Una nueva arista abrió el fiscal Eugenio Campos en la indagatoria que dirige por el millonario fraude en Carabineros, que ya supera los $25 mil millones y suma 89 formalizados. Se trata de una línea de investigación que apunta a eventuales irregularidades en la homologación de cargos en la institución, por vía judicial, según lo reglado en el artículo 6° de la Ley Orgánica de Carabineros (LOC), lo que permite a estos gozar de los mismos beneficios económicos del personal uniformado.

 

El artículo establece que 'el personal civil de Nombramiento Supremo e Institucional ocupará plazas de grados equivalentes a las del personal de fila y se agrupará jerárquicamente en sus respectivos escalafones'.

 

Campos confirmó ayer la indagación de estos hechos en una arista separada de la causa principal. 'Estamos investigando esa situación', comentó. Más de 1.400 personas fueron adjudicatarias de esta homologación en los últimos 20 años, según un recurso de protección presentado -el 31 de agosto de 2016- ante la Corte de Santiago en favor de nueve funcionarios civiles, reseñando el número identificador de 73 fallos sobre esta materia.

 

'Famoso artículo 6°'

 

El ex general Flavio Echeverría, imputado como cabecilla del megafraude -en su declaración ante el fiscal Campos del 24 de marzo-, dijo que tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 'apareció el famoso artículo 6° de nuestra LOC. Ese año hubo problemas; por ejemplo, en el caso del Hospital de Carabineros, se pagó el 100% de los beneficios autorizados por el tribunal a un grupo de ex funcionarios de Carabineros por concepto de homologaciones de remuneraciones con respecto al personal operativo'.

 

Había ahí una discusión -contó el imputado-, porque en su opinión debía considerarse hasta 5 años y no todo. Después de eso, recuerda que hubo una investigación y que resultó sancionado el coronel Arnoldo Riveros, y agregó que quien 'sabía más de esto' era el mayor Nelson Valenzuela. Estos dos últimos se encuentran formalizados en la causa principal.

 

Un mes antes, el 28 de abril, Valenzuela le mencionó al fiscal Campos que 'a mí se me dio la orden de pagar todo retroactivo, yo era de opinión contraria', asegurando que trató de convencer al mando; entre ellos, al general Gordon.

 

Gordon: 'Nunca influí en nadie'

 

Echeverría declaró, en marzo, que 'dentro de ese grupo estaban familiares de algunos generales en períodos anteriores, entre otros, recuerdo a la esposa del ex general director (Eduardo) Gordon y la esposa del general Vera'.

 

A Gordon -quien encabezó la institución entre 2008 y 2011-, el investigador le preguntó por este asunto, quien explicó, cuando declaró como testigo el 26 de mayo pasado: 'Nunca influí en nadie para que se hiciera algo, esos son malos comentarios, lo que sucedió es que el artículo 6° de la LOC fue modificado durante algún período, en el cual se procedió a discutir por muchos funcionarios ya retirados el tema de 'asimilación de cargo', por lo que legítimamente las personas que se sentían afectadas por ello podrían recurrir a la vía administrativa o judicial'.

 

María del Pilar Orduña, esposa de Gordon, que ejercía como enfermera en la institución, se retiró cuando él asumió como subdirector de Carabineros.

 

Carabineros informó ayer que 'todas las acciones legales de este tipo se realizaban por la persona interesada directamente y a través de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones respectiva, para luego, dependiendo de sus resultados, acudir a la Corte Suprema'. Y agregó que 'cualquiera de estas instancias legales resolvían los recursos judicialmente, los que deben ser acatados por Carabineros'.

 

Ayer, en tanto, el fiscal Campos anunció la formalización de 21 personas, entre pendientes y nuevos imputados.