El 28 de junio de 2012 se dictó la ley que creó los tribunales ambientales. Dicha ley establece que entrará en vigencia el primer tribunal seis meses después de su publicación. En los hechos eso significa el 28 de diciembre del presente año.

 

La entrada en funcionamiento de estos tribunales no sólo es relevante por las competencias que tienen entregadas, sino que sobre todo porque de su entrada en operaciones depende que la Superintendencia del Medio Ambiente, otra de las instituciones de la reforma a la institucionalidad ambiental, pueda ejercer sus potestades fiscalizadoras.

 

El sistema de nombramiento de los jueces -tres titulares y dos suplentes por tribunal- es muy engorroso. El perfil del cargo es definido por la Corte Suprema, la selección general la realiza el Consejo de Alta Dirección Pública -debe elegir un máximo de ocho personas por cargo-, luego la Corte Suprema debe realizar un proceso de audiencia pública, pudiendo incluso rechazar alguno de los nombres propuestos por el Consejo, y preparar una quina por cargo que es enviada al Presidente de la República, quien debe proponer un nombre por cada cargo para aprobación del Senado.

 

Si éste rechaza dos veces consecutivas los nombres propuestos, el proceso se debe realizar en su totalidad nuevamente.

 

Sólo una vez que se nombren los jueces, es posible que ellos puedan llamar a concurso para seleccionar el resto de los funcionarios del tribunal, entre los que destacan funciones tan importantes como la de secretario, relatores y personal técnico de apoyo.

 

Hasta el día de hoy el proceso de la selección general de los postulantes en Alta Dirección Pública no ha culminado y, si fuésemos optimistas, en el mejor de los casos el proceso completo de nombramiento de los jueces acabaría las primeras semanas de diciembre, para sólo entonces poder iniciar el proceso de contratación del resto del personal.

 

Con plazos como éstos pareciera sensato que el Ejecutivo con el Congreso se pusieran de acuerdo en una postergación de algunos meses para la entrada en funcionamiento del primer tribunal, de modo que pueda permitir un proceso de nombramiento de jueces y personal tranquilo y meditado, pero que sobre todo permita a los jueces recién nombrados capacitarse apropiadamente y definir sus reglas de funcionamiento para el futuro.

 

La instalación adecuada de la última parte de la reforma a la institucionalidad ambiental es extremadamente relevante para el futuro del país, de manera que bien vale el esfuerzo de permitir que el proceso de nombramiento y capacitación de jueces se realice con el tiempo adecuado, evitando el bochorno de una instalación apresurada.