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La ética del abogado por Carmen Luz Parra
Diario La Tercera
Miércoles, 8 de junio de 2011
Opinión
 
Las noticias son estimulantes: pronto tendremos por primera vez en la historia del Colegio Profesional de Abogados, el más antiguo de Chile, a una mujer como presidenta. Además, se anuncia que a partir del 1 de agosto entrará en vigencia un nuevo reglamento disciplinario, que contempla la creación de un Tribunal de Etica integrado por consejeros y abogados colegiados.
Soplan vientos de cambio para el gremio. Ello demandará una tarea importante de difusión del nuevo Código Etico, de manera tal que también los ciudadanos tengan conocimiento de las nuevas conductas y del procedimiento disciplinario que permitirá sancionar las faltas a la ética en el ejercicio de nuestra profesión.
 
No obstante, sería deseable que entráramos de una vez y sin demora en el debate frontal de la cuestión. Esto, toda vez que las iniciativas mencionadas suponen una mejora en el estado actual de la jurisdicción ética, pero solamente sobre aquellos abogados que se encuentran debidamente colegiados. Conviene al lector -que no es ni colegiado ni abogado, pero sí potencial usuario de este servicio profesional-, conocer algunos detalles.
 
Los colegios profesionales, que se remontan a la antigua Roma, son reconocidos en nuestra Constitución Política de 1925: el primero en ser creado es el Colegio de Abogados (1925), posteriormente el Colegio Médico y luego el Colegio de Dentistas de Chile (1948). Por entonces, la afiliación aparecía como obligatoria, garantizando la tuición ética amplia sobre los profesionales.
Curiosamente, el Acta Constitucional de 1976 consagraba la posibilidad de que -por ley- se exigiera la colegiatura obligatoria a quien ejerciera una profesión universitaria. Esta propuesta fue eliminada en el proyecto definitivo del texto constitucional, que fue finalmente sometido a plebiscito en el año 1980. Por otra parte, en 1981, el DL 3621 suprimió la colegiatura obligatoria de tipo profesional y el control disciplinario que estas organizaciones ejercían.
 
La Constitución ha planteado una dicotomía entre la libertad de asociación versus la filiación obligatoria, quedando en franco detrimento esta última. La superpublicitada reforma constitucional de 2005 traía consigo una modificación al artículo 19 número 16 (en relación con la libertad de trabajo), facultando a los colegios profesionales para conocer de las reclamaciones que se interpongan ante ellos relativas a la conducta ética de sus miembros. Dicha reforma señala que los profesionales no asociados a esas instituciones deberán ser juzgados por tribunales especiales.
 
Este nuevo escenario pudiera dar la impresión de que las libertades de asociación y de trabajo se ven atenuadas en este punto a la luz de la reforma constitucional. Sin embargo, el ciudadano solamente puede reclamar sobre los no colegiados ante los tribunales según las reglas generales, en desventaja frente a su contraparte letrada. El Colegio de Abogados ha dado el ejemplo, pero mientras la colegiatura sea voluntaria, a los no afiliados se les hará responsables únicamente en la medida en que el legislador asuma su tarea.

Carmen Luz Parra
 
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