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Revista Nº 20
TEMAS
 
Colegiación: ¿Voluntaria u Obligatoria?
Por Nielson Sánchez - Stewart

He regresado recientemente de Chile, donde pasé tres semanas viendo amigos y recordando buenos y viejos tiempos. Ahí pude apreciar que la preocupación que tenemos acá en España sobre la "explosión demográfica" que se está produciendo en la abogacía -de entre los muchos problemas que aquejan nuestra profesión- también es compartida.

Me explicaban que había a lo menos treinta facultades de Derecho y que estaban jurando ante la Corte Suprema alrededor de sesenta abogados cada mes, o sea dos cada veinticuatro horas. Y que, para mi sorpresa, no se sabía cuantos abogados habría en Chile, pero que se temía que fuesen más de diez mil. Y que, como todo el mundo sabe, la colegiación seguía siendo voluntaria.

En España, en cambio, si bien se comparte el temor ante el cambio que para nuestra profesión está produciendo la incorporación cada vez más numerosa de licenciados en Derecho, que muchas veces se dedican a esta profesión sin auténtica vocación y solamente porque el mercado laboral no les ofrece otra salida en otras actividades, se avanza a pasos agigantados hacia una colegiación, ya no sólo obligatoria, sino además, œnica. Unica, en el sentido que, incorporado a un Colegio de Abogados -que como ya tuve oportunidad de explicar, tenía base fundamentalmente provincial, uno por provincia, más los de partido judicial-, se podrá ejercer en toda España.

Al no existir el título de abogado como tal y que, por supuesto, no confiere el Estado porque no hay nada que conferir, a diferencia de Chile, se es abogado sólo y œnicamente cuando el licenciado en Derecho se incorpora como ejerciente a un Colegio de Abogados. Veo en este sistema una supervivencia hasta nuestros días de la institución de los gremios. Está pues en manos de los abogados decidir quiénes son abogados, facultad que desempeñan sólo dentro del marco estrictamente legal ya que no puede denegarse ni particular ni generalmente la incorporación a los Colegios, salvo que el solicitante no cumpla con los escasos requisitos que se le exigen: mayoría de edad, título de licenciado o doctor en Derecho, falta de antecedentes penales, nacionalidad española o comunitaria o dispensa de ese requisito, y pago de cuota. Y también está en manos de los propios abogados, debido a las facultades disciplinarias de los Colegios - y siempre con control jurisdiccional-, decidir quiénes por su conducta deben dejar de serlo.

En principio, yo no soy partidario de aquello que sea obligatorio, por muy bueno que sea. Me gustaría, sólo por eso, que como un desiderátum, la colegiación fuese voluntaria. Con todo, en estos tiempos que vivimos, de falta total de solidaridad y de -por qué no decirlo- falta de visión de futuro ya que parece que sólo importa el presente, mucho me temo que si en España la colegiación fuese voluntaria, a poco andar desaparecerían los Colegios o quedarían confinados a unas especies de casinos provincianos donde se reunirían los viejos del lugar para contar hazañas y jugar a los naipes. Así es que hay que tragarse los principios y defender la colegiación obligatoria.

El problema en España, gracias a la intervención de un abogado magnífico al que echo de menos alrededor de una vez a la semana, es puramente teórico. Me estoy refiriendo al anterior Presidente del Consejo General de la Abogacía, don Antonio Pedrol Rius. Fruto de sus trabajos fue la introducción de un artículo, el 36, dentro de la Sección Segunda "De los derechos y deberes de los ciudadanos" del Capítulo Segundo del Título Preliminar de la Constitución, que dice: "La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos". El artículo -desde un punto de vista de técnica legislativa- no parece estar demasiado bien situado, pero tiene el mérito de consagrar constitucionalmente, lo cual en España hoy es casi como decir de derecho divino, a nuestras queridas instituciones colegiales y, sin que se consagre de forma expresa la colegiación obligatoria, se vincula el ejercicio profesional al colegio profesional de manera indisoluble.

Hace algunos años el llamado Tribunal de Defensa de la Competencia, un ente que no es un tribunal sino administrativo, consiguió que se modificase la ley que impedía el ejercicio de las profesiones liberales fuera del ámbito propio. Como consecuencia de esa modificación resultó que no era necesario incorporarse a otro Colegio para llevar un pleito en el territorio de su jurisdicción: bastaba "habilitarse" abonando unos derechos al Colegio de acogida y también al de origen y al Consejo. Estos derechos pasaron a llamarse "habilitaciones". Me he encontrado a mi regreso, además, con una nueva disposición que suprime las habilitaciones y las sustituye por una simple comunicación por la cual nada se puede cobrar. El problema es mucho más importante de lo que aparece a primera vista.

Hay algunos Colegios -Málaga, por ejemplo- que son normalmente de acogida, de inmigración. Hay otros que son de origen, de emigración. También, las habilitaciones eran una importante fuente de financiación de los Colegios, especialmente de los pequeños. Por ello y salvo medidas que se arbitren a toda prisa, desaparecerán algunos Colegios y, entre los demás, se establecerán reñidas competencias para estimular la incorporación a los mismos, en detrimento de otros. Los tiempos que se nos avecinan serán de todo, menos aburridos.

Parece, pues, que los Colegios profesionales son como los matrimonios que, a su vez, son como los trenes: los que están abajo quieren subirse y los que están en el tren, desean apearse.
 
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