficiar a un determinado sector de la comunidad, al quedar sujeto a un “encaje”, mediante el cual al menos un 33% de los dineros donados van a ser invertidos en proyectos o instituciones que el donante desconoce.
Por el momento, y en una primera aproximación a la ley, por las conclusiones expuestas, ésta parece equivocada y alejada de la comprensión real y acertada de aquello en que consiste una donación.
Por otra parte, la evidente diferencia entre una donación y otra, y el tratamiento y requisitos para que opere el beneficio tributario, parecen manifiestamente injustos y desproporcionados, y generan respecto de un tipo de donación una desigual repartición de cargas.
Es una realidad que en Chile más del 90% de la población más postergada recibe, por diversos medios, atención y cooperación a través de corporaciones, fundaciones u otras organizaciones de carácter privado. Asimismo, son insuficientes los recursos que el Estado destina para estos objetivos, ya sea de manera directa o por medio de esta clase de instituciones.
Si queremos que toda nuestra población, cada uno a su modo, se integre en el esfuerzo de modernización e integración comercial del Gobierno, debemos entregar medios simples y transparentes, con incentivos reales y claros, para que aquellos privados que desean comprometerse en incorporar a los sectores más postergados de la población, cuenten con beneficios reales que, como ya ha sido probado en otras culturas, favorecen estos aportes.
El trabajo en este sentido contribuirá de manera real y estable en el tiempo a generar las condiciones y oportunidades para que los sectores más postergados cuenten con trabajos dignos y calidad de vida, dejando los caminos de delincuencia, drogadicción, prostitución, condiciones de violencia, abuso, maltrato y abandono de niños y niñas. En esta materia, la tarea de las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo es efectuar rápidas, informadas y transparentes modificaciones al sistema de la Ley N°19.885, de modo que sea un instrumento real para los fines que señala su título primero.
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