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Revista Nº 21
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Explosión Normativa
En mis tiempos de estudiante de la Universidad de Chile -desde mucho antes y creo que hasta el día de hoy- el artículo 8º del Código Civil proclamaba que "nadie podrá alegar ignorancia de ley después que ésta haya entrado en vigencia." Por su parte, el artículo 6º del Código Civil español señala que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". La mayor parte de las legislaciones de los países contienen disposiciones de similar tenor. Y es que la ley -ya lo sabemos- se presume conocida por todos.

En algún artículo anterior he tenido la oportunidad de referirme a la explosión demográfica experimentada por la profesión de abogado. Con ser colosal, no es comparable a la que denomino explosión normativa y que se ha vivido en España en los últimos veinticinco años. Me explico.

La transición de un régimen autoritario a uno democrático de libertades, que comienza a finales de 1975, se desarrolla fundamentalmente en la sociedad, pero tiene un reflejo importante y automático en el plano legislativo. La filosofía del entonces presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, mentor del Rey y auténtico forjador de la transición, don Torcuato Fernández - Miranda, fue "ir de la ley a la ley a través de la ley". Lo que se llamó la "reforma" en oposición a la "ruptura".
El proceso culmina en 1978, cuando en diciembre de ese año se promulga la Constitución Española. La Constitución es contraria, evidentemente, a muchas de las normas jurídicas vigentes a la fecha y que, por tanto, quedan en situación de inconstitucionalidad e inaplicabilidad y, fundamentalmente, exige la promulgación de nuevas normas que van regulando los fenómenos sociales de siempre y los que van surgiendo como nuevos. Puede decirse sin temor a equivocarse que se ha renovado, con excepción de algunos preceptos vigentes y propios del Derecho Privado, aún regidos por el Código Civil del siglo XIX, prácticamente la totalidad de la legislación española.

De un estado confesional se ha pasado a un estado laico: se ha regulado el divorcio, se ha legislado sobre el aborto, la igualdad de los hijos matrimoniales y no matrimoniales, los derechos de las parejas no casadas, las parejas del mismo sexo, y sobre la objeción de conciencia, la multipropiedad, las telecomunicaciones, la firma digital y sobre muchos fenómenos cuya regulación antes parecía impensable. Parece que todo ha cambiado: el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la regulación de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, el sistema electoral, el juicio por jurados, la organización del Poder Judicial, los arrendamientos urbanos, la regulación de la nacionalidad y de la extranjería -con toda la polémica levantada-, toda la legislación fiscal y tributaria, por supuesto, el Estatuto de los Trabajadores y la legislación social, los Colegios Profesionales, el Servicio Militar, la propiedad horizontal, la adopción, las cooperativas, la competencia y cientos de otras disposiciones. Sólo el índice de las normas aprobadas desde 1975 ocupa casi un metro de anaquel en mi biblioteca.
Además, y algo muy importante, la Constitución Española crea las llamadas Comunidades Autónomas. Su artículo 143 dispone que "las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica, podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas.". El artículo 148 transfiere a las Comunidades Autónomas competencias legislativas en veintidós tipos de materias distintas que van desde carreteras, puertos, agricultura, monte, pesca, ferias, artesanía, museos, cultura, enseñanza, turismo, deporte, asistencia social y sanidad, hasta la organización de sus instituciones de autogobierno.

Las Comunidades Autónomas, en uso de esas facultades legislativas y de hecho sobre las materias que la Constitución les atribuye como de su competencia, legislan permanentemente. Por fortuna, con ámbito de aplicación sólo con efecto en la respectiva región. Pero son 17 entes produciendo legislación sobre algunos temas esenciales en nuestras vidas, tales como la salud, la educación, la cultura, la economía.

Y como si esto no fuera suficientemente preocupante -desde el ángulo de la proliferación normativa-, España se integra en 1986 a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, antes Comunidad Económica Europea, había sido creada en la década de los cincuenta como un ente supranacional y también con facultades normativas y para entonces había producido 30 años de legislación: el llamado acervo comunitario. España lo asume íntegro porque no tenía más remedio. Todo lo que es legislación comunitaria en 1986 pasa a tener eficacia en España. Y hay textos de normas escritos en francés, inglés o alemán de los que conseguir una traducción a nuestro idioma -ya que no hay versión oficial en castellano- a veces no es nada fácil.

Y desde 1986, la Comunidad ha seguido legislando a través del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo. Como es sabido, la normativa comunitaria es de diversa índole: el Reglamento, que tiene efecto inmediato directo y preeminencia sobre la legislación nacional; la Directiva, que obliga al Estado miembro a adaptar su legislación de acuerdo con las disposiciones que contiene y las Decisiones que también tienen efecto directo, pero ámbito particular, amén de otra clase de normas e instrumentos jurídicos. Las Directivas obligan a su transposición y si no, en ciertos casos, pueden ser invocadas directamente contra el Estado. El conjunto de Disposiciones da vértigo.

Y mientras tanto, el Estado sigue legislando. Hace poco, me decía un ilustre jurista, el conocimiento general de la ley había dejado de ser una presunción para pasar a ser un sarcasmo
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