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Estudio encargado por el Gobierno: personas piden penas más duras para reducir los delitos - Fuente: El Mercurio, lunes 09 de enero de 2017
Hace más de un año, en noviembre de 2015, el Ministerio de Justicia publicó en Mercado Público una licitación para desarrollar el estudio 'Percepciones punitivas de la sociedad chilena'. Este fue adjudicado el 19 de enero del año pasado a la empresa GfK Adimark, la cual cobró $38.800.000. Cerca de nueve meses después, en octubre, se entregó el informe a esa cartera.
 
En el documento -que el ministerio mantuvo en reserva y al cual 'El Mercurio' accedió vía Ley de Transparencia- se indica que el fin del análisis es servir como guía ante las 'iniciativas legales en materia penal que encuentran su justificación en demandas ciudadanas, atribuyéndoles posturas punitivas respecto al combate de la delincuencia'.
 
Esta situación -continúa el texto, refiriéndose a las bases técnicas de la licitación- 'ha llevado a la implementación de políticas de mano dura o de tolerancia cero contra el delito, siempre bajo el supuesto de que es lo que la ciudadanía reclama frente al aumento de la victimización y el temor'. Sin embargo, indica que 'en Chile no existen antecedentes concluyentes al respecto'.
 
La primera conclusión luego de entrevistar a 1.928 personas en todo el país es que la delincuencia es considerada como el principal problema del país, con un 49%. Esto concuerda con lo mostrado en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2015 y las últimas encuestas del Centro de Estudios Públicos.
 
Solución: sanciones mayores
 
El estudio profundiza en cuáles son, según los chilenos, las causas del fenómeno y sus soluciones. Sobre este último punto, la conclusión es que el 54% aprueba que la delincuencia 'se debe atacar aplicando sanciones más estrictas a las personas que han cometido delito'.
 
Esta es una opinión transversal que no distingue sexo, edad, zona de residencia (urbana o rural), o si se ha sido víctima de un delito. Solo existe una diferencia al revisar el nivel socioeconómico (ver gráficos).
 
'Este enfoque prima por sobre los programas de reinserción, la mejora de las condiciones económicas y el aumento de cárceles y de dotación policial y judicial', dice un extracto del estudio. Justamente, solo el 17% estuvo de acuerdo con la opción de que para enfrentar la delincuencia se deben aplicar más planes de reinserción.
 
Además, el 29% estuvo de acuerdo en que para prevenir la delincuencia se necesitaba aumentar los recintos penitenciarios y la cantidad de policías.
 
Penas se perciben como débiles
 
Otra de las principales conclusiones a las que llegaron los investigadores es que la mitad de las personas cree que la causa de la delincuencia se debe a las 'sanciones débiles que aplican los jueces a las personas'.
 
Esto es superior a las alternativas de 'falta de preocupación y control de los padres y madres', el consumo de droga y la falta de vigilancia policial (ver infografía). 'Causas estructurales como pobreza, educación o desempleo reciben menores menciones comparativamente', señala un extracto del documento.
 
Según se indica, este resultado 'deja entrever la hipótesis de que, para la población, las penas deberían ser más punitivas'. Los investigadores, para llegar a esa conclusión, realizaron un ejercicio: compararon el porcentaje de personas a quienes se les asignaría una pena de cárcel -y lo que creen que asignaría un tribunal de justicia- en los delitos de homicidio, violación y asalto con arma.
 
En los dos primeros casos, alrededor del 95% de la población daría una pena de cárcel, pero al ser consultados sobre qué haría un tribunal, eso baja a 64%. 'Prácticamente la totalidad de la población asignaría cárcel, mientras que, ante los mismos delitos, solo dos de cada tres personas consideran que los tribunales actuarían de la misma manera', exponen. Esta diferencia se 'exacerba' en el caso de un asalto donde se amenaza con un arma: mientras el 75% asignaría cárcel, solo el 29% cree que la justicia actuaría igual.
 
Tribunales 'indulgentes'
 
El informe afirma que 'no solo existe la percepción de que los tribunales asignarían menos sanciones de prisión (...) sino que además serían más indulgentes en la misma pena'.
 
Así, sobre la gente que asignó prisión en el caso de homicidio y violación, la mayoría (superior al 55%) propuso que sea con una pena de 10 años o superior, incluso optando por la condena perpetua. Pero al consultarle qué haría un tribunal, 'la mayoría creyó que esta no superaría los cinco años'.
 
'No solo existe la percepción de que la población asignaría penas de prisión en mayor cantidad, sino que además serían más duras', dice el documento. Es más, el 36% de los encuestados cree que la pena que se debe imponer debe ser 'considerando la gravedad del delito', dos puntos más de los que consideran que debe ser para 'impedir al delincuente cometer nuevos delitos'. Solo un 9% cree que la pena es para 'rehabilitar al delincuente'.
 
91% de la muestra cree que los niveles de delincuencia en Chile son altos o muy altos.
 
84% de las personas dice que la delincuencia aumentó en el país en los últimos 12 meses.
 
38% de los hogares han sido victimizados durante los últimos cinco años. De ellos, 53% lo fue en una ocasión; 24%, en dos veces; 12%, tres, y 11%, cuatro veces o más.
 
32% de estos hogares fue víctima de un robo a la vivienda, un 29%, de robo por sorpresa, y un 28%, de robo con violencia.
 
46% de los encuestados ha estado al interior de una cárcel: un 84%, para visitar a un familiar y un 13% porque ha estado recluido.
 
 La metodología
 
El área de Estudios Públicos de GfK Adimark aplicó una encuesta nacional en hogares, basada en la metodología de la Encuesta Internacional a Víctimas del Delito, que 'consiste en describir frente al respondiente una situación en la que acontece un delito, solicitándole una sanción para el agresor'. El objetivo fue 'situar al respondiente en la posición de juez' para que decida la pena.
 
La muestra total alcanzó 1.928 casos. Un 83% de la muestra fue urbana, donde un 49% de ellos es hombre, 36% tiene entre 41 y 59 años y un 29%, entre 26 y 40. También, un 33% pertenece al grupo C3 y un 31%, al D, ambos grupos socioeconómicos con valores mayores. Un 8% fue catalogado como ABC1. 
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