¿Debe habilitarse al Ministerio Público para investigar delitos tributarios prescindiendo de la acción del Servicio de Impuestos Internos (SII)? Esa es la discusión que se arrastra desde 2015, cuando se presentó una moción parlamentaria para abrir esa posibilidad a la fiscalía. A la fecha, la iniciativa sigue en trámite en el Congreso, en la comisión de Hacienda de la Cámara.

 

El jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, insistió en la última sesión de esta semana, en que 'debe haber igualdad (ante la ley)'; el director del SII, Fernando Barraza, recalcó que un cambio de esta naturaleza es 'inconveniente', y así ha quedado refrendado en otros países, donde se ha aprobado una legislación similar.

 

Además, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, impugnó la admisibilidad que tenía el proyecto de ley, afirmando que una iniciativa de este tipo es exclusiva del Ejecutivo, y encargó para reforzar su posición un informe en derecho a dos ex ministros del Tribunal Constitucional, Juan Colombo, quien además presidió la magistratura, y Enrique Navarro.

 

Los académicos entregaron ayer a la cartera el texto con sus apreciaciones sobre la iniciativa que se discute en la comisión. Sus conclusiones serán remitidas a los diputados que integran la instancia y al fiscal nacional, según se anunció esta semana, tras la sesión.

 

En términos generales, el informe plantea que un proyecto de ley sobre esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, del Ejecutivo. Es decir, para los ex ministros la iniciativa en discusión tiene un vicio porque surgió por moción parlamentaria.

 

Además, el mismo Tribunal Constitucional cuando revisó la norma, en 2002, estableció que la titularidad de la acción por parte del SII era ajustada a la Constitución.

 

Pero el fiscal Abbott -y distintos investigadores del Ministerio Público- piensa que esa fórmula genera desigualdades.

 

La última polémica en esta materia ocurrió hace solo unos meses. En 2014 y luego en 2015, el SII denunció penalmente o se querelló contra los representantes legales de Penta y de SQM, habilitando así a la fiscalía para investigar y formalizarlos por delitos tributarios -y otros- relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.

 

Una decena de empresas, cuyos nombres también aparecieron asociados a pagos fraudulentos en estas causas, sin embargo, tuvieron una salida distinta: el SII decidió abrirles un proceso sancionatorio ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), en busca de una multa, y sin denuncia o querella del organismo, el Ministerio Público debió abandonar sus pesquisas porque ya no podría seguir avanzando en la indagatoria.

 

Hubo críticas de la fiscalía para el servicio y a la inversa. La primera aseguraba que se dejaba fuera del ámbito penal a compañías en situación similar a las antes querelladas, el organismo fiscalizador respondía que la restitución de fondos fiscales operaba mejor por la vía de los TTA que en sede penal.

 

Discusión

Desde 2015 la iniciativa está en discusión en el Parlamento.