Diario El Mercurio
Martes, 6 de noviembre de 2012
Editorial
Inicia su tramitación en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para reformar el sistema registral y el archivo judicial. Hace mucho tiempo que se evidenciaba la necesidad de cambios profundos, especialmente en materia de nombramientos y de responsabilidad. Los primeros se caracterizan actualmente por su falta de transparencia, y la efectiva responsabilidad de los funcionarios depende por completo del ejercicio de las facultades disciplinarias de las Cortes, que hasta ahora no ha sido particularmente enérgico. Por eso mismo, se trata de un proyecto que ha despertado grandes expectativas, especialmente entre los usuarios, y al que -según se ha informado- seguiría un segundo en enero próximo. En esta primera etapa se aborda el sistema de nombramientos, en lo que destaca la exigencia de un examen de habilitación que los interesados en ser notarios, conservadores o archiveros deberían rendir previamente ante la Academia Judicial. Los nombramientos estarían a cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que elegiría al candidato que obtuviera mejores calificaciones en ese examen. También se contempla la división del territorio jurisdiccional del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Habría controles periódicos y una exigencia similar para quienes opten a cargos de mayor categoría. Con esto se busca asegurar que todas las personas elegibles posean un mínimo de cualificación para el desempeño de sus cargos. Además, el proyecto establece el uso del folio real en el registro de los bienes raíces -sistema que los mismos conservadores ya han venido aplicando en el otorgamiento de certificados-; confiere competencia a los notarios para realizar sin necesidad de orden judicial ciertas diligencias como las informaciones para perpetua memoria o autorizaciones para el cobro de pensiones asistenciales, y considera otras regulaciones específicas para la función notarial, entre ellas una serie de inhabilidades comunes o análogas a las que afectan a otros cargos públicos. El próximo proyecto contemplaría, a su vez, medidas para incorporar masivamente diversos mejoramientos tecnológicos, aunque muchos oficios notariales y conservadores de bienes raíces ya utilizan las ventajas, por ejemplo, del uso de la firma electrónica avanzada. Este segundo proyecto es tan necesario como el primero, pues algunas prestaciones que hoy se consideran mínimas, como la interconexión de los oficios y sus registros, y la existencia de un repositorio digital que contenga la totalidad de los datos, al parecer sólo pueden implementarse en la medida en que exista obligación legal de hacerlo. Lo más relevante será, sin embargo, conocer la forma en que se piensa fiscalizar el trabajo de los notarios y la manera en que -manteniendo su autonomía y la relevancia de su función en el sistema jurídico chileno- se consiga establecer un régimen de responsabilidades efectivo y eficaz, lo suficientemente ágil como para asegurar un estándar mínimo en el trabajo de cualquier notario, conservador o archivero del país. La función que desempeñan es muy relevante, y vale la pena mantenerla, pero debería mejorar el nivel de garantías que actualmente ofrece. La presentación de este proyecto será también buena oportunidad para que los incumbentes den a conocer el trabajo que han realizado y contribuyan desde su experiencia al mejoramiento de las propuestas, en beneficio de los usuarios y de la fiabilidad y funcionalidad del sistema en su conjunto. Es de esperar que la misma expectación que ha generado el Gobierno en torno a este proyecto, en lo que parece ser un esfuerzo bien pensado, logre impulsar tanto su estudio en el Congreso como el escrutinio público necesario para que así ocurra. |