Tribuna
Miércoles 16 de Enero de 2013
Fomentar las donaciones con una ley única

El mundo de hoy, y más aún el del futuro, exigen, y exigirán, a las empresas que sus actividades se desarrollen en forma sustentable. Ello importa manejo responsable del medio ambiente e incluye su responsabilidad social.

Así, las empresas, organismos intermedios de la sociedad, colaboran y deben hacerlo con la labor del Estado en múltiples campos. Aparte de las contribuciones obligatorias que ellas tienen que efectuar, pueden realizar aportes voluntarios y donaciones, que permiten a los beneficiados alcanzar importantes mejoras. Así, se produce un círculo virtuoso: las personas mejoran sus condiciones de vida y ello incide en mayor bienestar social y calidad de vida y, por consiguiente, una actividad empresarial desarrollada en forma más sólida.

Según informaciones oficiales, sin embargo, el 51% de las grandes empresas no ha hecho donaciones en los últimos siete años. Cabe preguntarse por qué ocurre esto si los aportes voluntarios generan efectos benéficos para las personas que los reciben, tanto como para las empresas y, por ende, la sociedad en su conjunto.

La razón es comprensible. En nuestro país, la legislación no facilita el aporte de recursos privados para fines benéficos, por el contrario, lo mira con desconfianza. Es así que los beneficiarios de las donaciones corresponden solo a campos acotados de determinadas actividades.

Existe una complejidad de normas, de requerimientos, topes y penalizaciones que en su conjunto han frenado el emprendimiento social en Chile. Detrás de la agregación inorgánica de cuerpos normativos que se han dictado a lo largo del tiempo no existe lógica alguna, sino más bien la presión de grupos determinados unido a la falta de una política pública que facilite el rol social de la ciudadanía, sea a nivel civil o a nivel corporativo.

Como consecuencia se puede decir que nuestro país se priva de las donaciones que tanto bienestar pueden llevar a los sujetos beneficiados con ellas, considerando que las donaciones no se dirigen a las instituciones de beneficencia, sino a quienes éstas sirven.

La necesidad de una política pública sobre la materia se hace evidente e ineludible. Por ello, amplios sectores del sector civil y del sector corporativo están pidiendo que se apruebe un marco regulatorio más claro y simple, que facilite y no impida los aportes voluntarios de personas naturales y jurídicas.

Por lo anterior la CPC, la Sofofa, el Consejo Minero, CNC y Acción RSE, así como las principales redes de la sociedad civil y representantes de todos los sectores políticos, acordaron durante el 2012 que debería cambiarse el sistema vigente por una normativa facilitadora. Ello implicaría tener un régimen único, simple y armónico para la inversión en RSE y donaciones, acompañado por un equilibro adecuado entre incentivo y control, vía la incorporación de estándares de transparencia.

Consistente con ello está la labor de una mesa de trabajo público privado denominada Transparentemos, apoyada por el BID-FOMIN, Avina, y en cooperación con Chile Transparente, el Consejo para la Transparencia, la Contraloría, Ministerio de Justicia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Registro Civil, entre otros organismos públicos, y cinco redes de organizaciones de la sociedad civil: Comunidad de Organizaciones Solidarias, Voluntarios de Chile, Asong, Acción AG y Red Avina. Su objetivo es la promoción de estándares de transparencia para el sector sin fines de lucro, principalmente a través de la creación de una plataforma única y online de todas las organizaciones y proyectos sociales, incorporando en ella indicadores de transparencia.

Cabe concluir que en reemplazo del actual marco regulatorio que resulta discriminatorio y difícil de entender, se requiere de un régimen armónico, que unifique y simplifique las normativas existentes con un énfasis especial en materias de transparencia, y en la regulación de financiamiento de proyectos sociales, sea por incentivos tributarios o fondos públicos.

Existe optimismo en que este llamado de la sociedad civil, del sector empresarial y representantes del Congreso pueda lograr que las instituciones del Estado avancen con pasos más concretos hacia un régimen único que facilite el desarrollo sustentable promovido por las empresas, junto con incentivar el rol social de todos los ciudadanos.

Son estos compromisos voluntarios -y no la acción estatal obligatoria- los que nos llevarán a ser un país desarrollado en nuestros índices sociales. El incremento del producto interno bruto solo no será suficiente. Porque sin el compromiso social del ciudadano civil o de los entes corporativos, ninguno de los grandes desafíos sociales y medioambientales en Chile podrá superarse.