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Revista Nº 21
TEMAS
 
Responsabilidad Civil del Abogado
Los abogados en EE.UU. están viviendo un momento estelar y sus juicios están fijando las políticas en salud, armas, tabaco e industrias contaminantes, entre otras, llegando a transformarlos en un cuarto poder del Estado. Ello contrasta con el auge de la Responsabilidad Civil (Legal Malpractice), que preocupa a la American Bar Association. Según esta entidad, de 19.155 casos desde 1990 a 1995, los abogados más demandados por especialidad son: Daños (21,65%); Bienes Raíces (14,35%); Derecho Comercial y Negocios (10,66%); Derecho de Familia (9,13%); Cobranzas y Quiebras (7,91%).

Las causales más invocadas en estos casos fueron: falta de conocimiento y de apropiada aplicación de la ley (11%); error de procedimiento (11%); inadecuada investigación y estudio de los antecedentes (10%); falta de consentimiento del cliente (10%), y demoras (9%). La explicación de esta explosión de juicios por malpraxis está en el auge extraordinario de la responsabilidad civil, que cruza todo el espectro de las actividades humanas, alcanzando incluso a profesiones que hasta ahora le eran ajenas, en una permanente búsqueda de responsabilidad, propia de una sociedad en que cada día más personas se consideran víctimas de actos ajenos.

La reparación del daño causado, esencia de la responsabilidad civil, va surgiendo como respuesta al ejercicio profesional negligente, pero en nuestro país seguimos indiferentes a esta realidad, enfrentados a un círculo vicioso, en que la falta de adecuados instrumentos coactivos éticos y legales, lejos de desincentivar la mala práctica, generan el efecto contrario.
A diferencia de la medicina, que ha ido aceptando los juicios como un riesgo del negocio, los abogados no hemos aceptado ni asumido la responsabilidad por mala práctica profesional como una realidad. Incluso en EE.UU., sólo la mitad de los abogados disponen de algún seguro de responsabilidad profesional. Es necesario dimensionar este potencial riesgo en aras de buscar mecanismos de prevención así como la adecuada reparación de sus consecuencias; este último es uno de los deberes contemplados en nuestro Código de Ética Profesional. No cabe duda que el abogado es no sólo ética sino que civilmente responsable de los daños que experimente el cliente cuando, por ejemplo, se le ha encomendado asesorar en una compraventa y no estudia los títulos, existiendo un embargo sobre la propiedad y causando un daño patrimonial importante a su cliente; cuando por su negligencia se produce el abandono del procedimiento, o por demora en iniciar un juicio prescriben las acciones.

El aumento explosivo del número de abogados titulados, el ejercicio profesional con involucración en más y complejas materias que requieren mayores conocimientos y especialización, cada vez con más recursos económicos comprometidos y con ausencia de adecuada formación ética, contribuirá al desarrollo de la responsabilidad civil del abogado, proceso que no tardará en llegar a nuestro país.

El abogado y su función
En la esencia de la función profesional está la dimensión ética de su ejercicio, por medio de principios y normas que van dando pautas acerca de la buena praxis profesional.

El carácter de la ética como componente inseparable de la actuación profesional, ha sido confirmado por los Tribunales, para quienes, si bien la ley constituye un mínimo capaz de hacer posible la sana convivencia, "este mínimo legal no será suficiente para justipreciar el buen desempeño profesional del abogado; y es que la ley no se conforma con la conducta de un abogado que se limite a no violentarla, porque lo requiere como colaborador activo muy confiable, comprometido con los valores que ella misma sustenta; por eso es que se le exige un modo de ser y de comportarse cuyas características se plasman en la ética profesional, en cuya leal observancia cada servidor de la justicia crece desde la insuficiencia del mínimo legal hacia la infinitud del máximo a que apunta la vocación de servicio y la perfección personal de cada profesional del derecho. Y precisamente la guía de este crecimiento es la ética profesional del abogado" (Corte de Apelaciones de Santiago,14/04/88, Gaceta Jurídica, N¡ 94, Año 1988, pág.38).

