RUT
Clave
Recuperar Contraseña
Buscar
Revista Nº 22
TEMAS
 
Libertad y Responsabilidad en Internet
Por Rodrigo Rojas P.

Hoy en día los temas que ocupan a los que estamos vinculados a esta área son, entre otros, la próxima entrada en vigencia de la ley sobre Firma Digital, los conflictos acerca de los Nombres de Dominio, los intentos por establecer censura en Internet y, en general, otros relevantes dentro del denominado e-commerce.

En esta oportunidad, y a propósito de un fallo de nuestros tribunales de justicia, quiero invitarlos a reflexionar acerca del tema de la responsabilidad en el mundo de la Internet. Es decir, cómo juega la responsabilidad y qué papel le cabe a los diferentes actores dentro de la Internet, qué legislación se debe aplicar a diversas situaciones, cómo puede perseguirse la responsabilidad de un sujeto o imponérsele sanciones a personas no residentes en Chile, etc.

Es indudable que cada vez es mayor la importancia que desempeña Internet como fuente de consulta, tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito personal y, también, como medio de información, comunicación o entretenimiento. Sin moverse de la casa u oficina, a través de la red se puede acceder a una gran cantidad de información sobre los más variados temas, sin importar su origen geográfico como, por ejemplo, el tipo de cambio vigente para cualquier moneda, un directorio de proveedores de mœsica en los Estados Unidos, el pronóstico del tiempo en Miami, resœmenes de libros, los más avanzados descubrimientos científicos, la cartelera cinematográfica o la historia de Galileo Galilei.

Es innegable que este acceso fácil e inmediato a una fuente de información tan completa y abundante provee innumerables beneficios; sin embargo, puede resultar peligroso para quienes desconocen que en la web prácticamente cualquier persona puede publicar páginas sin restricción en el contenido o enviar un mensaje de correo electrónico asumiendo una falsa identidad. El peligro se encuentra, por ejemplo, en la difusión de contenidos relacionados con determinados conocimientos o el suministro de recomendaciones o explicaciones médicas, académicas, tecnológicas, científicas, etc., ya que, aunque la información se presente con suficiente claridad, no necesariamente es correcta. Lo mismo puede ocurrir con la difusión de informaciones u ofertas de productos y servicios falsos o incorrectos o con contenidos que aparecen firmados por alguien que en realidad no es propiamente su autor.

No existe garantía de que este tipo de páginas o mensajes hayan sido elaborados realmente por las personas o instituciones que aparezcan suscribiéndolos o simplemente colocándolos en la red, o que la persona que dice ser el emisor en realidad no ha sido suplantada por otra persona.

Con gran facilidad se difunden en la red contenidos que resultan ser parcial o totalmente falsos, sea que hayan sido generados por personas u organizaciones bienintencionadas y ansiosas por compartir sus escasos conocimientos en cierta materia o por emisores que manipulan arbitrariamente los datos que proporcionan a fin de adecuarlos a determinados intereses.
El resultado es el mismo: por ignorancia o de manera intencionada, difunden información errónea u obsoleta capaz de confundir a quienes la utilizan como fuente de consulta.

A diferencia de otros medios de difusión tradicionales -lo que en ningœn caso significa considerar a Internet como tal - en los que la audiencia conoce la identidad del emisor y puede formarse un criterio de evaluación de la información que proporciona, en Internet es frecuente no conocer ni siquiera su origen, pero, a pesar de ello se observa en crecimiento una tendencia generalizada a citar indiscriminadamente a Internet como fuente de referencia autorizada e inequívoca.

Sin embargo, proponer o apoyar la implementación de mecanismos que aseguren la calidad y veracidad de las páginas que son publicadas en la web o que incluso validen el contenido de mensajes de correo electrónico sería atentar contra el espíritu de libertad que ha caracterizado a Internet, un privilegio sin precedentes que nos ha sido otorgado en los albores de un nuevo milenio. Corresponde a todos los usuarios, tanto quienes participamos en la publicación de información, como quienes la utilizamos como medio de consulta, asumir con responsabilidad esa libertad que disfrutamos.

