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Revista Nº 21
CONTRAPUNTO
 
La "Píldora del Día Después"
Por Gonzalo Figueroa Y.
Abogado
Profesor de Derecho Civil Universidad de Chile

¿Es su utilización y comercialización contraria a las normas y principios constitucionales y legales del ordenamiento jurídico chileno?
La pregunta se formula a nivel estrictamente jurídico y debe ser contestada a ese mismo nivel, sin interferencias ideológicas que puedan llevar a confusiones. La Constitución (art. 19 N1⁄41) y el Código Civil (art. 75) señalan que "la ley protege la vida del que está por nacer", por lo que resulta imperioso determinar primeramente quién es este sujeto protegido. No cabe duda que los espermios y óvulos desprendidos del cuerpo que los produce pertenecen al mundo de los objetos y no de los sujetos de derechos: son susceptibles de propiedad y de hecho se enajenan (sea por compraventa, sea por donación). En muchos lugares del mundo existen bancos de gametos donde las parejas infértiles pueden adquirirlos para una futura fertilización. Igualmente pertenece al mundo de los objetos de derechos el embrión obtenido "in vitro", al cual no llega la protección constitucional o civil, puesto que no puede ser considerado "el que está por nacer".

El ordenamiento chileno entiende que "el que está por nacer" empieza con la implantación del embrión en la pared uterina, y tan sólo desde ese instante empieza la protección legal. En efecto, todos los tipos de aborto que contempla nuestra legislación penal presuponen una mujer embarazada, esto es, una mujer en cuyo œtero se ha producido ya el fenómeno de la implantación de un embrión (véase los arts. 342, 343 y 344 del C. P.). Parece obvio que una mujer que pierde un óvulo fecundado en el trayecto desde las trompas de Falopio, por no haberse anidado, no se encuentra embarazada ni puede ser objeto del delito de aborto.

La misma exigencia de implantación en las paredes del œtero contienen los art. 75 y 77 del C.C. El primero se refiere a la criatura que la madre "tiene en su seno", y el segundo habla del niño que "está en el vientre materno". Los términos "tiene" y "está", así en presente, indiscutiblemente exigen que el embrión ya esté anidado.
En consecuencia, en cualquiera de los tres efectos que puede producir la "píldora del día después", su utilización y comercialización no resulta en absoluto contraria a las normas y principios constitucionales y legales de nuestro ordenamiento, puesto que en ninguno de ellos se atenta contra un embrión anidado

¿ Puede decirse moral o legalmente que la "píldora del día después" es abortiva?
Un jurista no puede entender por "aborto" sino aquella conducta específicamente tipificada como tal por la ley penal. Le está vedado extender el término más allá del tipo. Ya señalé que nuestro Código Penal exige que la mujer se encuentre embarazada para que pueda ser objeto de aborto. Si el legislador quisiera castigar la destrucción de un embrión "in vitro", podrá prohibirlo penalmente (cosa que no ha hecho), pero la acción prohibida no podrá entenderse técnicamente como un aborto.

En consecuencia, no atentando la píldora en cuestión contra un embrión ya implantado, no puede ser considerada legalmente como abortiva.

¿ Corresponde que la autorización de su comercialización sea materia de una simple resolución administrativa?
No existiendo en relación con el uso de esta píldora ningœn impedimento constitucional, penal o civil, estimo que ni siquiera es necesaria una resolución administrativa: la "píldora del día después" puede ser adquirida y utilizada libremente por quien se encuentre en la necesidad de hacerlo.

Por Hernán Corral T.
Abogado
Profesor de Derecho Civil
Universidad de Los Andes

¿ Es su utilización y comercialización contraria a las normas y principios constitucionales y legales del ordenamiento jurídico chileno?
En la medida en que el Levonorgestrel (LNG) no sólo actœa como anticonceptivo de emergencia sino también como antianidatorio, al impedir que la criatura humana ya concebida pueda continuar su desarrollo en el seno materno y causando así su destrucción, nos parece manifiesto que el producto atenta no sólo contra los valores y principios constitutivos de nuestro Estado de Derecho sino contra normas expresas y categóricas. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y encarga al legislador proteger especialmente la vida del concebido, sin hacer discriminaciones sobre la etapa de desarrollo en la que se encuentre (art. 19 N1⁄41). Jurídicamente el hecho de la anidación no tiene ninguna relevancia respecto del status de sujeto de derecho del concebido. El Código Civil dispone expresamente que son personas todos los individuos de la especie humana cualquiera sea su desarrollo cronológico (art. 55). No es justificable que se interprete la expresión "que está por nacer" dejando fuera a los embriones concebidos in vitro o no implantados. Ni Bello al redactar el Código Civil y disponer que el juez podrá tomar, incluso de oficio, todas las providencias convenientes para proteger la existencia del "no nacido" (art. 75), ha limitado de esa forma la protección del concebido ni tampoco lo ha hecho el constituyente que elevó a rango constitucional dicha protección. Para desechar la arbitraria exclusión de los seres humanos concebidos no implantados, debería ser determinante una mirada desapasionada al sistema internacional de derechos humanos, que perentoriamente declara el deber de proteger la vida "desde la concepción" (Pacto de San José de Costa Rica, art. 4.1) y que propicia que, ante decisiones en las que confluyen intereses contrapuestos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño, el cual debe ser amparado tanto antes como después del nacimiento (Convención de Derechos del Niño, art. 3 y Preámbulo).

¿ Puede decirse moral o legalmente que la "píldora del día después" es abortiva?
La discusión actual sobre si hay o no aborto antes de la implantación del embrión (o sea en los seis o siete días posteriores a la fecundación) se construye sobre un equívoco lógico. Si se parte por definir "aborto" en relación con "embarazo" y este término, a su vez, se redefine diciendo que se inicia sólo con la implantación, cae como consecuencia natural que no hay aborto en el embrionicidio anterior a la anidación. Pero la argumentación está viciada: se está induciendo la respuesta adecuando las premisas. Lo decisivo es si la píldora es o no un producto que causa la muerte de una criatura humana viviente. La evidencia científica señala que ése es el efecto que se produce si la fecundación ya ha tenido lugar (cfr. Obstet. Gynecol. 84, 1994, pp. 266-271). Además, entre nosotros siempre se ha entendido que es sujeto pasible del delito de aborto el niño no nacido, desde el mismo instante de la fecundación. Sobre esto hay constancia clara en las actas de la Comisión Redactora del Código Penal: "desde el momento en que el feto tiene un principio de existencia, hay en él germen de un hombre y el que lo destruye se hace reo de un gravísimo delito" (Acta de la sesión 159»). Por ello, dice Raimundo del Río "técnicamente, tal delito de aborto comete la mujer que ingiere una substancia abortiva al día siguiente de la fecundación...." (Derecho Penal, 1935, t. III, p. 282). En igual sentido, Alfredo Etcheberry (Derecho Penal, 1965, t. III, pp. 89-90) y Gustavo Labatut (Derecho Penal, 1983, t. II, p. 126).

¿ Corresponde que la autorización de su comercialización sea materia de una simple resolución administrativa?
Dada la amenaza para el hombre que implica el fármaco, es indudable que una mera resolución administrativa no es suficiente para legitimar su uso. Tal resolución, al permitir un atentado a derechos humanos básicos, debe ser considerada inconstitucional y nula de derecho pœblico. Es desconcertante la conducta de la autoridad sanitaria que autoriza el uso masivo de lo que, repitiendo la frase del genetista Jerôme Lejeune para la píldora RU 486, es un verdadero "pesticida humano"
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