Diario El Mercurio
Sábado, 29 de octubre de 2011
Opinión
En la medida en que el Gobierno impone su tesis de llevar las demandas sociales al terreno del orden público, los problemas políticos se judicializan, al igual como ha ocurrido con tantos otros en los últimos años , un síntoma más de la mala calidad de nuestra política. En el "combate por el orden", al igual que antes en "la batalla contra la delincuencia", el "garantismo" judicial es un escollo mayor para el Gobierno, pues sus enfáticos cañonazos mediáticos corren el riesgo del ridículo, si en los tribunales se moja la pólvora, como ocurrió ya en el caso Bombas. No es de extrañar entonces que La Moneda haya decidido emitir fuertes mensajes a los jueces para tratar de que sean más severos. El vocero los llamó a colaborar, aplicando la ley con el mayor rigor posible. El ministro de Justicia puso la sustancia, advirtiéndoles que el modo en que fallaran este tipo de causas incidiría en sus promociones. Desde el Poder Judicial se enarboló, como siempre, la bandera de la independencia, se acusaron presiones y se invitó a evitar el hostigamiento. El Presidente dijo que pedía a los jueces lo mismo que todos los chilenos, "desde lo más profundo de sus corazones": que aplicaran todo el rigor de la ley en contra de los delincuentes. En cuanto a presiones, aseguró respetar la independencia judicial, pero dijo sentirse con el derecho de pedirles que hicieran su mejor esfuerzo por "ganar esta batalla". El Presidente tiene derecho a elegir y a promover a los jueces, de entre una lista que confeccionan los propios tribunales, que deben considerar la antigüedad y el mérito. Entre los pocos propuestos, el Mandatario es libre para escoger, salvo para la Corte Suprema, en que participa el Senado. Es parte del poder que un Presidente obtiene por la legitimidad de las urnas, y si lo tiene es precisamente para que, por su intermedio, las mayorías puedan incidir en nombrar a jueces más proclives a ciertos valores jurídicos que a otros. Patricio Aylwin fue celoso en revisar el historial de los candidatos en casos de derechos humanos, y Frei examinó su disposición a la reforma procesal penal. En eso, este gobierno no me merece críticas, explicita sus criterios, a los que tiene derecho, en vez de ocultarlos en el velo cínico del mérito. Otra cosa es exhortar a los jueces a unirse a un combate. Aun hoy, el prestigio judicial paga caro haber aceptado, hace más de 35 años, la invitación a combatir al marxismo. Puede que el costo de los jueces sea aún mayor que el de los propios uniformados, y hay razones para ello, pues la judicatura, por definición, no está llamada a tomar parte de ninguna batalla. La defensa del derecho es el reino de la razón, no el de las armas. En él no caben combates ni propósitos absolutos, pues todos deben ser ponderados. El Gobierno no se equivoca al entender que las inclinaciones y valores de los jueces son tan decisivos como la letra de la ley. Tampoco al pensar que la política puede influir en los criterios judiciales. El mejor ejemplo es el de los derechos humanos: sin que cambiara una letra de la ley, los jueces pasaron desde el rechazo a las peticiones de amparo a la condena de los mismos actos que antes habían calificado de inventos y propaganda. Eso lo logró la política. La política, pero no los empellones. Para ello fue necesario demostrar primero que los derechos humanos sí estaban en el "fondo del corazón" de la gente y entonces cambió la judicatura, que es independiente, pero no impermeable a los valores que se muestran duraderos y dominantes. El Presidente, por la vía del nombramiento, tiene derecho a incidir en los criterios de los jueces. Su debilidad, cuando los exhorta en materias de delincuencia y de orden público, es que no resulta claro que interprete fielmente "el fondo del corazón" de todos los chilenos, al que los jueces sí terminan por inclinarse. La arena del combate en el que ahora el Gobierno quiere trabarse vuelve así porfiadamente al centro de la política: a la misma y vieja batalla por la opinión pública. Jorge Correa Sutil |