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Revista Nº 22
TEMAS
 
La Justicia Electoral:
Silenciosa pero Imprescindible
Por Fernando Román D.

La justicia en general ha tendido siempre a realizar su noble misión en la sobriedad del silencio, circunstancia que muchas veces contribuyó a su aislamiento y a una grave despreocupación por parte de los otros poderes, que la olvidaron y arrastraron a una crisis que no se puede soslayar, especialmente evidente en la escasez de medios materiales y humanos, que eternizaron los pleitos.

Afortunadamente, y desde hace algunos años, la situación tiende a revertirse y las falencias del pasado se convierten hoy en fuerzas renovadoras que comprometen a la sociedad toda en notables reformas judiciales que cambiarán el rostro de este pilar de la democracia, como es una buena administración de justicia.

En este contexto, se nos ha pedido que demos a conocer la estructura de una justicia que funciona bien, pero que simplemente permanece en un anonimato que no armoniza con el definitivo y esperado por todos afincamiento de la democracia. Nos referimos a la Justicia Electoral y, especialmente, a los Tribunales Electorales Regionales, que por primera vez se establecieron en Chile en la Constitución de 1980, destinados principalmente a regular y controlar los actos electorales que se verifican en los denominados grupos intermedios, a los cuales dicha carta fundamental les atribuye especial importancia, como soportes de la institucionalidad de la Repœblica y en los que el pueblo se desarrolla y crece en forma coherente y organizada.

La Justicia Electoral está tratada en el capítulo VIII de nuestra Constitución, en los artículos 84, 85 y 86, los que se refieren concretamente al Tribunal Calificador de Elecciones y a los Tribunales Electorales Regionales. Las leyes 18.460, de 15 de Noviembre de 1985 y 18.593, de 9 de Enero de 1987, respectivamente, reglamentan dichos Tribunales, teniendo ambas el carácter de orgánicas constitucionales.

El primero de los Tribunales, el Calificador, que data desde 1925, está llamado a conocer del escrutinio general y de la calificación de las elecciones del Presidente de la Repœblica y de Diputados y Senadores; resuelve las reclamaciones a que dieren lugar y proclama a los que resulten elegidos. Conoce, además, de los plebiscitos que puedan realizarse. Sus miembros son cinco. Tres ministros o ex ministros de la Corte Suprema; un abogado elegido por la Corte Suprema y un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, todos elegidos en la forma que señala el artículo 84 de la Constitución Política. Duran cuatro años en sus funciones, proceden como jurado en la apreciación de los hechos y sentencian con arreglo a derecho. Son independientes de la Corte Suprema, al igual que los miembros de los tribunales electorales regionales, ya que no tiene nuestro máximo Tribunal sobre ellos la superintendencia directiva, correccional y económica. Sobre este particular, se han desestimado inveteradamente los recursos de queja que han pretendido hacerse valer contra las actuaciones y fallos de estos Tribunales.

A su vez, los Tribunales Electorales Regionales conocen del escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomienda, resolviendo las reclamaciones a que dieren lugar y proclamando los candidatos electos. Sus resoluciones se apelan ante el Tribunal Calificador de Elecciones con las excepciones que no es del caso señalar.

Quizás su mayor y más importante labor sea conocer de la calificación de elecciones de carácter gremial - no sindical - y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley indica. En esta œltima materia, se ha ido decantando la idea que no les corresponde intervenir en la revisión o reclamaciones de elecciones ocurridas al interior de los partidos políticos, las que deben ser resueltas de acuerdo a sus estatutos y por sus órganos internos. Por su parte, las cuestiones sindicales - aunque existe discusión- son de competencia de la Dirección del Trabajo y de los Tribunales del ramo. Estos Tribunales - los electorales - también aprecian los hechos como jurado y sentencian con arreglo a derecho. Están constituidos por un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de la Corte de Apelaciones por un lapso no inferior de tres años. Duran también cuatro años en sus funciones.

Hoy no se discute que estos tribunales son de derecho, ya que tienen su origen en la Constitución, se reglamentan por la ley y fallan conforme a derecho. Son especiales en cuanto a la materia y a las normas que los rigen. No se les aplica el Código Orgánico de Tribunales. Existe uno en cada Región, su sede está en la capital de la misma y en la Región Metropolitana hay dos los que funcionan en turnos semanales para la distribución de las demandas.

Cada Tribunal cuenta con un secretario relator, un oficial primero y un oficial de sala. Sus titulares y este personal se remunera conforme a las normas de la Ley 18.593. Su tratamiento se ha asimilado a los miembros de una Corte de Apelaciones y sus actos son pœblicos.

En cuanto a su competencia, quizás la más importante diga relación con el escrutinio y calificación de las elecciones municipales y las reclamaciones que se produzcan en actos eleccionarios en juntas de vecinos, clubes deportivos y centros de madres. En las primeras, muchas veces, en sesiones pœblicas se revisan uno a uno los votos discutidos. Es notable la seriedad de este trabajo para legitimar a las personas electas. Debe, en todo caso, tratarse de entes o personas jurídicas que no persigan fines de lucro.

En materia de competencia la ley que se la concedió, la Nº 18.593, dejó abierta la posibilidad para que otras normas legales confirieran atribuciones jurisdiccionales a estos tribunales electorales regionales. Así sucede con la ley 18.605 relativa a los Consejos Regionales de Desarrollo, que otorgó a estos Tribunales competencia para conocer de variadas materias y con la ley 18.695 que reglamenta a las Municipalidades y que le otorga competencia a los mismos para conocer de algunas cuestiones relacionadas con los Consejos de Desarrollo Comunales. Asimismo la cesación del cargo del alcalde por notable abandono de deberes y por otras razones, es también competencia de estos tribunales.

Por otro lado, se ha entendido que las normas generales de la competencia de los artículos 109 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales tienen aplicación en estos Tribunales, con algunas salvedades.

En cuanto al procedimiento que emplean, éste se sujeta a las normas de la Ley 18.593, sus resoluciones se adoptan por mayoría, aplicándose las normas de los acuerdos que rigen a las Cortes de Apelaciones. En la vista de la causa pueden oírse alegatos. Los procesos se inician por medio de reclamaciones escritas, que deben cumplir los requisitos del artículo 17 de la Ley indicada. No es necesario mandato pero sí patrocinio de abogado por disposición expresa de la ley 18.120, salvo excepciones al respecto.

En fin, los fallos que se dicten deben ser fundados, debiendo indicar con precisión el estado en que queda el proceso eleccionario o la materia a que se refiera el reclamo. Puede condenarse en costas al vencido.

Es evidente que un estudio de estos Tribunales no se agota con lo dicho, pero las exigencias de un artículo como el presente no permiten por ahora extenderse sobre el tema.

Sirva entonces lo dicho para un llamado de atención sobre estos entes jurisdiccionales que funcionan normalmente, sirviendo de respaldo al juego democrático y, que, lamentablemente, no han tenido la divulgación que la ciudadanía merece.
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