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Revista Nº 23
TEMAS
 
Ciberabogacía
Por Nielson Sanchez Stewart
Abogado, Corresponsal de la Revista en España

En ninguna parte del mundo, la abogacía se destaca precisamente por ser pionera en impulsar los cambios sociales. Hasta los estudiantes de Derecho -por lo menos en mis tiempos- se reconocían fácilmente por su conservadurismo en el vestir y en sus maneras. Sin embargo, el Derecho y con él todo el mundo jurídico, no tiene más remedio que irse adaptando a los nuevos tiempos.

El más trascendental cambio que ha traído el siglo XX ha sido, sin duda, el progreso de las comunicaciones y, dentro de las comunicaciones, aquella que nos introduce a ese mundo irreal (virtual) donde las imágenes, los mensajes y los sonidos son de transmisión y recepción inmediatas.

La abogacía no ha sido extraña a ese fenómeno como sujeto pasivo y, tampoco, como sujeto activo. Como sujeto pasivo, porque segœn una estadística relativamente fiable, casi el 80% de los abogados españoles tiene contacto diario con un ordenador personal. Casi la mitad de los abogados, un 46,19%, son usuarios de Internet. Por eso, el conjunto de abogados somos potenciales clientes de las casas editoriales, de las que ofrecen gestiones integrales de despacho y de todos los que venden productos y servicios y hacen de ellos propaganda a través de esa vía. Durante años, en España, una sola empresa -radicada en Pamplona, familiar, y que llegó a ser mundialmente conocida- abasteció las necesidades de toda la comunidad jurídica española. Hoy, son más de veinte las editoriales especializadas en temas jurídicos y cinco o más las que suministran bases de datos de legislación y jurisprudencia, mediante un abono de cuotas anual que da derecho a recibir la mayor parte de la copiosa legislación en Cd Rom directamente en el despacho y estar actualizado en cuanto a la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Durante una reunión de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España, que se celebró recientemente en Valencia, las casas editoriales han presentado por primera vez las bases de datos de jurisprudencia directamente por Internet, sin soporte físico y con una velocidad muy aceptable. Pero la abogacía también ha tenido un papel activo. Por una parte, algo elemental: dispone de un correo electrónico para comunicarse con sus clientes y compañeros. No ha surgido aœn el problema, por lo menos en nuestro ámbito, de la confidencialidad de esa clase de mensajes entre abogados. El Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía prohíben a los abogados entregar a sus clientes las cartas originales recibidas de sus compañeros. La idea que siempre he defendido, es mantener un canal privilegiado de comunicación entre abogados, canal que si existiera el riesgo de interferencias, desaparecería como tal. Es evidente que dicho deber de confidencialidad se extiende también a las comunicaciones a través de correo electrónico, pero el control es, cuando menos, difícil. Y todos los sistemas de encriptación son, hasta donde yo entiendo, de muy difícil implantación y de complejo acomodo para asuntos que pueden estimarse triviales cuando se tratan, aunque su trascendencia surja después.

Muchos abogados disponen de una página web, en la que con mayor o menor fortuna y elegancia despliegan ante los potenciales clientes que las visitan sus, denominémosles, encantos: fotografías de los integrantes del despacho, áreas de dedicación preferentes, idiomas hablados y escritos, políticas de calidad, oficinas que tienen en el mundo, corresponsales internacionales y un sinfín de otros atractivos.

Es preciso detenerse aquí para recordar que hasta hace muy poco la publicidad del abogado estaba totalmente proscrita. Decía el viejo Estatuto: "se prohíbe a los abogados: el anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios publicitarios." Y también se les prohibía "emitir dictámenes gratuitos en revistas profesionales, periódicos o medios de difusión". Fue un abogado español el que recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Luxemburgo, para impetrar la protección de su derecho a comunicar libremente su oferta de servicios. Y el Tribunal, en una sentencia admirable, declaró que la publicidad del abogado era un tema en permanente evolución y, dicho en otras palabras, no tenía nada de diabólico e intrínsecamente malo. A partir de allí, los cambios se precipitaron y hoy la publicidad del abogado en España está permitida expresamente, con la obligación de que sea "digna, leal y veraz" y "con absoluto respeto a la dignidad de las personas... y a las normas deontológicas".

El Estatuto establece un catálogo de publicidad contraria a las Normas Deontológicas: la revelación de datos amparados por el secreto profesional, la incitación al pleito, el ofrecimiento de servicios a las víctimas de accidentes o desgracias, la promesa de obtención de resultados que no dependan del que hace la oferta, la referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado, la utilización de los emblemas y símbolos colegiales.

Las páginas web existían con la prohibición y, evidentemente, han subsistido con la permisión. Es legítimo, pues, publicitarse haciéndose constar que se es muy bueno (no debe decirse que se es el mejor, porque eso sería publicidad comparativa, proscrita por la legislación sobre competencia desleal), que los servicios o parte de ellos son gratuitos (siempre que eso sea verdad) o que el servicio al cliente es inmejorable (siempre que eso también sea verdad).

La existencia de una página web no atenta, desde luego, contra la dignidad. La calidad de indigna en materia de publicidad sólo queda reservada a las octavillas, a los carteles móviles (hombres bocadillos o sandwich), a las pegatinas, a la publicación en revistas o periódicos indecentes y a otros sistemas tradicionalmente poco elegantes. No hay pues problema legal alguno en relación a las páginas web.

Y, por œltimo, nos queda examinar otra incursión de la abogacía, los denominados "web jurídicos".
Hay diversos portales que por un precio más o menos módico ofrecen evacuar consultas de naturaleza jurídica. Dentro de la propia página existe un apartado para consultas. Normalmente asumen el compromiso de resolverla dentro de un plazo, previo abono del precio de la consulta normalmente mediante tarjeta de crédito. El sistema no es nada exclusivo de los abogados. El propio Consejo General del Notariado de España edita una página web (www.notariado.org) y es un organismo oficial que agrupa a los extraordinariamente bien preparados notarios españoles. Esa página tiene un sistema de consultas -gratuitas esta vez- cuya eficacia tuve oportunidad de comprobar. Partiendo de la base de la general inutilidad de las "web jurídicas", proclamada recientemente en un artículo en la prestigiosa revista jurídica "Economist and Jurist", edición Septiembre de 2001, páginas 79 y siguientes, y sólo sirven marginalmente para la atracción de clientes, queda por examinar su concordancia con la Deontología Jurídica. Nada se prevé específicamente en el nuevo Estatuto General de la Abogacía que se ha promulgado este año. En todo caso, hay una norma que podría ser de aplicación y que impediría o por lo menos regularía el aspecto más discutible de este sistema de asesoramiento virtual. El artículo N1⁄442.3 del nuevo Estatuto obliga al abogado, en todo caso, a identificarse ante la persona a la que asesora o defiende, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que en su caso correspondan. Vulnera evidentemente esa norma el que evacua consultas de una manera anónima a través de Internet, pero no lo hace quien se identifica debidamente. Está claro que éste es recién el principio de una era que cambiará nuestras costumbres y que nos obligará a asumir otros modos y maneras.
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