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Revista Nº 23
TEMAS
 
Del Lenguaje Jurídico
Por Rodrigo winter I. Abogado

Un hombrecito taciturno llegó a un consultorio del Servicio de Asistencia Judicial, se acercó con vergüenza al escritorio del postulante, y le murmuró en tono apenas audible: "Señor abogado, vengo para que me defienda porque me han levantado una calumnia. Me acusan de insecto". El postulante titubeó unos segundos. "¿De qué lo acusan, señor?" "Me acusan de insecto," volvió a repetir el sujeto, esta vez en voz alta y temblorosa por la indignación. El postulante recorrió con su mirada el cuerpo del hombrecito y, haciendo una analogía inconsciente con la novela de Kafka, buscó infructuosamente en él indicios de élitros, tráqueas o capas quitinosas que pudieran sugerir una macabra metamorfosis de humano a escarabajo. "Debe ser otro diez número uno", pensó entonces, usando el eufemismo legal con que los postulantes denominaban a los numerosos paranoicos judiciales que merodeaban profusamente por el consultorio, aludiendo a la eximente de responsabilidad penal para los locos y dementes que contempla el artículo 10, Nº1 del Código Penal. De súbito, una chispa de "cachativa" iluminó su mente: "Señor, ¿no será que lo acusan de incesto?". "¡¡Esa cosa no más es, señor abogado!! Insecto o incesto como dice Ud.", replicó el hombrecito, aliviado por haberse dado, al fin, a entender.

La anécdota, que por supuesto es verídica, nos ilustra acerca de la dificultad que implica a los legos lidiar con el complicado lenguaje jurídico. Es así como muchas veces las palabras legales sufren cambios o distorsiones dando lugar a un verdadero vocabulario jurídico-vulgar que coexiste en forma paralela al lenguaje propio de nuestra profesión. A modo de ejemplo, en este virtual "coa" jurídico, nuestro cordial "avenimiento" se transforma, por arte de birlibirloque, en "advenimiento"; el belicoso acto de "interponer una demanda", en "poner una demanda" (y de ahí a su derivación, "poner abogado"); el amedrentante "Servicio de Impuestos Internos", en "Puestos Internos", etc.

Recientemente fui testigo de una de las más recientes creaciones del "coa" jurídico: en un pasillo de los tribunales una persona alegaba haber sido demandada de "comodato presario", haciendo una encantadora combinación jurídico-informática. Otra modalidad es utilizar términos legales sin cambiar las palabras, pero variando su significación. Así, "protocolizar" un documento pasa a ser autorizar notarialmente la firma de un instrumento privado, en vez de agregarlo a los protocolos del Notario como lo entendemos los del gremio. A su vez, el término "arrendatario" da una pirueta al revés y se entiende como "arrendador".

Los latinismos, a los que somos todavía adeptos los abogados, dan lugar también a cómicas distorsiones en su uso por el vulgo. La más famosa de ellas es "motu proprio" que se ha confundido con el deseo de ser propietario de un vehículo, ya que ha devenido en "moto propia". También hemos visto el sesudo "mutatis mutandis" transformado, quizás bajo el influjo de una película de terror, en "mutatis mutante".

He sido víctima de estas complejidades de nuestra jerga en dos oportunidades memorables. Una de ellas fue en un complicado informe jurídico acerca de la posible subsistencia de una hipoteca anterior sobre una propiedad adquirida en un remate, en el que mi secretaria de entonces cambió "purga de la hipoteca" por "pulga" en todas las partes en que se empleaba esta expresión. Lamentablemente, no advertí a tiempo el error y éste quedó esculpido en el papel, para el hazmerreír de todos los que posteriormente lo leyeron.

En otro informe, "litispendencia" se volvió " litispaciencia", error que fue atribuido por mi secretaria a las complejidades de mi letra manuscrita, pero que hasta hoy adjudico a una venganza tramada por su subconsciente (sospecho que el error se incubó debido a que mientras escribía, refunfuñaba:"¡no hay paciencia!").

Los abogados debemos ser indulgentes con los errores que los profanos del derecho cometen en el uso de nuestro vocabulario. Sus yerros son comprensibles, ya que se trata de palabras que, por su singularidad, son de difícil retención. Además, las más de las veces el significado que sugieren no coincide con su acepción jurídica. Por ejemplo, debemos reconocer que si no fuéramos abogados, la expresión "absolución de posiciones" nos sonaría algo así como a exculpar a alguien por haber incurrido en algunos refinamientos propios de los pecados de la carne.

De pronto, nuestro lenguaje legal es tan hermético que los propios abogados somos víctimas de él. Así, don Andrés Bello incluyó el vocablo "lasto" en el artículo Nº1.740 del Código Civil (que establece que la sociedad conyugal es obligada al "lasto" de toda fianza, hipoteca o prenda constituida por el marido), obligando a generaciones completas de abogados a bucear en el diccionario para averiguar el significado de la extraña palabreja. Por su parte, recordamos que en nuestra época de estudiantes estuvimos convencidos por algún tiempo que el término "sevicia atroz" (utilizado en el artículo Nº172 como causal para revocar las donaciones en caso de divorcio) significaba una repugnante y contagiosa enfermedad a la piel.

Otro caso es la palabra "traslado" empleada en el artículo Nº1.707 del Código Civil con relación a las contraescrituras públicas (señala que no producirán efecto contra terceros "las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero"). Pues bien, años atrás concurrí a un curso sobre materias tributarias en que se analizó precisamente este artículo en relación a las pruebas admisibles para la justificación de inversiones. El expositor, abogado, por cierto, pero más ducho en materias tributarias que civiles, explicó la norma con pasmosa seguridad, señalando que para que las contraescrituras públicas tuvieran valor respecto de terceros no solamente era preciso anotarlas al margen de la matriz, sino que además se requería notificar judicialmente a los terceros, a quienes el juez, conforme al artículo de marras, debía conferirles "traslado" y, de no haber oposición, pasaban a tener también valor contra ellos.

Pese al sopor en que la compleja maraña tributaria del curso me había sumido, la explicación no me cuadró y estuve tentado de pedir una explicación adicional. No obstante, como advertí que nadie en la audiencia manifestaba su extrañeza sobre el punto, achaqué la duda a mi inconmensurable ignorancia (que, como es sabido, mejor es mantener en la intimidad, que exhibirla en forma impúdica), de manera que comulgué también con la inmensa rueda de carreta que el expositor había hecho rodar impunemente por nuestras gargantas. No obstante, al volver a mi oficina consulté el tema, encontrándome con la sorpresa que en el contexto de la norma, "traslado" significaba simplemente "copia", y no la instancia procesal inventada por el colega tributarista.

Como colofón, compartiré con ustedes la más exquisita historia de trastocación de nuestro lenguaje que he recopilado. Se trata de unas señoras que, vistiendo riguroso luto, llegaron a la oficina de un abogado explicando que su padre, propietario de una casa, había fallecido recientemente y que, para venderla, necesitaban que el colega les "hiciera la posición invertida"...
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