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Recursos para no dar información pública superan los 500 en ocho años - Fuente: El Mercurio, 22 de mayo de 2017
Ocho años han pasado desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, en abril de 2009. Desde entonces, miles de personas la han utilizado para solicitar información a las instituciones del Estado.
 
También han sido ocho años de intenso trabajo en el Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad clave para el cumplimiento de la ley. Una de sus funciones es recibir reclamos por denegación de información, tras lo cual sus cuatro consejeros deliberan una resolución que puede ser apelada, tanto por el usuario como por la institución reclamada, a través de un recurso ante las cortes de apelaciones.
 
Según el CPLT, desde 2009 los tribunales de alzada han revisado 522 causas en su contra. Raúl Ferrada, director general de la entidad, plantea que ante el aumento del uso de la Ley de Transparencia, "es probable que el número de divergencias y recursos de ilegalidad por decisiones emitidas desde el Consejo también crezca".
 
Por ejemplo, en 2016 ingresaron 110 causas, mientras que "entre enero y mayo de este año ya se han registrado 56 casos", asegura Ferrada. Añade que en 2016, el 90% de los fallos judiciales apoyó las resoluciones del Consejo.
 
La ley contempla excepciones, según las cuales se puede negar la entrega de información pública: si impide el cumplimiento de las funciones de la institución, si viola los derechos de las personas, o si pone en riesgo la seguridad del Estado o el interés nacional.
 
Según la base de datos en línea del Poder Judicial, Carabineros es la institución que lidera este tipo de recursos, con 26 en ocho años. Le siguen el Servicio Civil (20) y el Consejo de Defensa del Estado (17).
 
En el caso del Servicio Civil, las causas tienen relación con las elecciones de cargos de Alta Dirección Pública. Rodrigo Egaña, director del servicio, sostiene que la discusión fue zanjada en parte "por un fallo del Tribunal Constitucional que indicó como no conforme a la Constitución la entrega de los informes psicolaborales, en atención a que se afectaba la garantía constitucional de la vida privada".
 
Respecto de las causas por información propia, el CDE -que en algunos casos representa a entidades fiscales- detalla que entre 2011 y 2014 se interpusieron 14 reclamos "por resoluciones que imponían a este servicio la obligación de entregar determinados antecedentes, principalmente por no reconocer el secreto profesional de los abogados y la reserva respecto de todos los asuntos en que este interviene".
 
Avances en la ley
 
A la fecha se han presentado 254.189 solicitudes de información, cifra que, dicen los expertos, da cuenta de la importancia de la norma. Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes, plantea que "es bueno que las instituciones puedan exponer sus argumentos en tribunales, porque más que pedirles que no recurran, se le puede pedir a la Corte generar criterios unánimes en apoyo de la ley".
 
Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, cree relevante que la ley se amplíe al sector privado: "Hay actividades que cumplen un rol importante, pero en las que no se puede acceder a información".
 
Pedro Anguita, académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, sostiene que "el legislador debería analizar qué se pide y a qué órganos se requiere información, para que esos contenidos sean incorporados a las obligaciones de transparencia activa".
 
Excepciones Hay cuatro causales por las que las instituciones pueden negar la información. 
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