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Práctica profesional y acceso a la justicia por Pablo Fuenzalida Cifuentes, Profesor de Profesión Jurídica de la Universidad de Chile
Diario El Mercurio
Lunes, 20 de junio de 2011
Opinión
 
En 2008, la Corporación de Asistencia Judicial de la RM publicó una investigación cuyo objetivo era conocer e identificar las principales fortalezas y debilidades del servicio prestado por los postulantes, a través de una encuesta aplicada a 106 postulantes que habían aprobado la práctica profesional y 80 abogados tutores. El 51% de los tutores evaluó el estado de ingreso de los postulantes en aspectos técnicos y motivacionales apenas como suficiente para realizar su práctica. En cuanto a los conocimientos jurídicos de los candidatos, el 87% de los tutores consideró que se encontraban preparados en menos de un 70% de lo requerido, mientras que un 32% señaló que este porcentaje era menor al 50%. Los postulantes ratifican lo anterior en cuanto consideran que sus mayores aportes son el compromiso con el patrocinado (32%) y la responsabilidad en asistir a consultorios y tribunales (30%), relegando el conocimiento jurídico a solo 9%. El estudio afirma que existe un desconocimiento general sobre en qué consiste y las funciones a desarrollar en la práctica. Si bien la muestra es pequeña, estos resultados dan cierto sustento a la preocupación que durante la última década y año tras año la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y algunas universidades manifiestan sin consensuar solución alguna.
 
Con todo, la reflexión que me interesa hacer dice relación con la eliminación de la práctica profesional por un sistema de acceso a la justicia profesional. Nadie puede negar que para las personas de escasos recursos una reforma en este sentido sea la única manera real de garantizar la igualdad ante la ley en un conflicto legal. Sin embargo, desde el punto de vista de la formación de los futuros abogados, su eliminación sin un sistema de reemplazo puede aparejar consecuencias nefastas, precisamente para todos aquellos usuarios que no califiquen para ingresar al nuevo sistema y que tendrán que contratar a un abogado del cual apenas conocerán su título de tal.
 
Chile mantiene el modelo europeo de acceso a la profesión de abogado, el cual disocia el grado académico, otorgado por las universidades, del título profesional, otorgado por la Corte Suprema previo a reunir otros requisitos ajenos a la formación universitaria, entre los cuales destaca la práctica. Antiguamente, la práctica se realizaba en los consultorios del Colegio de Abogados de tal forma que existía un mayor nexo entre la profesión organizada, las universidades y la judicatura. Detrás de este modelo subyace la idea de que las universidades no tienen por fin formar técnicos en leyes, respetando su autonomía universitaria y la diversidad de perfiles de egreso ofrecidos. Esa segunda etapa de formación de destrezas principalmente está en manos de los colegios de abogados, de privados con supervisión del Estado o de este último. Al entregar competencias y destrezas comunes, debidamente examinadas como requisito previo a la habilitación profesional, esta segunda etapa permite un acceso más igualitario para los futuros clientes de todo abogado.
 
El mismo estudio muestra que un 20% de los tutores cree que pese a la mala preparación, los conocimientos de los postulantes mejoran durante la práctica, y un 73% cree que ésta debe contener elementos formativos. Estos números debiesen llamar la atención de la autoridad en cuanto, pese a toda su precariedad, la práctica profesional de alguna forma cumple un cometido formativo. Antes de duplicar las falencias de ciertos planteles por la vía de entregarles a las universidades la responsabilidad de la formación práctica de los futuros abogados, es necesario reflexionar acerca de si el modelo vigente es perfectible (53% de los postulantes reclama por infraestructura y equipamiento, siguiendo un 19% por apoyo económico) y cuál debe ser el rol del Estado en todo esto, especialmente cuando confiere una serie de reservas constitucionales y legales respecto de cargos públicos y actuaciones que deben necesariamente ser ejercidas por abogados.
 
 
Pablo Fuenzalida Cifuentes
Profesor de Profesión Jurídica
de la Universidad de Chile
 
 
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