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Revista Nº 23
ETICA
 
Nuevas Proyecciones de la Etica
Por Felipe Bulnes S.
Abogado
Consejero del Colegio
de Abogados de Chile.

Las distintas normas que integran nuestro Código de Etica Profesional están básicamente orientadas a dignificar la forma en que ejercemos la abogacía. De ahí que dar cumplimiento a este conjunto de regulaciones, más que constituir un motivo de orgullo, implique simplemente la satisfacción básica de estándares indispensables. Así, nuestro Código de Etica Profesional, bajo esta perspectiva de análisis, no puede ser catalogado propiamente de aspiracional. No busca hacer del abogado una persona admirable, sino que, fundamentalmente, un profesional correcto.

Asumida esta función rectora que inspira nuestro Código, parece lógico que las reformulaciones que normalmente se estudian respecto de sus normas constituyan una reacción frente a los nuevos usos y costumbres, en cuanto ellos comprometen la dignidad de nuestra profesión. Se trata pues de un proceso de actualización, por cierto muy necesario, pero que responde a la premisa original de preservar la corrección de nuestro ejercicio, sólo que a la luz de los nuevos tiempos.

Sin embargo, más allá de emprender este proceso de revisión, cabe plantearse si en el futuro estaremos en condiciones de incorporar a nuestro Código de Etica Profesional normas propiamente aspiracionales. Aquí, hablamos de dar cabida a normas que no sólo regulen la corrección de nuestro desempeño, sino que sitœen al abogado como un profesional directamente comprometido en la promoción del bienestar social. Se trata de un proceso complejo y lleno de desafíos, pero que forma parte del deber ser al cual necesariamente debiera apuntar nuestra profesión. En concreto, y dentro de las mœltiples facetas que admite lo aspiracional, lo que se plantea en esta oportunidad es que el abogado debe asumir como imperativo ético, hoy día a un nivel estrictamente personal y el día de mañana como posible recomendación contenida en el Código de Etica Profesional, la dedicación de alguna parte de sus esfuerzos a la prestación de servicios jurídicos voluntarios. Esta labor gratuita, y conocida en la cultura anglosajona como trabajo pro bono, implica elevar nuestro ejercicio profesional hacia dimensiones que la ennoblecen significativamente.

Entendiendo que todo concepto de carga, aun cuando se sitœe en el ámbito de una futura recomendación ética, genera interrogantes y, por qué no decirlo, resistencias, creo conveniente partir fundamentando esta iniciativa en función de los valores que están envueltos. Cuando se plantea la necesidad de comenzar a incorporar en nuestra cultura profesional la necesidad de prestar servicios gratuitos, apuntamos fundamentalmente a dar satisfacción a las necesidades legales de quienes carecen de medios para solventarlas. Asumido así el trabajo pro bono, la dedicación de nuestros esfuerzos se traduce en contribuir decididamente a hacer posible el acceso a la justicia. Y permítaseme en esto una pequeña constatación. Por dramático que resulte, el caso es que, atendidas las mœltiples demandas, una cantidad importante de chilenos no tiene cómo hacer valer sus derechos. Para ellos, de nada sirve una consagración eficaz de diversas garantías, si por falta de medios para ejercerlas éstas derechamente no están disponibles. En otras palabras, muchas de las certezas jurídicas que constituyen nuestro Estado de Derecho resultan inalcanzables para los sectores de mayor pobreza, acrecentándose de esta forma una condición de desigualdad que afecta el alma de nuestra convivencia. Así, indiscutible resulta que hacer posible el acceso a la justicia es condición indispensable de una sociedad sana y premisa fundamental de un estado democrático.

