El complejo escenario financiero que enfrenta la Editorial Jurídica de Chile tiene larga data, pero en el último tiempo ha ido intensificándose, al punto que su propia gerencia general lo describe como de una "gravedad insostenible" en un informe de 4 de marzo pasado dirigido a los miembros del consejo, quienes confirmaban con el reporte una ya antigua preocupación.

 

"Desde junio de 2012 y en lo que va de 2013 no ha sido posible pagar los F29 (impuestos) y difícilmente se podrán pagar de aquí en adelante. Esto nos deja expuestos a que nuevamente la Tesorería General de la República inicie acciones de cobranza", consigna el documento.

 

A ello se suma -según el mismo texto- la existencia de una gran cantidad de compromisos de pago vencidos y otros tantos por vencer relacionados con bancos, arriendos, impresiones, proveedores de libros, entre otros, que no podrán ser cubiertos, porque los actuales ingresos son insuficientes y la prioridad es "mantener sueldos e imposiciones lo más al día posible".

 

Por ello, para la gerencia resulta urgente adoptar una decisión, ya sea para conseguir financiamiento o para buscar la salida que "se estime conveniente", puesto que de otra forma las operaciones de la editorial se paralizarán, "siendo inviable en su giro y, por tanto, está en serio riesgo 'la continuidad de su servicio público' de editar los Códigos Oficiales de la República de Chile", reseña el informe.

 

En cuanto a los montos adeudados, un balance anterior de la misma editorial revelaba que en 2012 había un saldo negativo de $7 mil 946 millones, más una mora en el pago de impuestos de los formularios 29 y la deuda con la Tesorería que, a julio de ese año, era de $5 mil 904 millones, incluido capital, intereses, reajustes y multas.

 

El consejo

 

Pero a pesar de los números rojos, en los últimos años ha sido difícil llegar a un acuerdo respecto del cierre de la editorial al interior del consejo. La gran mayoría concuerda en que la situación actual es inviable, pero no todos creen que sea reversible.

 

Su presidente, el decano de la facultad de Derecho de la U. de Chile, Roberto Nahum, ha dicho en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo con su disolución y, en marzo pasado, rechazó tajantemente el proyecto de acuerdo del Senado que solicitaba al Presidente de la República el establecimiento de una comisión liquidadora. Mientras que para la presidenta del Colegio de Abogados y consejera de la entidad, Olga Feliú, podría continuar en funcionamiento y sin necesidad de recursos estatales como se ha planteado, pero siempre que pudiera postergarse el pago de las obligaciones tributarias. Si eso no es así, advierte, lo que procede es que el legislador tome las medidas pertinentes para que no se pierda el sello de fe pública.

 

Entre los miembros de la instancia partidarios de la liquidación está la Contraloría, representada por su titular, Ramiro Mendoza; estuvo la Corte Suprema, cuyo último representante fue el ministro Juan Eduardo Fuentes, y el ex representante del Ministerio de Justicia hasta el año pasado, el abogado Miguel Otero, quienes manifestaron en oficios al Ejecutivo y en distintas sesiones de consejo su preocupación por el tema.

 

El máximo tribunal de hecho terminó por marginarse recientemente del consejo, luego de revisar el último informe del ministro Fuentes sobre la editorial. Y no era primera vez que tomaba conocimiento del asunto, ya que a éste reporte sumaban los de su antecesor, el ministro Sergio Muñoz, quien también había dado cuenta al pleno de la mala gestión y los diversos incumplimientos de dicha empresa.

 

Así, la Corte en su resolución de 18 de marzo determinó que "ante la ausencia de motivos que justifiquen que un miembro de un órgano constitucional que ejerce funciones jurisdiccionales integre el consejo de una empresa pública que realiza actividad comercial y cuyos bienes están ad portas de ser subastados por mantener deudas tributarias, laborales y comerciales, acordó retirar a su representante".

 

Hoy el Ejecutivo -mediante el Ministerio de Justicia, que trabaja en coordinación con otras entidades vinculadas con la editorial- evalúa los distintos antecedentes disponibles antes de adoptar una decisión sobre el futuro de la empresa, pero dicha determinación apuntaría a su liquidación.

 

Hasta la semana pasada, cuando se realizó la última sesión del consejo, aún no se lograba un acuerdo para el cierre. No obstante, se ha propuesto que se entregue el nombre de la editorial a la Facultad de Derecho de la U. de Chile, la versión electrónica oficial de los códigos a la Biblioteca del Congreso y que la impresa se pueda hacer por cualquiera, previa revisión del comité de Códigos. Todo ello, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría en materia de recopilación y edición de leyes.