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Fortalecer el Ministerio Público por Xavier Armendáriz, Decano Facultad de Derecho Universidad San Sebastián
Diario La Tercera
Domingo, 7 de agosto de 2011
Opinión
 
 
En forma recurrente voces del Ministerio Público (la Fiscalía Nacional, entidades gremiales de sus empleados y voceros de la Asociación de Fiscales) han planteado la necesidad de fortalecer la institución. Se señala que la entidad ha llegado a su punto máximo de rendimiento e incluso se ha hablado de un probable colapso.
 
Estos planteamientos han insistido en dos ejes para robustecer la función de persecución penal: crear una fiscalía para delitos de alta complejidad de alcance nacional y aumentar la dotación de personal. A ello puede agregarse que el proyecto original de fortalecimiento del Ministerio Público contempla como áreas adicionales una relativa al control de las suspensiones condicionales y otra a dar vida a un nuevo modelo de atención a víctimas y testigos.
 
 
La idea de una fiscalía para delitos complejos parece concitar consenso, dada la necesidad de especializar el control del crimen organizado u otras manifestaciones delictivas de difícil persecución y, por ello, se observa que su existencia es común en organismos semejantes en el extranjero.
 
 
Las solicitudes de aumento de personal se han basado en razones cuantitativas, destacando el incremento del número de causas ingresadas o que el promedio de ellas en relación a los fiscales es muy superior a la medida internacional, argumentos que son efectivos, pero que deben considerarse con cuidado. Esto, pues los números pueden no reflejar aspectos relevantes de la realidad, como la desigual carga de trabajo entre distintas fiscalías (que para nada depende sólo de cuántas causas atienda) o que la operación de dividir cantidades de causas por fiscal es simplista, dado que el Ministerio Público concentra la atención de cerca del 80% de su ingreso en unidades de tramitación masiva que ocupan a pocos fiscales (menos del 20% del total de dotación). Lo anterior teniendo especialmente presente que la solicitud de aumento de personal es considerable (del 25%, según lo expuesto el martes desde la Fiscalía Nacional, que significa 166 nuevos fiscales y 837 funcionarios).
 
 
Es por ello que el fundamento de la solicitud de aumento de personal puede complementarse recurriendo a parámetros de gestión y, en especial, de resultado, cuya exposición y explicación permitirían terminar de convencer a la comunidad sobre la necesidad de materializar el plan de fortalecimiento institucional. Además, esta labor permitiría, de paso, contar con información relevante al momento de decidir el destino de la eventual nueva dotación.
 
 
En resumen, parece lógico dar espacio a lo solicitado, pero también el asociarlo a un compromiso de logro de objetivos específicos de mejoramiento de su labor. No puede olvidarse que si bien el mayor problema del sistema penal pareciera ser el disminuir las brechas de impunidad, la sola acción de los fiscales es insuficiente, pues debe asociarse a las labores de la policía. Potenciar su trabajo común es todavía una tarea pendiente.
 

 
 
Xavier Armendáriz
Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad San Sebastián
 
 
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