Aclarado lo anterior, corresponde pronunciarse sobre algunas circunstancias que necesariamente forman parte del análisis. La primera de ellas supone constatar que los abogados, en virtud de la práctica profesional y del turno judicial, ya prestamos servicios jurídicos gratuitos. Sin embargo, dada la importancia de los valores envueltos y la necesidad del abogado en cuanto instrumento que hace posible el acceso a la justicia, no parece prudente estimar agotada nuestra contribución a la promoción del bienestar social una vez satisfechos estos imperativos legales. Con todo, pareciera que la estructura y funcionamiento de estos sistemas merece análisis y reformas. En lo que interesa a este artículo, lo que más preocupa es que dichas instancias, fundamentalmente la práctica profesional, constituyan experiencias estimuladoras de una cultura de voluntariado jurídico, de manera que el trabajo pro bono se sitœe como una continuación natural y no como un redescubrimiento. Otro elemento que no puede ser omitido en el análisis, es el hecho que todos los abogados de alguna manera asumimos voluntariamente trabajo gratuito. Normalmente se circunscribe a nuestro entorno familiar o de amistades o bien, hacia aquellas personas en estado de necesidad pero que forman parte de nuestro círculo de interacción. De esta forma, la disposición profesional de aportar voluntariamente es mucho mayor de lo que pudiera pensarse. Lo que ocurre es que actualmente está sujeta más bien a las eventualidades personales que a una estructura en donde el trabajo pro bono forme parte de un esquema organizado, permanente y general. Y es precisamente esta œltima constatación, la que nos permite comenzar a revisar los factores que resultan necesarios para que el día de mañana pudiésemos pensar en un Código de Etica Profesional que establezca una recomendación en aras del trabajo de voluntariado sistemático. Cabe constatar que actualmente existe en nuestro Código una norma que exige la defensa de los pobres. Ahora se trata de proyectar ese principio hacia una recomendación de mayor alcance y permanente compromiso.

Cualquier sugerencia o recomendación en un Código de Etica Profesional debe tener por respaldo una materialidad que permita cumplirla y un grado de reconocimiento y aceptación que la haga sustentable.

En lo que se refiere al primer factor, parece cierto que actualmente no existe una estructura todo lo desarrollada que permita conectar a los abogados con las necesidades de voluntariado que existen. De hecho, sea por falta de organización o de difusión, el caso es que de imponerse hoy día una recomendación como la propuesta, muchos profesionales no sabrían por donde comenzar. Sin embargo, en esta materia los avances son verdaderamente promisorios. En primer término, corresponde destacar los esfuerzos de la Corporación FORJA, institución que suscribió un convenio con nuestro Colegio de Abogados y que lleva años desarrollando una significativa labor de asistencia jurídica a los más necesitados. El trabajo de bases de esta organización -vía extensionistas jurídicos y red de abogados- ha ido creciendo en eficacia, en términos que dispone de significativa información en lo que a necesidades se refiere. Por otra parte, los departamentos de clínicas jurídicas de algunas facultades de derecho han ido ampliando su espectro y rango de acción, perfilándose también como un apoyo de creciente relevancia. Por œltimo, comienza a estrenarse la Fundación PRO BONO, iniciativa dirigida por profesionales jóvenes y que busca inculcar y organizar institucionalmente el trabajo de voluntariado jurídico en las oficinas de abogado y departamentos legales de empresas. El desafío pendiente es que estas diversas iniciativas se consoliden y coordinen de manera de estructurar un complejo armónico que haga del trabajo de voluntariado una realidad al alcance de la mano.

El segundo elemento necesario para que llegue a fructificar una recomendación ética como la sugerida en este artículo, es que la misma cuente con un reconocimiento y aceptación por parte de los profesionales colegiados. En este sentido, también se perciben señales alentadoras. Tanto a nivel institucional como personal, cada día parece más evidente que nuestra comunidad jurídica muestra mayor inquietud por participar activamente en la promoción de un régimen de mayor igualdad. Asimismo, es posible apreciar que las nuevas generaciones, ajenas a las grandes ideologías que marcaron el debate pœblico en el pasado, desean contribuir al adelantamiento del bien comœn involucrándose directamente en las cuestiones de interés social. De ahí que sólo resta por resolver si estas mayores inquietudes y deseos son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a los requerimientos de aportes concretos.

De esta manera, dependiendo del desarrollo de las iniciativas de voluntariado que hoy día existen y de cómo validemos con nuestra práctica la cultura profesional que ellas promueven, podría darse el caso que nuestro Código de Etica contara con el privilegio de abrirse a lo aspiracional. Y alcanzada dicha instancia, constituirse en un referente que por su importancia genere iniciativa incluso donde no la hay. Hay muchas incertidumbres en el camino como para adelantar un resultado, pero cierto es que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo.
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