Caso Chileno
Dentro de este contexto nos pareció interesante exponer lo que ocurrió en nuestro país hace algœn tiempo (1999), cuando la Corte de Apelaciones de Concepción falló un asunto relacionado con la responsabilidad que le cabría a una empresa proveedora de servicios de acceso a Internet en conexión con una oferta de servicios.

Un particular interpuso un recurso de protección en contra de una empresa proveedora de servicios de acceso a Internet, en virtud de haber ésta publicado en su sitio web un aviso de servicios sexuales, en el que figuraba como oferente su hija, menor de edad. Para fundar el recurso, el particular invocó como fundamento la infracción al artículo 19 N1⁄4 1 de la Constitución Política de la Repœblica, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

Al informar el recurso, la empresa denunciada respondió informando que en su opinión no le cabría responsabilidad alguna en el hecho, pues el mensaje había sido generado desde un computador perteneciente a un usuario perfectamente identificable. En ese sentido la empresa señaló que dentro de su sitio web existe una sección de "Avisos Clasificados" que funciona en forma simple y automatizada, donde se especifica claramente que el contenido de los mismos es de absoluta responsabilidad de los usuarios, ya que cada uno de ellos puede publicar, revisar o eliminar sus propios avisos. Por lo demás, se agregó que la publicación de estos avisos es absolutamente gratuita.

Luego de una serie de investigaciones e informes pedidos a especialistas, se pudo establecer que el mencionado aviso había sido generado por un grupo de amigos de la menor, dispuestos a hacerle una broma. Hasta aquí los hechos.

La Corte de Apelaciones citada dictó sentencia en el mes de Diciembre del año 1999 rechazando el recurso por haberse perdido la oportunidad de la acción de protección, atendido que el aviso en cuestión fue retirado inmediatamente se supo su existencia. No obstante, el mencionado fallo se pronunció sobre aspectos de fondo, que son los que nos interesa comentar en este artículo.

En primer lugar, estableció la Corte que si bien no existe un marco jurídico especifico que regule Internet, los problemas originados en ella deben ser resueltos conforme a las reglas generales previstas en nuestro derecho, situación completamente previsible de acuerdo con los principios generales del derecho. Para estos efectos, el fallo distingue como actores de Internet al proveedor de acceso, al proveedor del sitio, al proveedor del contenido y a los usuarios finales.

En ese contexto, la sentencia indica que la responsabilidad extracontractual recae directamente en el proveedor del contenido, que es en definitiva el responsable de la inclusión de los mensajes que pueden lesionar moral o patrimonialmente a una persona, como ocurría en este caso. No obstante, el fallo agrega que dicha responsabilidad se hace también extensiva a los proveedores de acceso y a los proveedores de sitios, cuando éstos no hayan tomado las providencias mínimas necesarias para permitir identificar a los usuarios, como también cuando, a sabiendas de la actividad ilícita o habiendo podido saber de ella, no retiren los datos o no hagan imposible el acceso a ellos.

Se sostiene, por œltimo, que el proveedor de acceso es el œnico que puede ofrecer la identificación de los infractores y el œnico que cuenta además con las herramientas que pueden evitar estos hechos.

La mencionada tesis, que es una de las posturas que al respecto se han planteado en la doctrina y en los tribunales de otros países, considera a los proveedores de acceso como equivalentes a los editores de los medios de comunicación, cuya responsabilidad es controlar el contenido que se publica en sus medios. Lo anterior, basado en que ambos proporcionarían el soporte material que permite a los autores la divulgación de los contenidos generados.

Frente a esta postura existe otra que sostiene precisamente lo contrario - y que en lo personal compartimos - y que niega rotundamente la calidad de editor a los proveedores de acceso, otorgándoles la condición de simples prestadores de un servicio de transmisión de datos. En esta línea de pensamiento, los proveedores de acceso serían asimilables a los propietarios de las librerías, que no podrían ser responsables de lo publicado en los libros que ofrecen.

