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Revista Nº 20
TEMAS
 
Pena de Muerte
Por Luis Ortiz Q.

Como es sabido, la pena de muerte es un tópico radical y polémico, no exento de cargas emocionales que muchas veces empañan un razonamiento frído y científico que permita llegar a conclusiones objetivas indiscutibles.

Conviene recordar que la legislación penal y de justicia militar de nuestro país, desde la dictación de los respectivos códigos, reconoce expresamente la pena de muerte como la más grave de las sanciones que puede aplicar el Estado en el ejercicio de su potestad punitiva, aun cuando cabe agregar, en el transcurso del siglo pasado, especialmente en su segunda mitad, que el ímpetu de las doctrinas abolicionistas permitió disminuir significativamente el número de casos en los cuales se aplica. A la fecha, y desde la vigencia de nuestro Código Penal (11⁄4 de marzo de 1875), se ha condenado y aplicado la pena de muerte en nuestro país en 58 oportunidades, cada vez precedida y seguida de una tensa controversia acerca de su eventual legitimidad. Paralelamente, la tendencia mundial se ha ido encaminando con decisión a su progresiva supresión. Así, mientras en 1899, en vísperas del siglo XX, sólo tres Estados la habían abolido en forma permanente para todos los delitos (Costa Rica, San Marino y Venezuela), al final del siglo, sesenta y siete países habían definitivamente excluido la pena capital de sus escalas de penas para todos los delitos y catorce lo habían hecho para todos los delitos, con la sola excepción de aquellos crímenes cometidos en tiempo de guerra. Hoy en día, nuestra legislación considera la pena capital como sanción posible en treinta casos diversos, pero ninguno de ellos como pena única.

Partidarios y abolicionistas
Para sus partidarios se dice que la pena de muerte es la única justa para aquellos crímenes horrendos que despiertan una repugnancia social generalizada, pena que, de acuerdo a la teoría retributiva, tendría un fin en sí misma, al cual la sociedad no podría renunciar. Se agrega que el Estado, al eliminar al delincuente, estaría actuando en legítima defensa frente a la agresión injusta cometida por este último. Se dice, además, que la pena capital tiene un fuerte componente disuasivo a través del efecto intimidante que provoca en la población, la que, al conocer el funesto final del infractor, con alta probabilidad habrá de inhibirse en la comisión de comportamientos semejantes. Se añade que la pena de muerte refuerza subjetivamente la sensación de seguridad ciudadana, fortaleciendo la paz pública y que su abolición constituiría un mensaje desalentador, una muestra de debilidad y tibieza frente a la criminalidad.

Por su parte, los abolicionistas, apoyándose en estadísticas sobradamente conocidas, niegan el efecto de prevención general de la pena capital, niegan que en virtud de la potestad punitiva el Estado tenga derecho a privar de la vida a un ser humano, puesto que en la muerte del condenado no hay legítima defensa sino venganza, ya que la agresión del malhechor está consumada y la pena se aplica muchas veces años después del ilícito. Tampoco cabría justificarla por necesidad de prevención especial ya que, si bien es cierto que su aplicación impide por completo que el delincuente vuelva a delinquir, como es obvio, de lo que se trata es que a éste se le dé la efectiva oportunidad de resocializarse, integrándose a la comunidad como un elemento útil. Cualquier forma de readaptación presupone la conservación de la vida del condenado. Se agrega que existe una evidente incoherencia entre la supresión de ciertas penas corporales, por ser unánimemente reputadas crueles y contrarias a la dignidad humana (mutilaciones, azotes) y la mantención, en cambio, de la pena de muerte, que suprime por completo al individuo. Y a propósito de incoherencia, recordemos que se trata de una pena que se concreta a través de un atentado al bien jurídico más preciado del ordenamiento jurídico y que, de manera expresa, protege nuestra Constitución Política.

Es nuestra convicción que la preocupación fundamental del hombre medio en materia de seguridad, más que atender a una política de agravación de la sanción -y cabe recordar sobre el particular que las penas de nuestro sistema son más altas que la media que ofrece el Derecho Comparado- atiende con desazón y repudio a la impunidad en que quedan delitos graves como consecuencia de una investigación frustrada. Es la impunidad y no una supuesta tibieza en las penas la que genera indignación colectiva y una creciente inseguridad subjetiva.

Hace 237 años, Cesare Beccaria (De los Delitos y Las Penas, 1763) en relación a la pena de muerte, se preguntaba ¿"Es una pena verdaderamente útil y necesaria para la seguridad y el buen orden de la sociedad? La tortura y los tormentos ¿son justos y obtienen el fin que se proponen las leyes? À¿Cuál es la mejor manera de prevenir los delitos? ¿Son las mismas penas igualmente útiles en todos los tiempos? ¿Qué influencia tienen sobre las costumbres?" Estas interrogantes que se plantea el célebre marqués de Bonessana siguen vigentes hoy día.

Para terminar, quisiera emitir brevemente mi opinión: la pena de muerte, acorde con las actuales valoraciones morales, culturales y jurídicas, no es justa ni útil ni necesaria. Un sistema penal progresista, fundado en criterios de prevención general positiva, propio de un Estado democrático, está obligado a abolir toda forma de reacción social que atente contra la vida o la dignidad del ser humano.

En esa dirección apunta, por lo demás, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que actualmente se discute en el Congreso.
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