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Revista Nº 22
TEMAS
 
Acercando el Lejano Derecho
Por Cristóbal Tello E.

Mi primera mañana de trabajo en la isla Lemuy no fue muy promisoria. El primer cliente que recibí demoró vasrios minutos en desenredar un sinnœmero de bolsas plásticas en las que traía cuidadosamente guardado un plano de tela hecho en 1921 por el Ministerio de Tierras y Colonizaciones. Me contó la historia de su familia, la que hace más de 100 años vivía en esa propiedad. Ésta fue medida por un "mensor" ese mismo año, entregándose el "plano de dominio" a su abuelo. Mi cliente pedía "regularizar" su terreno para poder solicitar un subsidio de vivienda.

Tratando de ocultar mi absoluto estado de ignorancia, anoté sus datos y quede en "estudiar" su caso. Más que estudiar el caso, lo que tenía que hacer era estudiar el tema para tratar de entender de qué me estaba hablando.

Mi ignorancia fue en aumento cuando el segundo cliente entró furioso alegando que su vecino había corrido el cerco de deslinde de su propiedad en más de dos "varas". Tuve que cerrar la oficina cuando mi tercer cliente me contó extensamente cómo el día anterior había encontrado a una de sus ovejas muertas por mordeduras de un perro, presumiblemente de propiedad de su vecino.

En menos de dos horas mi diploma de abogado, todavía sin colgar en la oficina, corría el serio riesgo de quedar guardado. ¿Regularizar, Ministerio de Tierras, desplazamientos de cercos, varas, perros asesinos?
Tal como probablemente a Ud. le suceda ahora, mis conocimientos jurídicos no estaban preparados para este tipo de consultas. O mis profesores de Derecho se habían saltado estas materias o yo no había puesto mucha atención en esas clases. Lo cierto es que poco recordaba del D.L N1⁄42.695, que fija las normas de regularización de la pequeña propiedad raíz, de las normas civiles respecto a las servidumbres de demarcación, de las normas penales que establecen las faltas por dejar sueltos animales feroces y de otras materias pertinentes a las consultas de mis clientes. Eran tópicos muy "poco importantesÓ, que, sin duda alguna, jamás iban a ser preguntados en los exámenes, por lo que nadie les destinaba mucha atención. Pero para mis clientes éstos eran sus problemas y, sin duda alguna, eran muy importantes. Ellos eran pequeños campesinos chilotes habitantes de Lemuy, una pequeña isla del archipiélago de Chiloé, adonde fui destinado a trabajar como abogado por un año, por el Programa Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Con una población cercana a las 4.000 personas, los índices de la calidad de vida de los lemuyanos son muy bajos. Su principal actividad productiva, el cultivo de la papa, se ha deteriorado considerablemente en los œltimos años, existen importantes déficits de vivienda y mala calidad de ésta, los índices de educación son mediocres, cuentan con pocos servicios pœblicos y la subdivisión de los suelos agrícolas representa un futuro poco promisorio. Para ellos el Derecho y el acceso a la justicia es algo muy lejano, literalmente muy lejano, ya que el Juzgado de Letras más cercano queda a más de una hora y media y no existen abogados o asistencia jurídica permanente. En la isla sólo hay un juez de policía local no letrado (el Alcalde), con una competencia muy restringida, y la atención jurídica del Programa Acceso a la Justicia es un día a la semana. Por ello, cualquier problema legal, aunque sea el más mínimo, resulta muy difícil de resolver; más bien, es casi imposible de resolver. Tal vez el ejemplo más claro para ilustrar esta distancia sea el problema de la propiedad irregular. El plano que mi primer cliente llevó a mi oficina constituía parte de uno de los tantos esfuerzos que el Estado hizo durante el siglo pasado para regularizar el dominio de extensos territorios ocupados, pero cuya propiedad no se encontraba inscrita. En Chiloé, durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, el Ministerio de Tierras y Colonizaciones (hoy Ministerio de Bienes Nacionales), destinó enormes recursos para realizar levantamientos topográficos de los terrenos (a través de los mensores o topógrafos) y otorgar títulos gratuitos de dominio a sus ocupantes. Sólo "olvidó" un detalle. Entregó los títulos y planos a cada ocupante, pero no les explicó (o si lo hizo, no fue muy efectivo) que ellos debían inscribirlos para que el dominio les fuera traspasado. Como en esos tiempos el œnico Conservador de Bienes Raíces existente era de difícil acceso (muchas horas de difícil navegación), la gran mayoría de los poseedores irregulares nunca inscribió sus títulos, quedando todos esos predios inscritos a nombre del Fisco.
Durante 70 años, la propiedad, en estricto rigor la mera tenencia de los predios, fue traspasándose de generación en generación o transferida a terceros por medio de la tradición de los planos sin que nunca fueran necesarias escrituras pœblicas, inscripciones o posesiones efectivas. Sólo cuando en la década de los ochenta y noventa el Estado exigió el dominio del terreno para otorgar sus subsidios habitacionales y productivos, la propiedad irregular comenzó a ser un problema y se iniciaron nuevamente los esfuerzos estatales de regularización.