La ética profesional y sus principios cobran especial vigor como base para la definición de la buena praxis profesional, elemento crucial a la hora del análisis de la responsabilidad civil profesional de los abogados. Ello no quiere decir que para que sea procedente la responsabilidad civil deba, previamente, establecerse la existencia de una infracción éticamente punible, conforme lo ha dicho la propia Corte Suprema en fallo de fecha 13 de marzo de 1991 (Fallos del Mes N¡ 388).
Bases de la responsabilidad civil del abogado

La responsabilidad del abogado es tan antigua como la profesión y era posible encontrar normas sobre ella en el Código de Justiniano o Las Ordenanzas Reales de Castilla. En éstas se decía que "si por negligencia e ignorancia del abogado, que se pueda colegir de los actos del proceso, la parte a quien ayudare perdiere su derecho, tiene que pagar a su defendido por el daño que le causó, con costas, y en juicio breve" (Libro II, Tit. XIX, ley 12). Pero hasta hace poco se discutía y se afirmaba que el abogado sólo sería responsable ética y no jurídicamente (Rafael Bielsa, La abogacía, 3a.ed., Edit. Abeledo-Perrot, Bs. Aires, pág. 262). El tema está zanjado y, según Mosset Iturraspe, "los abandonos, los errores y los descuidos merecen ahora, además del reproche de conciencia y del juicio desfavorable de terceros, una sanción jurídica", agregando que entre las deficiencias de la administración de justicia está el propio desempeño profesional en cuanto "el desconocimiento del saber jurídico o la negligencia o imprudencia en su aplicación redundan en graves fallas en aquel servicio" (Responsabilidad Profesional del Abogado, Revista Jurídica Argentina La Ley 1980-C-489).

En Argentina, se ha fallado que "si la prescripción extintiva y la consecuente pérdida del derecho de su titular se produjese por la inacción o demora del abogado a quien se le encomendara, con tiempo, la promoción del juicio u otras medidas judiciales aptas a la finalidad interruptiva, sin duda el mismo habrá de resultar civilmente responsable frente a su cliente por el perjuicio que le cause tal proceder" (Cámara Nacional Civil Sala B 15/3/68 " Delmoro de Suffich c/ Paglilla, El Derecho 16-578).
Se ha establecido la responsabilidad del abogado por abandono del procedimiento, agravada por el hecho de que a veces se ha producido al mismo tiempo la prescripción extintiva (Cámara Nacional Civil.xSala C, 14/4/81 Naumow c/ Gutierrez, La Ley 1982-A-212; Cámara Nacional Civil, Sala G, 7/7/87 Berger c/ Cohen, La Ley 107-17). El propio artículo 52 del Código Procesal Civil Argentino contempla una acción por la responsabilidad civil del abogado que se puede ejercer en el mismo juicio -en cuyo fundamento se basa- sin necesidad de iniciar una posterior acción de daños y perjuicios, todo ello en caso de advertirse negligencia del profesional.

Conforme a nuestro Derecho, la responsabilidad podría provenir del incumplimiento de obligaciones estipuladas contractualmente entre el abogado y su cliente (contractual) o tener por causa un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otra persona (extracontractual), lo que en ambos casos implicará normalmente la infracción a aquellas normas referentes al ejercicio de la profesión que establezcan conductas o modos de obrar y que conforman la buena praxis, especialmente las normas ético profesionales. En esta ocasión, me referiré únicamente a la responsabilidad contractual.La responsabilidad contractual

