El libro "Políticas de prevención de delitos en la empresa", de los profesores Gustavo Balmaceda Hoyos y Rodrigo Guerra Espinosa, aborda un problema que, en la actualidad, es de suma relevancia en nuestro país. Me refiero al hecho de que la prevención de los delitos, o al menos de cierta clase de delitos, ya no corresponde exclusivamente a la autoridad, sino que también a quienes desarrollan una actividad económica organizados a través de una persona jurídica. Toda actividad económica genera ciertos riesgos, los cuales pueden ser de distinta naturaleza. 

 

Por lo mismo, quienes realizan tales actividades saben que deben gestionar estos riesgos, ya sea adoptando medidas para contrarrestarlos, en la medida de lo posible, o incluso tratando de evitar aquellas prácticas cuando sus consecuencias puedan ser especialmente gravosas y no se dispongan de los medios para controlarlas. Es evidente que los riesgos deben gestionarse de acuerdo a su naturaleza, así, por ejemplo, será muy distinto adoptar medidas para afrontar riesgos financieros o riesgos de defraudación por parte de los integrantes de la misma empresa, que adoptar medidas para controlar riesgos operacionales (que pueden provenir incluso de fenómenos naturales). 

 

Todo aquel que gestiona un negocio se encuentra familiarizado con esta clase de riesgos. Sin embargo, en nuestro país existe muy poco conocimiento técnico acerca de cómo se contrarrestan los riesgos de incumplimiento de la ley (el términocompliance justamente dice relación con esta clase de riesgos) y, específicamente, aquellos asociados a las eventuales conductas delictivas que puedan derivar de la actividad que desarrolla la empresa. Este es justamente el mérito del libro en comento, que pretende introducir en esta problemática a quien efectúa (o pretende efectuar) labores de gestión o prevención de riesgos penales en la empresa.

 

El libro comienza, a mi juicio en forma muy correcta, sosteniendo que la prevención de delitos debe ser entendida en todo caso como una de las políticas corporativas más importantes de la organización. Esto quiere decir que tan relevante como pueden ser las políticas corporativas dirigidas al cumplimiento de los objetivos económicos de la empresa, deben ser tenidas aquellas dirigidas a limitar la forma como se pueden conseguir los mismos. Por eso la relevancia actual de instrumentos como los Códigos de Ética o de Conducta a través de los cuales se busca delimitar el marco de acción de quienes actúan en nombre de la empresa a un comportamiento permitido por el Ordenamiento Jurídico. En forma también correcta se sostiene que tal política debe estar encaminada a generar un verdadero cambio cultural dentro la organización. Lo que se pretende es que los integrantes de la empresa cumplan con la Ley, no solo por las eventuales sanciones que podrían venir aparejadas por su comportamiento, tanto a ellas o a ellos mismos como a la empresa, sino que por la convicción de que cumplir la Ley es la mejor forma de llevar a cabo la actividad en particular. Por lo mismo, lo que se pretende reforzar es una cultura organizacional ajustada a Derecho. 

 

El contenido mínimo de esta política es descrito en forma adecuada por el libro comentado. De acuerdo a los autores, esta política debe responder a la realidad de la empresa de la que se trate (como manifestación de lo que se conoce como autorregulación, es decir, es la propia empresa la que está en mejor posición para detectar sus procesos o actividades riesgosas y las medidas más eficientes para gestionar el riesgo). Además, esta política debe estar adecuadamente legitimada, no solo a través de la debida autoridad sino que por medio del compromiso de todos los trabajadores, quienes deben hacerse parte del cambio cultural que ésta conlleva (se habla así de una importante característica de ésta: su democratización). Pero además, se debe propender a la eficiencia de las medidas implementadas. No se trata, en modo alguno, de un instaurar un conjunto de buenas intenciones o prohibiciones sin vocación de aplicación. Una política adecuada de prevención de delitos debe velar por un efectivo cumplimiento del sistema implementado. En este sentido el libro en comento desarrolla los aspectos básicos que tal declaración implica, así, por ejemplo, la relevancia de los procesos de capacitación y difusión de la política de prevención, los procedimientos asociados a la identificación de las actividades riesgosas que provienen de la actividad de la empresa, así como los procesos de investigación internos de la misma, la línea de denuncia y los principales órganos de vigilancia que deben velar por el cumplimiento de la política de prevención. 

 

En suma, se trata de un libro sumamente necesario para todo aquel que necesite aproximarse a la problemática de la prevención de delitos en la empresa y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.