La paradoja es que después de un esfuerzo interinstitucional de más de dos años, las 200 familias beneficiadas por el proyecto de regularización vuelven hoy a enfrentar los mismos problemas que sus abuelos 70 años atrás. Sigue siendo difícil, costosa e inentendible para ellos la transferencia del dominio, por lo que probablemente en 10 ó 15 años más la propiedad de sus terrenos volverá a estar en condiciones de irregularidad.

Y es que para los habitantes de Lemuy, como para muchos otros que viven en situación de pobreza, la justicia sigue estando lejos y sus problemas jurídicos siguen siendo poco importantes.

¿Cómo acercar este derecho tan lejano? Sin duda que es un complejo problema. Pero a veces las iniciativas solidarias individuales o colectivas son más efectivas y eficientes que largas discusiones teóricas y aportan mejores pistas.
El Servicio País, por ejemplo, durante estos œltimos seis años, ha destinado numerosos abogados jóvenes (entre más de 1.200 profesionales) para trabajar en este tipo de materias en las comunas rurales más pobres del país. Reciben una baja remuneración por su trabajo, pero ganan una gran experiencia profesional y personal desarrollando innovadores proyectos de desarrollo social. Ellos, en conjunto con FORJA, han implementado un exitoso programa de formación y asesoría de Extensionistas Jurídicos, a través del cual se ha capacitado a más de 300 dirigentes sociales en materias jurídicas pertinentes a su realidad local, para que ellos contribuyan a informar a sus vecinos, a asesorarlos y ayudar a derivarlos a las instituciones pertinentes que puedan resolver sus problemas y a realizar acciones de mediación. Los Extensionistas se han posicionado como eficaces auxiliares de la administración de justicia en territorios en donde ella no abunda.

El Colegio de Abogados y la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza crearon hace más de tres años la Red de Abogados País, mediante la cual se pretende canalizar el espíritu solidario de abogados que estén dispuestos a asesorar a distancia a organizaciones sociales en materias jurídicas. Son numerosas las asesorías jurídicas que han prestado y que han significado una valiosa ayuda para estas organizaciones, que les hubiera sido muy difícil obtener por su cuenta.

Sin embargo, por valorable que sean, todas estas iniciativas son insuficientes para resolver el problema de fondo. Pero son una muestra real y factible del enorme aporte que podemos realizar todos los actores de la comunidad jurídica por acercar el Derecho a los que más lo necesitan.

La distancia entre la justicia y las personas que viven en situación de pobreza no es teórica, sino que real, y se puede ir disminuyendo a través de esfuerzos colectivos. Y es que los grandes desafíos, como siempre en la vida, se alcanzan paso a paso. En este importante esfuerzo, son muchos los pasos que podemos aportar nosotros.
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