Se ha discutido mucho acerca del tipo de contrato aplicable a esta relación abogado-cliente. Para David Stitchkin, se trataba de un arrendamiento de servicios, de aquellos en que predomina la inteligencia, conforme al art. 2118 del Código Civil. Para dicho autor, "un informe en derecho constituiría el típico ejemplo, aunque estimo que en caso de existir gestión de uno o más negocios ajenos existiría mandato, por ejemplo, cuando se le encomienda a un abogado la defensa total de un juicio, pudiendo comparecer por su patrocinado". (El Mandato Civil, Editorial Jurídica de Chile, Santiago,1989, pág. 63).
No obstante, la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia nacionales ha coincidido en circunscribir dentro del contrato de mandato la generalidad de las prestaciones que se deben recíprocamente el abogado y su cliente. Se basan en los artículos 528 del Código Orgánico de Tribunales (COT) y 2012 y 2118 del Código Civil. El artículo 528 del COT dispone que "el acto por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de sus derechos en juicio, es un mandato, que se halla sujeto a las reglas establecidas en el Código Civil sobre los contratos de esta clase, salvo la modificación establecida en el artículo siguiente". La Corte Suprema, en fallo de 13 de marzo de 1991, ha dicho que los abogados tienen además "una responsabilidad civil, que emana del hecho de existir entre el cliente y el profesional un contrato de mandato, según lo dispuesto en los artículos 528 del Código Orgánico de Tribunales y 2118 del Código Civil", agregando luego que "cabe advertir, primeramente, respecto de la responsabilidad civil, que ella es de naturaleza contractual y nace cuando el abogado no cumple con las obligaciones que el mandato le impone y se ejerce ante los Tribunales de Justicia a través de un procedimiento ordinario y conlleva, en su caso, el pago de indemnización de perjuicios".

En mi opinión, los servicios profesionales de los abogados no son propios del mandato, salvo la defensa judicial, pues no es posible apreciar elementos de dicho contrato, por ejemplo, en la redacción de un testamento o de un contrato de sociedad, un informe en derecho u otros casos. Dichos servicios asumen a veces el carácter de mandato, de arrendamiento de servicios o incluso de arrendamiento de obra, según las circunstancias de cada caso. Ese criterio es el mayoritario en la República Argentina, en que se habla de contrato multiforme o variable. Félix Trigo Represas cita el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala D, de 12/12/1979, en el cual se dice que es imposible comprender en una sola figura las innumerables relaciones que llevan al abogado a desplegar su actividad, pues si patrocina a un cliente o si ejerce la dirección de un caso, cobrando por etapas, se aproxima al arrendamiento de servicios, al arrendamiento de obra si comprometió su actividad hasta la finalización de su cometido o si se le paga un precio total determinado, importando mandato la aceptación por su parte de un poder ( Responsabilidad Civil del Abogado, Editorial Hammurabi, Buenos Aires , 1998, pág. 119, nota 33).