En ese mismo sentido, sostenemos que los proveedores de acceso sólo deben ser responsables de prestar los servicios de conexión a Internet y no pueden estar a priori tomando medidas en relación con los contenidos de la información que circula por sus servidores. Lo anterior amén de difícil y extremadamente oneroso, resultaría virtualmente imposible.

Somos de opinión que los proveedores de acceso no son tampoco los llamados a determinar la identidad de los usuarios que acceden a sus servidores, salvo en casos muy excepcionales, como podrían ser investigaciones criminales.

Pretender lo señalado por el fallo en comento, importaría convertir a los proveedores de acceso en guardianes de la moral, las buenas costumbres y el orden pœblico y en censores de los contenidos, situación contraria a las tendencias que por fin están llegando a nuestras leyes.

En este mismo sentido ha resuelto la Corte Suprema de los Estados Unidos, como se aprecia en el caso ÒLunney vs. Prodigy ServicesÓ en el que el tribunal resolvió que un proveedor de acceso no es responsable por la difamación de que ha sido objeto una persona a través del correo electrónico. En efecto, la Corte Suprema falló en este caso, que Prodigy Services Co. sólo tenía un rol pasivo como portador de información y no como un editor, asimilándola a los servicios de una compañía telefónica.
Diferente es sostener que si a posteriori y con ocasión de una denuncia concreta, el proveedor de acceso deba eliminar o impedir el acceso a ciertos contenidos. En este orden de ideas, existe consenso en los autores respecto de que en ese caso, si debe actuar el proveedor eliminando los contenidos o impidiendo el acceso a ellos.

Conclusiones
Tal como señalamos al comienzo, es indudable el potencial de aprovechamiento de Internet para la información, la educación, el entretenimiento y la actividad económica, pero también es necesario garantizar un correcto equilibrio entre la garantía de la libre circulación de la información y la protección de los derechos ciudadanos.

En ese sentido, es evidente que corresponde a los propios actores de la Internet darse las normas que tiendan a evitar situaciones como las descritas, como también le corresponde a los Estados garantizar la aplicación de sus propias legislaciones. No obstante, dada la gran descentralización y el carácter transnacional de Internet han de producirse acuerdos vinculados a las buenas prácticas en estos temas.

También es interesante destacar que Internet no se encuentra en un vacío jurídico, pues todos sus actores están sujetos a sus respectivas legislaciones.

Lo que también está claro es que los proveedores de acceso a Internet desempeñan un papel decisivo para dar acceso a los usuarios a los contenidos de Internet. Sin embargo no se ha de olvidar que la responsabilidad primordial de los contenidos recae sobre los autores y los proveedores de contenido, quienes no deben, en el nombre de la libertad, actuar irresponsablemente.

Con el propósito de invitar a la reflexión acerca de estos temas, y abrir nuevos frentes de investigación, aprovecho estas líneas para formular algunas preguntas vinculadas con la Internet, como por ejemplo, cuál habría sido la postura de la Corte de Apelaciones de Concepción si el servidor donde se publicaba el aviso, hubiere estado fuera de Chile o cuál sería la postura de nuestros tribunales frente a un caso de revisión del contenido del correo electrónico de un trabajador por parte de su empleador (¿sería en este caso aplicable la norma del artículo 19 Nº 4 y 5 de la Constitución Política de la Repœblica?); cuál es el valor probatorio de un correo electrónico o cuándo se está frente a un caso de violación de la privacidad y, por œltimo, ¿pueden censurarse ciertos contenidos en la Internet?. Quedan planteados estos desafíos.
responsabilidad en Internet
Revista del Abogado
Números Editados
Publicidad en Revista del Abogado
Volver
webpay
Inscripción en linea
E-CERTCHILE
Revista N° 75
Mayo 2019
Inserto2
Los Martes al Colegio
PRO BONO
DLE
Tramitación Electrónica
Poder Judicial2
MICROJURIS
UANDES
Codificación Comercial