En días recientes el presidente de la UDI y senador Juan Antonio Coloma ha presentado un paquete de 14 medidas antidelincuencia, las que han sido bienvenidas por parte de diversas autoridades y académicos. Lamentablemente no ha sido esa la posición de la Corte Suprema, al menos según lo expresado por su vocero sobre la propuesta de modificar el actual sistema de calificaciones de los jueces por un nuevo sistema de evaluación.

 

La propuesta, que el vocero calificó de "peligrosa" e "inconstitucional", consiste en evaluar anualmente a los jueces basándose en varios indicadores tanto cuantitativos, como el número de ingreso, sentencias, pendientes, asistencia a las audiencias agendadas, permisos y ausencias; como cualitativos que pueden ser objetivados, por ejemplo satisfacción de usuarios con el servicio prestado (no con el resultado de la sentencia), número de revocaciones de sentencias por parte del tribunal superior y el no respeto a la jurisprudencia existente. Con lo anterior se podría pensar en otros que se vinculan al desarrollo profesional de los jueces (posgrados, capacitación, publicaciones, etc.). Todos los indicadores antes mencionados recibirían distintas ponderaciones. Ello sería aplicado por un evaluador externo, un órgano de composición mixta (compuesto por jueces, ex jueces, expertos en gestión) que entregarían un informe público.

 

Además, se propone profundizar el actual esquema de bonos por desempeño institucional y colectivo para el Poder Judicial, que busca asociar incentivos económicos al cumplimiento de ciertas metas. La idea es perfeccionar dichos bonos, incorporando una variable individual donde, junto con establecerse los actuales incentivos económicos, se piense en otros, como programas especiales de capacitación. Lo más curioso de la respuesta del vocero es que considere que se pueden generar ahora "espacios de corrupción" en un sistema que impera desde hace bastantes años.

 

El que se haya calificado de "peligrosa" e "inconstitucional" la propuesta demuestra que es bastante poco lo que se quiere avanzar en esta materia. Como sabemos, nuestro actual sistema de calificaciones es decimonónico, atentatorio contra la independencia judicial interna y pilar en el surgimiento de la institución del "besamanos" como mecanismo de ascenso en la carrera judicial. El peor de los mundos. La propuesta, por lo demás, recoge buenas prácticas observadas en la experiencia internacional.

 

En efecto, ¿qué significa para una sociedad democrática que "es peligroso para la independencia del Poder Judicial que los magistrados queden sometidos a un escrutinio público?". Independiente de la exégesis que podamos hacer respecto de la frase, lo que subyace a ella es una cuestión profunda acerca del autoentendimiento que tiene la Corte de sí misma frente a la ciudadanía: los jueces no deben rendir cuenta de su labor. Lamentablemente ello no es compatible con una sociedad democrática.