El Gobierno hizo en pocos días dos de las más audaces propuestas sobre un tema en lo que va de su mandato: reformar la designación de los fiscales del Ministerio Público, llegando a sugerir la elección popular, y ampliar las facultades investigativas de las policías, otorgándoles una cierta autonomía respecto de aquél. Ojalá nos sorprendiera todas las semanas con propuestas desafiantes, lo que obligaría a debatir su agenda y no las que otros imponen.

 

La Reforma Procesal Penal implicó un cambio de paradigma de una justicia inquisitoria, en que el juez investiga, acusa y resuelve, a una en que se separa la investigación y la acusación del acto de juzgamiento, modelo que es el único que se ajusta al debido proceso, motivo por el cual el primero no existe en ningún país civilizado.

 

En la separación de funciones se creó el Ministerio Público, que tiene la tarea de dirigir en forma exclusiva la investigación criminal y de acusar al imputado ante el tribunal, instando para que se le castigue.

 

Para darle autonomía, se concibió un complejo sistema de designación y remoción de los fiscales. En esta última decide la Corte Suprema a petición del Presidente, la Cámara de Diputados o 10 de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

 

El problema es que la corte no puede entender esto sino como un proceso judicial. Así, cuando un grupo de diputados pidió la remoción del fiscal regional de La Araucanía por no evidenciar logros en los centenares de atentados que han sufrido agricultores de la zona, luego de un extenso proceso, ella dijo que no se configuraban en derecho tales causales. Cuando en realidad se trataba de decidir sobre la calidad de la gestión y la eficiencia, lo que ciertamente debe ser ponderado en otra instancia, no en la judicial. Y ahora que se habla tanto de democracia directa, entregar esa decisión a los votantes merece algún análisis.

 

Lo más discutible es la interpretación que se hizo del concepto "dirigir exclusivamente la investigación", porque dirigir no es hacerla, que es lo que sucede hoy. Lo cierto es que los abogados no recibimos ninguna formación sobre investigación criminal y los policías sí. Pero no sólo eso; ellos están en la calle y saben cómo acontecen las cosas.

 

En Estados Unidos la investigación la hace la policía, que depende de la autoridad administrativa, a la que la ciudadanía le carga la falta de control de la delincuencia. Los fiscales pueden investigar, y eventualmente lo hacen, pero el foco está en ser contrapeso. La investigación policial tiene que cumplir estándares o de lo contrario no se lleva a proceso, porque sería rechazada por los tribunales. Definir eso sí es la especialidad de los abogados. Y como todos esos actores son electos o dependen casi siempre de una autoridad electa, vaya que están los incentivos para que cada cual haga las cosas lo mejor posible.

 

Lo que no puede seguir sucediendo es que con tanta frecuencia los fallos digan en casos complejos que el Ministerio Público no pudo acreditar la responsabilidad del imputado. O se investigó o litigó mal; peor aún si fue ambos. Por eso, lo que hay que hacer es "pastelero a tus pasteles".