Sorpresa causó al interior del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la renuncia como consejero del presidente del organismo, Juan Ignacio Piña, que se hará efectiva el 21 de marzo. El abogado (43 años) podría haber integrado el organismo hasta cumplir 75; es decir, 32 años más.

 

La decisión fue comunicada a la Presidenta de la República Michelle Bachelet el pasado 31 de enero, y se mantuvo en total reserva por 36 días a petición del propio penalista.

 

"No quería que la noticia pudiera empañar una cuenta pública que debía mostrar sin distracciones la fortaleza institucional y los sólidos resultados del Consejo", planteó a través de una carta enviada a los consejeros, abogados, procuradores, fiscales, directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de la entidad.

 

Piña deja en dos días -este sábado 11 de marzo- la presidencia del CDE, cargo en el que estuvo por tres años. Según trascendió, realizará un posdoctorado en la U. de Navarra (España), además de dedicarle más tiempo a la docencia y retomar el ejercicio privado.

 

Al declinar su cupo en el CDE, quedará una vacante de consejero, que deberá nombrar la Mandataria. La Presidenta Bachelet tiene pendiente designar al nuevo titular del organismo.

 

La determinación de Piña fue informada a la Jefa de Estado mucho antes de los cuestionamientos que despertó la designación como consejera de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, quien fue designada en febrero.

 

De hecho, en su cuenta del 2 de marzo calificó de "injustas" las críticas a los nombramientos de consejeros.

 

En su carta a los funcionarios, Piña destacó el trabajo "codo a codo" y el compromiso. Además, sostuvo que confía en "que las próximas autoridades que asuman el desafío de dirigir la institución apoyarán decididamente la implementación del gran desafío de modernización que queda por delante, y que el fortalecimiento de la equidad interna y la carrera funcionaria seguirá siendo un objetivo estratégico del servicio".

 

"No quiere perpetuarse"

 

Consultado por la gestión de Piña, el decano de Derecho de la U. de Chile y ex consejero del CDE, Davor Harasic, la calificó como "excelente".

 

"Creo que ha ayudado a reposicionar al CDE en lo que era históricamente, y su renuncia anticipada solo confirma la calidad de Juan Ignacio Piña: no quiere perpetuarse en el cargo, y creo que hay pocas renuncias en el CDE. Es el riego de los cargos vitalicios", comentó.

 

Luis Bates, también ex consejero del organismo de defensa estatal, coincidió en evaluar positivamente su trabajo a la cabeza del CDE. "Realizó una labor razonablemente buena. Creo que desempeñó con independencia sus funciones", dijo. Agregó que en su alejamiento anticipado "no hay nada anómalo; estaba pronto a terminar en el ejercicio del cargo, que es por tres años".

 

Una opinión similar tuvo el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri: "Hizo una gran labor al frente del Consejo, y hay una diferencia entre ser presidente del CDE y consejero, y es probable que haya preferido su práctica profesional como penalista, aunque cumpla con las condiciones para ser consejero. Es litigante, a diferencia de lo que se les ha criticado a otros".

 

El antecedente de Sergio Urrejola

 

Sergio Urrejola antecedió al actual presidente del CDE en el cargo. También fue nombrado en la administración de Sebastián Piñera, en 2011, y dejó el organismo -al igual que Piña- al cumplirse su período. Eso a pesar de que podía permanecer hasta los 75 años.

 

En entrevista con "El Mercurio", en marzo de 2014, explicó que desde que fue nombrado "le comuniqué al Presidente Sebastián Piñera que mi intención era quedarme tres años. Yo acepté el cargo porque creía que podía aportar en el ámbito administrativo y gestión. Pero creo que hay personas más capacitadas que pueden aportar también en litigación. Seguiré como consejero del Colegio de Abogados y seguiré trabajando en mi estudio".

 

Los casos que ingresaron en su presidencia

 

Durante la presidencia de Juan Ignacio Piña, el Consejo de Defensa del Estado ha intervenido en los casos más bullados de vinculan a empresas con platas para la política: Penta, SQM y Corpesca, entre otros.

 

Una de las gestiones que llamaron más la atención fue cuando pidió la prisión preventiva para todos los formalizados en el caso Penta, incluido Hugo Bravo, el ex gerente general, quien tenía acuerdo con la fiscalía, con la cual estaba colaborando.

 

Explicando el criterio que emplea el CDE en estos casos, dijo en julio de 2016: "Recibir pagos adicionales para sí o para terceros, inevitablemente exige revisar que ellos no han tenido por objeto incidir en su actividad pública, sea porque en aquellos casos en que puede haber un conflicto se han inhabilitado o porque han cumplido con su deber de abstención".

 

Hace una semana, cuando el fiscal Manuel Guerra adelantó que enviaría al CDE la investigación de Exalmar, se produjo una polémica respecto de si Piña debería inhabilitarse en ese caso en su calidad de presidente del Comité Penal y en el Consejo pleno, considerando que fue Sebastián Piñera quien lo nombró en el cargo.