Independiente de la naturaleza jurídica del contrato, cumpliéndose los supuestos de la responsabilidad contractual, esto es, existencia de una obligación contractual válida y vigente; que tal obligación no se haya cumplido cabal y oportunamente por el abogado; que se haya ocasionado como consecuencia del incumplimiento un daño al cliente, y que el incumplimiento verificado se deba a la culpa o dolo de la parte infractora, se generará la responsabilidad civil del abogado. La extensión de las obligaciones alcanza no sólo a lo que las partes directamente hayan estipulado, sino también a todo aquello que de buena fe deban ejecutar y que provenga de la naturaleza misma de la obligación (artículo 1546 del CC). Esto último permite integrar a la relación contractual los estándares éticos del ejercicio profesional. Nuestro Código de ƒtica, de 28/10/1948, parte por puntualizar en su artículo 11⁄4, lo que constituye la "Esencia del Deber Profesional", cual es defender empeñosamente, con estricto apego a las normas jurídicas y morales, los derechos de su cliente. En la Sección Tercera de dicho Código, bajo el Título de "Relaciones del Abogado con su Clientes", se destaca que es deber del abogado para con su cliente servirlo con eficacia y empeño para que haga valer sus derechos. El artículo 28, por su parte, considera como un deber ético el de reparar el daño causado al cliente, señalando que "el abogado debe adelantarse a reconocer la responsabilidad que le resultare por su negligencia, error inexcusable o dolo, allanándose a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados al cliente". Conforme a esta disposición, en fallo del Consejo del Colegio de 18/12/1953, se señaló que " falta a la ética profesional el abogado que permite que se declare abandonada una acción por mera negligencia de su parte, ya que el abogado que acepta la defensa de un juicio, es responsable de ella, contrae con su cliente el compromiso de velar con cuidado por su tramitación y debe evitar que tales hechos ocurran". En tal sentido, la circunstancia que "declarado el abandono de la acción haya ofrecido espontáneamente indemnización a su cliente devolviéndole el dinero recibido para gastos y honorarios, y el hecho de haberlo consignado a la orden del Consejo no son suficientes para exonerarlo de responsabilidad por esta negligencia, si bien atenúan, ya que revelan el deseo de reparar, siquiera en parte, el mal causado (ver otros fallos en Fanny Pardo Valencia, ƒtica y Derecho de la Abogacía en Chile, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1969). Estas normas, así como las demás que integran el mencionado Código de Ética Profesional, tienen pleno reconocimiento y fuerza legal, no obstante el hecho de haberse suprimido la tuición ética y las facultades sancionatorias del Colegio de Abogados, conforme al art. 4¡ del D.L. N1⁄4 3.621. Por regla general, las obligaciones que asume el abogado son de medios, siguiendo la clásica distinción de René Demogue, pues no se compromete a ganar un pleito por ejemplo, sino únicamente a cumplir una prestación eficiente e idónea, conforme a los procedimientos que las respectivas técnicas señalan como los más idóneos o aptos para el logro de esos fines, pero sin asegurar que se pueda obtener la finalidad última perseguida. Pero el abogado también tiene obligaciones de resultado, como cuando se obliga a redactar un contrato o un estatuto societario o efectuar una partición. La calificación dependerá en consecuencia de la labor concreta que deba asumir el profesional.

Necesidad de un seguro de responsabilidad civil
Siendo la responsabilidad civil de los profesionales un capítulo dentro de la responsabilidad civil en general, se ha dicho que no procedería exigir al abogado un grado especial de culpa, mayor que el estándar de la culpa leve aplicable en nuestro derecho. Sin embargo, en España se sostiene que el grado de culpa exigible al abogado es diferente de aquella en que incurre una persona particular aun diligente, por estar singularmente preparado para desempeñar el oficio, por lo cual responde de culpa levísima. Dado que la ley hace aplicables las reglas del mandato, de acuerdo con el artículo 2129 del Código Civil, el mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo, lo que equivale a decir que debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. Concuerdo con ello, aunque los jueces de fondo para apreciar la culpa debieran recurrir a un estándar diverso, cual es, por ejemplo, considerar el modo de actuar que adoptaría otro profesional medianamente diligente en la misma especialidad.

En definitiva, la responsabilidad civil de los abogados no es una realidad ajena a nuestro país, como pudiera creerse. Su reconocimiento es además un imperativo ético, y trátase de una materia de gran actualidad, que ha merecido la preocupación de diversas organizaciones profesionales en el mundo entero. En efecto, dado que las consecuencias y efectos de un caso de malpraxis del abogado se dan no sólo en el campo profesional y ético, sino especialmente en el campo patrimonial del profesional, y en aras de dar vigor al imperativo ético y legal de resarcir los daños causados, principio contemplado en nuestro Código de ƒtica, algunos colegios profesionales, junto con diseñar mecanismos de prevención y de gestión del riesgo de malpraxis profesional, han impuesto la necesidad de que los abogados cuenten con un seguro de responsabilidad civil, como una herramienta valiosa y eficaz en aras de evitar el riesgo patrimonial involucrado.

El nuevo Código Deontológico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, vigente desde 1/10/2000, y que recoge las normas del Código Deontológico Europeo de Noviembre de 1998, aprobado por el Conseil Consultatif des Barreaux Européens, máximo organismo representativo de la abogacía ante la Unión Europea, dispone en su artículo 21 que el abogado deberá tener cubierta, con medios propios o con el recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuantía adecuada a los riesgos que implique. Dispone asimismo que el abogado que preste servicios profesionales en otro Estado de la Unión Europea deberá cumplir con las disposiciones relativas a la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil profesional
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