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Revista Nº 22
TEMAS
 
Acceso y Vocación
Por Nielson Sánchez-Stewart

Hoy he leído en un periódico que una estudiante de Derecho - de la Swansea University en el Reino Unido - se había suicidado después de haber sido descubierta alterando los resultados de sus calificaciones porque creía que con las obtenidas no llegaría a terminar su carrera y nunca podría llegar a ejercer como abogado, lo que más ansiaba en este mundo, segœn el periodista que redactó la información.

Esta triste noticia me ha hecho reflexionar sobre la relación entre las dificultades para llegar a ser abogado y la vocación que es preciso demostrar para superar todas las dificultades.

Cuando comencé mis estudios de Derecho en la Universidad de Chile, me dijeron que me encontraría fundamentalmente con tres dificultades para llegar a ser Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales: el Derecho Romano, el examen de Licenciatura y el atravesar con éxito todos los días durante cinco años las numerosas calles que separan la Escuela del resto del mundo civilizado. Tuve suerte y, después del tiempo de rigor, me licencié, escribí la"memoria"que es como en Chile denominamos a la tesis o tesina de fin de carrera, hice mi práctica y obtuve el título de abogado. Modestia aparte, no soy torpe del todo pero recuerdo bien que llegar a ser abogado no era una cosa fácil, si bien había y seguramente hay carreras más difíciles. Muchos iban quedando por el camino. Efectivamente, de los 450 alumnos del primer año que en aquel entonces empezamos juntos a estudiar, no más de 200 ó 250 terminamos la carrera. Mucha gente ha quedado en la condición de "egresado"- con los estudios académicos terminados pero sin haber aprobado el examen de grado o escrito la tesis - lo que permite ganarse la vida durante un tiempo, pero después, si no se culmina la obtención de los demás requisitos, hay que intentar otra cosa.
En Chile, por aquellas épocas, existía ya la necesidad de efectuar una práctica procesal tutelada antes de recibir el título: eran seis meses en el antiguo Servicio de Asistencia Judicial que estaba a cargo de los Colegios de Abogados. No sé qué habrá sido de esos servicios jurídicos donde trabajamos generaciones de alevines de abogados bajo la atenta supervigilancia de un maestro que nos iniciaba o nos guiaba - segœn los casos - en nuestros primeros pasos. A esta experiencia se unía el que casi sin excepción, los estudiantes de derecho - con clases sólo por las mañana - trabajábamos por las tardes en despachos profesionales, donde se nos remuneraba muy escasamente pero donde aprovechábamos de la capacidad de postulación que nos concedía la ley procesal vigente a los estudiantes desde el tercer año de la carrera. Así pues, los que nos iniciábamos en el difícil arte de la abogacía, no sólo habíamos cursado unos estudios con 27 asignaturas entonces, sino que además teníamos una más o menos amplia práctica procesal ganada en el trabajo que realizábamos simultáneamente con el estudio, en la "práctica" que "hacíamos" durante por lo menos seis meses y en la que además nos inculcaban las clases de práctica forense que cursábamos durante el cuarto y quinto año académicos. Teníamos una formación teórica que repasábamos para preparar el examen final e incluso suficiencia investigadora acreditada al escribir una tesis que era muchas veces bastante respetable.
Al venir a ejercer en España me encontré con una situación muy diferente. Como he dicho ya en alguna oportunidad, el título de abogado en este país no existe como tal, sino que es una categoría profesional que se adquiere cuando el Licenciado en Derecho se incorpora como ejerciente a un Colegio de Abogados.

El Estatuto General de la Abogacía, que rigió desde 1982 hasta 2001, en que ha sido objeto de derogación por el nuevo Estatuto que en esta materia - para decepción de muchos - no ha innovado, establece que para colegiarse como ejerciente es preciso solamente cumplir con los siguientes requisitos: nacionalidad española, mayoría de edad, título de Licenciado en Derecho, carencia de antecedentes penales, pago de la cuota de ingreso e incorporación en la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía -órgano autónomo que garantiza exiguas pensiones- y alta en el Impuesto de Actividades Económicas. La nacionalidad española, extendida luego a la nacionalidad de alguno de los Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo por mor de la integración de España en la Comunidad Europea, es dispensable cuando el extranjero no sea comunitario.

La normativa española no exige ningœn otro requisito de formación académica o práctica para comenzar el ejercicio de la profesión que la Licenciatura en Derecho.

Esta situación no existe en ningœn otro país del mundo, salvo en la India, y desde luego pugna abiertamente con los demás países del entorno europeo, donde para llegar a ser abogado es preciso, además de la Licenciatura en Derecho, justificar prácticas tuteladas en juzgados, notarías, fiscalías y bufetes que, a veces, como el caso de Italia y Alemania, duran tanto o más que el estudio académico.

Todo esto tiene que ver con la vocación. Cuando se dificulta el acceso a una actividad, se producen dos fenómenos, uno positivo y otro negativo. El negativo es que la actividad se sigue desarrollando, pero de manera clandestina. La vertiente positiva es que los que efectiva y legalmente se dedican al asunto tienen capacidad demostrada y vocación. Por eso, quizá, los abogados que conocí en Chile eran auténticos profesionales: habían elegido ser abogados porque entendían que era a lo que se querían dedicar el resto de su vida. Las generalizaciones son difíciles y a veces injustas, pero con el sistema español se incorporan a la profesión personas que no tienen auténtica vocación de abogado. El Licenciado en Derecho que, dicho sea de paso, no precisa para obtener el título ni rendir un examen de Licenciatura ni preparar tesis alguna, salvo que quiera optar al grado de Licenciado en Derecho que le habilita para en su día obtener el de Doctor, pero que no tiene ninguna otra significación práctica, tiene ante si dos posibilidades: una, "hacer oposiciones" y otra, incorporarse a un Colegio de Abogados. Las oposiciones, como quizá todo el mundo sabe, son exámenes que convoca el Estado para el acceso a las funciones pœblicas, entre nosotros a la de Abogado del Estado, Notario o Registrador de la Propiedad -el equivalente de Conservador de Bienes Raíces- y a funcionarios técnicos de la Administración.

Estas oposiciones no son broma: exigen en una persona normal cinco años de estudio en casa o en un centro privado durante doce horas diarias seis días por semana y un aprendizaje memorístico de alrededor de mil temas jurídicos. Es verdad que en la generalidad de los casos aseguran, si se aprueban, un ingreso bastante saneado y la solución del problema económico existencial para el resto de la vida pero aquel que no tiene unas condiciones extraordinarias para el estudio o que tiene, por el contrario, necesidades o apremios de dinero, no tiene más remedio, superada la carrera de Derecho, que abrazar la carrera de abogado, tenga o no vocación para ello.
Y así nos van las cosas.
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